laCuerda
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2018, del total de habitantes en Guatemala, la mayoría, 51.5 por ciento, somos mujeres. Empero, si se analiza el contexto y abordamos las problemáticas y necesidades que nos aquejan específicamente a nosotras, daremos cuenta de las brechas de desigualdad, aún marcadas, en ámbitos como educación, salud, autonomía económica, sexualidad y participación política en espacios de toma de decisiones, entre muchos otros.
Según el informe “Resignificando los Acuerdos de Paz” del 2017, en el país fue hasta la década de los ochenta, aún con la sombra de una brutal guerra contrainsurgente, y el silencio instalado en el imaginario social, que algunas mujeres y feministas decidieron plantear sus demandas y retomaron procesos de reflexión y articulación; la inclaudicable lucha de organizaciones, coordinadoras y mujeres en lo individual ha logrado algunos avances, aunque debemos comprender que en cuanto a la aplicación y cumplimiento de derechos, aún enfrentamos nudos estructurales que deben desatarse mientras insistimos en la búsqueda del bien común.
En el mismo documento se hace énfasis en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, como un momento bisagra donde los derechos fueron finalmente declarados como “universales, indivisibles e interdependientes”, aportando así a la integración de las mujeres en esferas que habían sido cooptadas por hombres.
Tres años después y con la firma de los acuerdos, el Estado de Guatemala se comprometió a generar las condiciones necesarias para la equidad, la inclusión y desarrollo de las mujeres, sin embargo, hasta la fecha, las instituciones públicas no han impulsado la ruptura de esquemas que sostienen un sistema violento y de opresión, desde una visión hegemónica patriarcal.
Debemos admitir que, bajo el modelo económico en el que nos encontramos, que perpetúa los roles diferenciados, comportamientos y funciones de mujeres y hombres, la institucionalidad es necesaria. Primero para generar conciencia de que las mujeres somos sujetas de derechos, con posibilidad de construirnos desde la autonomía, potencialidades y capacidades de cada una, pero también para crear un contexto que nos garantice plenitud.
Tras muchos esfuerzos colectivos, negociaciones y pese a que dependemos de la voluntad política para la creación de institucionalidad en favor de las mujeres, desde 1996 se ha ido constituyendo un marco legal que impulsa proyectos con enfoque equitativo y contribuye en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por el Estado en la construcción de una sociedad más justa. Algunos de los avances son:
Fuente: Extracto del Informe Resignificando los Acuerdos de Paz (2017).
Resistencia permanente
Desde hace al menos dos décadas, organizaciones de mujeres junto a coordinadoras y feministas en lo individual, conformaron la Agenda Estratégica Mujeres en la Diversidad (APMD), un espacio donde se ha construido una estrategia para abordar las demandas de las mujeres a través de ocho ejes y 58 compromisos suscritos entre el movimiento y el Estado. Giovana Lemus, integrante de la Agenda, explica que por años han tenido acercamientos y diálogos con candidaturas a puestos de elección popular, para buscar garantías en el seguimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres, desde las regulaciones jurídicas nacionales e internacionales. “Nuestra resistencia siempre ha estado dentro del marco legal y acuerdos en los que el Estado de Guatemala ha suscrito”.
Actualmente se enfocan en fortalecer los mecanismos institucionales, derechos cívicos y políticos, derechos económicos, derechos laborales, erradicación de la violencia contra las mujeres, educación, derechos sexuales y reproductivos, además de discriminación y racismo, como sus ocho ejes. Lemus asegura que todo diálogo con el gobierno parte desde la consigna ni un paso atrás. “No podemos ceder porque las conquistas han costado la vida de las mujeres, mucho esfuerzo, dedicación y dificultades; todo ha sido arrancado porque no nos dieron nada”, añade.
Según la entrevistada, uno de los principales desafíos frente al gobierno de Giammatei es que las instituciones y los derechos de las mujeres, sin distinciones, sean reconocidos y respetados. “Que cualquier mujer que sienta que fue violentada, tenga una respuesta”, afirma.
Una de las propuestas del movimiento de mujeres, que se impulsó hace ya varios años, fue la iniciativa de ley 4977 con la que se pretende elevar el estatus de la SEPREM a la de ministerio y así “tener claridad de qué camino seguir en la defensa de nuestros derechos”, declara la también integrante del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM).
Sandra Morán, activista, defensora de derechos humanos y diputada 2016-2020, asevera que no contar con un órgano ejecutor siempre ha sido una debilidad, y que las alarmas siguen encendidas luego de que el actual gabinete hablara sobre su intención de reorganizar la política del Ejecutivo y disminuir las secretarías, argumentando que hay ilegalidades. “El desafío que enfrentamos todas, principalmente desde el movimiento de mujeres y feminista, es lograr que los gobiernos de turno fortalezcan la institucionalidad que se ha logrado construir” dice.
Morán explica que en la actualidad todos los proyectos dependen de la voluntad política, en tanto una de las posturas del movimiento es apelar a que las regulaciones legales “se mantengan, se fortalezcan y actúen en función de los derechos humanos de las mujeres, su protección y su ampliación”. Sin embargo, manifiesta que “Alejandro Giammatei y el gobierno en conjunto, continúa en el marco de una agenda conservadora y fundamentalista donde las iglesias evangélicas pentecostales tienen poder”, situación que se traduce en nombramientos para las diferentes entidades y en acciones de posicionamiento de sus propios planteamientos políticos y proyectos, alejados de las demandas del movimiento.
También hace hincapié en que debemos defender la institucionalidad y prestar atención “sobre todo, a en las políticas públicas y a los instrumentos concretos con los que el Estado deberá dar continuidad al avance en materia de derechos”.
Para ello, Hilda Morales, ex Procuradora Adjunta de Derechos Humanos, asegura que se debe “retomar la Política Nacional en Derechos Humanos cuya vigencia finalizó en 2015, hacer un diagnóstico de la situación actual y traducir las acciones en realidades”. En ese sentido, visibiliza que hay compromisos internacionales de protección a sectores vulnerables que no se han cumplido, como el resguardo a defensoras y defensores de los territorios y la vida, operadores de justicia y comunicadores sociales, que siguen bajo persecución y criminalización en el ejercicio de sus funciones.
La abogada razona que, desde su percepción, debido al “agotamiento del movimiento social por la lucha contra la impunidad y la corrupción […] se perdió el ímpetu demostrado por el movimiento de mujeres, mismo al que debemos el avance de una legislación tendiente a eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres”.
Tanto Morales como Lemus coinciden en que se debe promover las asignaciones presupuestarias para el cumplimiento de las políticas de desarrollo de las mujeres, además del apoyo integral a las instituciones como SEPREM, referente internacional para el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, entre otros.
Para otras mujeres, como Cleotilde Vásquez Lucas, Subcoordinadora del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ, es pertinente cuestionarnos sobre el impacto de estas instituciones en la vida de las mujeres. “Se rinden informes que no dan cuenta de una realidad. La violencia, el nivel alto de analfabetismo, principalmente en el área rural; el poco acceso a empleo, la migración…todo esto impide el pleno goce de nuestros derechos”, destaca.
Vásquez considera fundamental que el Estado reconozca los aportes de las mujeres en el ejercicio democrático; teniendo en cuenta que prevalece una cultura machista que ha provocado un deterioro gradual en el marco de la legislación, sugiere un frente común de las mujeres que atienda los intereses de todas, dentro de la diversidad.
Desde la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapan Jalapa (AMISMAXAJ), Gilberta Jiménez una de sus representantes, puntualiza que los desafíos del gobierno giran en torno a la seguridad, soberanía alimentaria, oportunidades laborales y participación en espacios de toma de decisión, “se sigue aceptando lo que digan los hombres y que ellos tengan la última palabra”, señala.
También Ana López, abogada maya y exdirectora ejecutiva de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), plantea que las instituciones en defensa de los derechos de las mujeres “son resultado del trabajo que se ha realizado desde el movimiento social, por lo que es necesario seguirlas defendiendo y exigirle al gobierno que respete la autonomía de las mismas, para que respondan y realicen sus funciones según los acuerdos gubernativos de su creación”. López insiste en que el presidente debe fortalecer, mediante designación o presupuesto, el funcionamiento tanto de la SEPREM como de la DEMI para poder trabajar en la coordinación, asesoría, facilitación e implementación de las políticas nacionales de promoción de las mujeres guatemaltecas”, concluye.
Medidas apropiadas
El movimiento de mujeres y feminista, en el informe sombra de 2017 (Sobre el Cumplimiento del Estado de Guatemala a la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer-CEDAW), ratifica que las corrientes conservadoras en Guatemala han representado un retroceso significativo en la institucionalidad, incumpliendo sus obligaciones y compromisos para la promoción y desarrollo de un grupo históricamente excluido.
Demandaron, entre muchos otros puntos:
- Elevar a la SEPREM a un Ministerio de la Mujer y crear una ley específica de la DEMI para fortalecer su mandato y darle sostenibilidad.
- Garantizar el cumplimiento de las leyes, políticas públicas y planes nacionales relativos al fortalecimiento de los mecanismos para el avance de las mujeres.
- Garantizar el acceso a la justicia a las niñas, adolescentes y jóvenes brindando atención con calidad y calidez, priorizando las diversidades sexuales, étnicas, etarias e idioma.
- Modificar la Ley Electoral de Partidos Políticos y que se tome en cuenta la paridad y alternancia horizontal y vertical para garantizar la plena participación de las mujeres, en igualdad de oportunidades en la oferta electoral.
- Despenalizar el aborto, para reducir la mortalidad materna.
- Prevenir embarazos en niñas y adolescentes, maternidad temprana y forzada, uniones tempranas y matrimonios forzados.
- Modificar las leyes y políticas públicas para que respondan a las identidades de las mujeres mayas, xinkas, garífunas y afrodescendientes, reconociéndolas como sujetas de derechos en todos los ámbitos.
En resumen, se hace evidente que la institucionalidad que requerimos debe ir más allá de abrir espacios de participación para las mujeres, en realidad se debe eliminar las estructuras que han sostenido este sistema de desigualdad, proponiendo una transformación profunda en distintos ámbitos, contribuyendo a la conformación de nuevas formas de organización donde el cuidado de la vida sea el centro de todo.
