Por: Silvia Trujillo/ laCuerda
Ilustración: Mercedes Cabrera
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), durante 2018 se volvió a incrementar el número de personas defensoras de derechos humanos criminalizadas y asesinadas. A finales de ese año se había contabilizado veinte muertes violentas, dos de las cuales fueron cometidas contra mujeres: Juana Raymundo, maya ixil, integrante y parte de la coordinación del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y Juana Ramírez Santiago, integrante de la junta directiva de la Red de Mujeres Ixiles. A su vez, con respecto a la criminalización, que consiste en la aplicación de un conjunto de acciones sociales, políticas y jurídicas para frenar la labor de las y los defensores, incriminándoles en delitos que no han cometido y utilizando de forma dolosa los marcos legales, la Unidad determinó que entre 2012 y el 2017 se produjeron 909 actos de esta naturaleza contra quienes defienden derechos.
Ana* es una defensora que ha sido víctima de criminalización. Tiene 47 años, es campesina indígena, nació en el mismo cantón donde actualmente vive y cursó hasta segundo de primaria. Es lideresa comunitaria y defensora del territorio desde hace más de diez años, cuando una empresa que comercializa piedras y materiales para construcción, comenzó a expoliar los recursos, a deforestar y contaminar el agua. “Llegó la minera a destruir a nuestra madre naturaleza y entonces nos reunimos, hicimos colectivos para ver el problema que se está dando ahí, porque están destruyendo no sólo lomas, sino también montañas. Entonces, están enfermando todo con la contaminación que ellos hacen”.
Actualmente, no es una, sino varias las empresas extractivas asentadas en la región, pero fue una en particular la que demandó a Ana y a otras personas por defender el territorio. “Nosotras nos levantamos porque como mujeres tenemos derecho a defender a la vida y la salud, pero nos criminalizaron, somos seis del mismo cantón, los de la empresa pusieron una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra nosotras. Y además, nos amenazaron de muerte; hay un representante de la empresa que nos dice que somos unas putas, que no tenemos que hacer, ‘indias cerotas que no tienen qué hacer´, nos grita y hay un señor de la minera que nos amenaza diciendo que en cualquier rato podemos aparecer muertas porque no nos tiene miedo. Nos ha denunciado él a nosotras”.
Ana y las demás mujeres de su comunidad han acudido al MP y a la Procuraduría de Derechos Humanos para solicitar apoyo por las amenazas recibidas y por la situación en su cantón, sin embargo, a pesar de que ha habido proceso de mediación, ellas no perciben que la institucionalidad pública les apoye.
“Ahí donde vivimos pasan muchos camiones y, como los trabajadores de las mineras ya nos conocen, yo no puedo andar afuera porque ellos me toman fotos, van así acosando, y me siento mal, me han hecho sentir mal, me da un poquito pena de salir”. Parte de la estrategia de amedrentamiento de la empresa ha sido generar conflicto entre las personas de la propia comunidad de Ana: “han puesto a algunos vecinos en nuestra contra y la gente nos dice que somos extorsionistas, delincuentes, incluso hay trabajadores de las mineras en la comunidad y ellos son los que están en nuestra contra, porque dicen que nosotros ´les estamos quitando el pan de sus hijos´, pero no es así, estamos ahí luchando por el bien para todos, estamos luchando en defensa de la vida y del territorio. No sólo que nos están matando lentamente, si no también estamos criminalizadas”.
Su futuro lo imagina luchando: “sé que soy la misma de antes y a la vez soy otra persona porque hoy sí defiendo a mi comunidad, a mi familia, a mis hijos, paro los camiones y no les tengo miedo. Seguiré luchando y como yo les he dicho: si me matan un día, que sea por el bien de mi comunidad”.
En febrero de 2019 las personas que habitan la región interpusieron una demanda contra la empresa, por extracción ilegal de recursos naturales, contaminación industrial, incumplimiento del plan de manejo forestal, cambio del uso de la tierra sin autorización, daños a la salud y contaminación a recursos hídricos. Por ahora, Ana y la gente de la comunidad siguen esperando justicia.
***. ***. ***
Durante los meses de diciembre de 2018 a febrero de 2019, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Seguridad en Democracia (SEDEM) y las Poderosas Teatro, impulsaron una investigación que permitió recoger evidencia de la forma como se criminaliza a las defensoras de derechos humanos en tres departamentos del país: Sololá, Quetzaltenango y San Marcos (occidente). Fueron entrevistadas 21 mujeres defensoras, 15 de ellas se autoidentificaron como mayas u originarias de alguno de los pueblos indígenas de la región, mientras que las otras seis lo hicieron como mestizas y/o ladinas. La mayoría de ellas lleva entre cinco y 10 años de dedicar su vida a la defensa de la vida y el territorio. Todas han vivido violencia en su contra en diferentes formas, tanto provocada por personas de su entorno, como por funcionarios públicos, así como por los propios trabajadores de las empresas extractivas que ellas enfrentan en sus territorios. La información aquí presentada hace parte de la investigación mencionada, la cual, además, será utilizada por el colectivo de teatro Las Poderosas como insumo para crear una obra de teatro que ponga de manifiesto la situación de vida y de lucha de las defensoras de derechos en el país. Dicha puesta en escena se presentará en las comunidades y departamentos donde se realizó la investigación, así como en la ciudad de Guatemala.
