Alejandra Burgos / Activista feminista y defensora de Derechos Humanos en El Salvador
El resultado de las elecciones del 3 de febrero marcó un antes y un después en la historia socio-política salvadoreña. La elección de Nayib Bukele como presidente consolidó un proceso de ruptura con la alternancia bipartidista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que, de ser los históricos adversarios, pasaron a tener un enemigo común en su campaña electoral: Nayib. El hecho que este político y empresario resultara electo presidente era predecible, pues así lo señalaron numerosas encuestas. Sin embargo, que fuese en primera vuelta, no deja de llamar la atención. Hay que decirlo, el 3 de febrero no sólo venció Nayib o “la derecha”, como se dice de forma simplista, sino que ganó el descontento, la frustración y la desconfianza en los partidos políticos tradicionales, y fueron precisamente esas emociones las que Bukele logró “capitalizar” a través de las redes sociales para obtener más votantes.
ARENA y el FMLN, como partidos políticos, llegaron a estas elecciones desgastados por haberse ido intercalando su paso por gobierno y oposición en los seis períodos presidenciales pasados (1989-2019). Llegaron vinculados a casos de corrupción, sin haber podido resolver o al menos ofrecer propuestas integrales que atendieran las causas estructurales de graves problemas sociales tales como: los altos índices de violencia social, pobreza, precariedad de salud, deficiencias en educación, graves índices de violaciones a Derechos Humanos, corrupción e impunidad. Para nadie es un secreto que El Salvador es uno de los países más conservadores de América Latina y, además, uno de los más misóginos y homo-lesbo-transfóbicos.
No es casual que más de 600 crímenes de odio contra personas LGTBI permanezcan en impunidad. No es posible ocultar que cada 18 horas una mujer o niña es víctima de agresión sexual y que el aborto está penalizado de manera absoluta, al grado que ha llevado a la cárcel a decenas de mujeres en las últimas dos décadas. Y que sólo en el último año, 1,300 niñas y adolescentes resultaron embarazadas producto de agresiones sexuales o que sólo en 2018 se contabilizaron 353 feminicidios.
Es innegable, que durante los Gobiernos del FMLN (2009-2019) hubo acciones afirmativas importantes e inversiones sociales que nunca antes se habían realizado. Pero tampoco fueron avances gratuitos, sino resultado de las luchas sociales incansables. Por eso, el reto ahora frente al nuevo gobierno es cómo logramos salir de la incertidumbre que genera “lo nuevo” y las pugnas de poder que tendrá que asumir y cómo nos re-articulamos como movimiento feminista diverso, no partidario y autónomo para no perder el sentido crítico y la exigencia para que las diversas agendas y luchas por nuestros derechos no sólo se sostengan, sino que además avancen.
