Suman varias décadas desde que las esperanzas de cambios sociales en Guatemala quedaron resquebrajadas. El golpe mayor fue en 1954, cuando el presidente Árbenz se vio forzado a dimitir, dejando al pueblo en manos de militares sin escrúpulos y de una clase dominante retrógrada y mezquina. El sueño de la Guatemala democrática quedó convertido en una pesadilla de terror que cobró muchísimas vidas. Y las esperanzas, siempre queriendo retoñar, han sido sometidas a duras pruebas, quedando apenas rescoldos de las llamas que se encendieron con una revolución tempranamente interrumpida.
El inicio de este nuevo gobierno, encabezado por un hombre con antecedentes poco respetables, unido a la confirmación de su vocación explotadora, la enunciación de políticas neoliberales teñidas de discursos religiosos, y encarnadas en personajes de dudosa idoneidad, no hacen más que confirmar las dudas que anticipadamente surgieron con su candidatura. Hoy constatamos que estamos frente a un equipo que no tiene la menor intención de introducir mejoras en los servicios públicos, y menos de beneficiar a las grandes mayorías, carentes de oportunidades para su desarrollo. Más bien vemos, con aflicción, que el rumbo tomado puede conducirnos a mayor empobrecimiento, destrucción e impunidad.
Ante semejante perspectiva, las mujeres buscamos por nuestros propios medios, los caminos que nos puedan sacar del pozo sin fondo donde el Estado de Guatemala nos ha colocado: el de las violencias sin fin, que van desde la falta de opciones, hasta el acoso, la tortura, el asesinato. La solidaridad, el apoyo mutuo, el acompañamiento y la reciprocidad son algunas vías por donde transitamos en busca de bienestar colectivo, enfrentando grandes obstáculos, con la disposición de no seguir aguantando el malestar y convencidas de la posibilidad de superar las dificultades, para vivir mejor, no solo nosotras, sino quienes nos rodean.
El derecho a organizarnos, garantizado en la Constitución, está siendo amenazado por el actual gobierno, al aprobar una ley a todas luces violatoria que le otorga al presidente el poder de cerrar las organizaciones que considere peligrosas. Es desalentador que el jefe máximo del Estado entre con este pie al nuevo periodo, infringiendo y destruyendo los logros legales labrados por las luchas sociales para la obtención de libertades. Ese poder de destruir lo que el pueblo ha construido piedra a piedra, es un severo golpe a los acuerdos sociales, a los avances democráticos y al sentido común. Darle al ejecutivo ese poder, es reducir el ejercicio ciudadano a un acto de obediencia y silenciamiento. Permitir que, con criterios subjetivos, poco claros y mucho menos consensuados, se pueda eliminar grupos, asociaciones y proyectos, es armar de impunidad a los poderes conservadores y debilitar a la sociedad civil organizada, sobre cuyas bases debería construirse la sociedad que incluya a todas las personas, en su diversidad e independencia.
Pese a que es difícil animarse y sostenerse ante un panorama tan adverso, nosotras, como feministas, consideramos que la alegría, la rebeldía, y los deseos de cambio son vitales para seguir luchando por lo que estamos seguras que merecemos, es decir, una vida digna y sana para todas las personas, desde la niñez hasta el fin de la vida en esta dimensión.
Hoy celebramos, orgullosas, nuestro XXII aniversario dando Cuerda. Esta persistencia es muestra de que, pese a que las esperanzas están rotas, no han muerto. Aquí estamos, vivas y comprometidas con las luchas por el bien común.
