Texto y fotos: Rosario Orellana/laCuerda
Hablar sobre violencia sexual eriza la piel. Implica revivir los testimonios de quienes decidieron romper el silencio; nos invita a repasar la historia para analizar el impacto de estos delitos cometidos durante siglos en contra de mujeres diversas; provoca reflexiones sobre las graves y brutales consecuencias de un sistema capitalista patriarcal, autor y cómplice de la violencia que al mismo tiempo construye hombres capaces de agredir sexualmente a mujeres y violar niñas; un sistema que nos necesita sumisas, divididas y en silencio para fundamentar su lógica de poder y desigualdad.
Supone buscar justicia para las mil 765 mujeres que denunciaron delitos sexuales ante el Ministerio Público (MP) entre enero y febrero de 2019; para las mil 343 niñas y adolescentes a quienes, en los primeros tres meses del año, se les practicó evaluaciones clínicas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) por violencia sexual; significa alzar la voz para proteger a las 357 niñas menores de 14 años embarazadas, producto de una violación sexual, identificadas por el Ministerio de Salud en los primeros dos meses de 2019, y por todas aquellas mujeres que no han podido ni pudieron relatar su historia.
En el informe Tejidos que lleva el alma, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) desmitifican que los agresores sigan su instinto y naturaleza masculina cuando cometen este tipo de agresiones injustificables. “Es una manifestación de poder. La intención del violador es la de dominar, degradar, humillar y someter a la víctima”, detalla el texto, donde también se explica que este sistema socioeconómico patriarcal considera nuestros cuerpos como mercancía y trinchera para librar las más crueles y destructivas batallas; además de ser una herramienta para atacar al enemigo, considerado como propietario del cuerpo de las mujeres.
Según Ada Valenzuela, feminista y directora ejecutiva de UNAMG, las cifras oficiales no reflejan la totalidad de casos existentes en el país, pero si ejemplifican “la grave situación de violencia sexual” y cómo ha sido utilizada como mecanismo de control. Esto se evidenció durante el Tribunal de Conciencia el pasado 24 y 25 de junio, donde varias mujeres compartieron sus experiencias; narraron las atrocidades cometidas por esposos, maestros, sacristanes, académicos y otros. “En diversos tiempos, momentos y espacios, hablamos de violencia sexual como un continuum, producto de una prolongada historia de despojos y violencias que hemos vivido como mujeres y como pueblos. A eso le sumamos un Estado incapaz de protegernos”, señaló Valenzuela durante la presentación de su peritaje “Estudio de la situación actual de la Violencia Sexual en contra de las Mujeres en Guatemala”.
Según las cifras presentadas por Valenzuela en su intervención durante el Tribunal de Conciencia:
El MP recibe un promedio de 29 denuncias diarias por violencia sexual.
El INACIF practicó en total 2 mil 039 evaluaciones por delitos sexuales contra mujeres entre enero y marzo de 2019.
Diariamente en el país, seis niñas menores de 14 años dan a luz un hijo o una hija producto de una violación sexual.
Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango, San Marcos, Chiquimula, Escuintla y Guatemala son los departamentos con mayor índice de casos.
Sanar desde nuestros territorios
La realidad y nuestros entornos nos obligan a meditar: ¿desde dónde entendemos y vivimos la justicia? ¿desde el sistema patriarcal que nos somete a prueba cada vez que lo denunciamos y nos descalifica por cuestionarlo o desde nuestra verdad, nuestro cuerpo?
Amandine Fulchiron, feminista y cofundadora de la colectiva Actoras de Cambio, subraya en su tesis “La ley de las mujeres: Amor, poder propio y autoridad”, la complicidad necesaria entre mujeres para reconstruirnos, sanarnos y reparar las injusticias que conlleva la violencia sexual. “Entendí […] la perversidad de la interpretación social patriarcal del crimen […] la que lo convierte en sexo deseado, la que nos culpabiliza, humilla y aísla después de haber sido violadas”, expone. La autora, asimila el propio cuerpo, el que fue “invadido, torturado y masacrado”, como el territorio idóneo para resignificar la justicia desde la transformación emocional, porque el “escenario jurídico y penal no crea las condiciones para abordar el sufrimiento y transformarlo”.
El informe de ECAP y UNAMG reafirma que las mujeres víctimas de violencia sexual en casos relacionados con el conflicto armado en Guatemala han expuesto de forma reiterada: “que más allá de encarcelar a los responsables [de los crímenes], el tema de la justicia lleva implícito el rescate de la dignidad”, porque la agresión representa también una carga social que revictimiza a las mujeres, legitimando la vergüenza, la estigmatización y el sufrimiento como condición normal para nosotras.
El caso de violencia sexual contra las mujeres de Sepur Zarco constituyó un precedente importante en la lucha por recobrar la humanidad. Fulchiron evidenció, a través de diversos testimonios, que existen inconexiones entre la sensación de justicia “y lo que los procesos jurídicos o de reparación del Estado nos ofrecen”, por lo que plantea la “ley de mujeres” como el camino para empoderarnos y sanarnos. La construcción de “caminos propios y comunitarios de justicia que respondan a la necesidad humana de revivir por dentro”.
Además, ECAP y UNAMG en el informe Tejidos que lleva el Alma y Amandine en su estudio, citan el trabajo realizado por Liduvina Méndez en 2007, “Justicia para las mujeres actoras”, donde revela que el proceso para aliviar las heridas de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de guerra, pero aplicable a todas, requiere la garantía de no repetición ni olvido.
Por su lado, Valenzuela hizo un llamado urgente al Estado para que se sume a los esfuerzos logrados por las mismas mujeres, y que no naturalice la violencia en contra de nosotras. Al Congreso de la República para que reasigne presupuesto a la atención de mujeres víctimas y, sobre todo, enfoque su labor en la reforma educativa con el objetivo de construir una verdadera justicia para todas.
