En tiempos de fundamentalismos religiosos, demagogia social y propuestas de políticas públicas de “seguridad” lesivas de derechos, nosotras tenemos algunas inquietudes.
¿Por qué si en otros contextos y países han fracasado las políticas públicas de seguridad basadas en aumentar las penas, en Guatemala se vuelven a poner en agenda? Si en el concepto de seguridad ciudadana -que es al cual se debe apostar- el Estado debe proteger a la sociedad en su conjunto ¿por qué se proponen medidas que permitirán que una persona dé muerte a otra bajo la excusa de la “legítima defensa”? ¿Dónde queda la garantía de derechos humanos de esa población a la que obviamente no se le va a garantizar su derecho a la vida?
Y preguntamos además: ¿por qué se coloca en agenda la preocupación por la seguridad, pero se sigue sin responder a las innumerables quejas que se han hecho sobre los desmanes de las empresas privadas de seguridad? Solo para citar un ejemplo, según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), en 2019 estaban registradas para operar en el país 210 empresas de esta naturaleza, las mismas registraron 39 mil 315 guardias, de quienes 53 por ciento contaban con la acreditación (20 mil 861), pero los restantes 18 mil 454 (47 por ciento) aún debían cumplir con dicho proceso. Entonces ¿de qué preocupación por la seguridad se discurre cuando está claro que la opacidad en su manejo es la regla y no la excepción? Como si las numerosas denuncias por falencias cometidas en el servicio que ofrecen fuera poco, se le suman el incumplimiento de las leyes y reglamentos laborales del país. Entre 2016 y 2019 hubo 5 mil 834 denuncias radicadas en el Ministerio de Trabajo por parte de trabajadores de empresas de seguridad privada por falta de pago de salarios, inestabilidad laboral, cambios repentinos del lugar de trabajo y despidos sin pago de prestaciones.
Es más, ¿en qué lugar de las propuestas de este nuevo gobierno queda la seguridad de las mujeres? ¿Cuáles son las medidas específicas que se impulsarán para evitar que nos maten o nos violen a nosotras, nuestras hijas y nietas en nuestras propias casas? ¿Dónde se han consignado las propuestas que obligarán -por fin- a educar en el respeto a los derechos de las mujeres para que no nos sigan vulnerando en todos los espacios?
Si la preocupación fuera genuina, y basada en el paradigma de derechos humanos, se estaría pensando en ofrecer acceso a educación de calidad para toda la población, la oportunidad de acceder a servicios de salud de calidad en todo el territorio nacional, trabajos dignos y donde se respeten los derechos laborales. Pero en su lugar, se sigue ofreciendo más sangre a una sociedad que ya está harta.
