PARTE 2
Andrea Carrillo Samayoa / laCuerda
Cuándo y quién, no quiso responderlo. Hablamos poco, en realidad muy poco, no quiso darme su nombre ni estar conmigo más de diez minutos. Fue contundente y con eso bastó para saber el cómo y el por qué: “Me castigaron. Estuve aislada mucho tiempo, encerrada y eso me destrozó por dentro. Hasta ahora lo empiezo a superar, a estar feliz conmigo y a saber que soy normal, que ‘no estoy enferma ni soy una desviada mental’”.
No hizo falta hablar mucho más para saber que ella, al igual que otras tantas personas con identidades, cuerpos y sexualidades plurales y/o que se reconocen de la población LGBT, fue sometida a algún tipo de “terapia de conversión o reorientación sexual”, que hoy también, se nombra como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).
El aislamiento y encierro es uno de los mecanismos frecuentes que utilizan familiares y personas que se hacen llamar profesionales, para intentar “convertir” a quien no vive su vida bajo la norma de la heterosexualidad. Es por ello que Sandra Morán, activista, defensora de derechos humanos y diputada 2016-2020, insiste en que es importante exigir al Congreso de la República, como parte de su labor en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, que aplique el concepto de privación de libertad a quienes también están en hospitales y centros privados de rehabilitación de alcoholismo o drogadicción, porque en esos lugares muchas personas están en contra de su voluntad y son víctimas de estos “tratamientos”. “El mandato es evitar el maltrato y la tortura en los lugares de privados de libertad y se está hablando solo de los que están en las cárceles, lamentablemente esos centros no son regidos por nadie, ni siquiera por el Ministerio de Salud, no se controlan y por eso hay que poner el ojo ahí. Las atrocidades que se comenten rayan en el tema de la tortura, y son los grandes dolores que tenemos en el cuerpo y en el sentimiento”, concluye.
Tenemos los mismos derechos
Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas, afirma que “los métodos que se usan como ‘terapia correctiva’ para tratar de cambiar a los miembros de la comunidad LGBTI+ constituyen no solamente tratos crueles, degradantes e inhumanos, sino que, inclusive en algunos casos, equivalen también a actos de tortura al incluir privación de libertad, aislamiento, electrochoques, medicación forzada y toda una serie de técnicas crueles que son utilizadas para ‘corregir’ la orientación sexual”.1
El uso de estos métodos se vive por lo general en silencio, “se conoce porque las familias saben a dónde ir, pero poco se habla de lo que vivimos”, asegura en los últimos minutos de conversación ella.
Alex Vásquez, integrante de Tz’ Kat, Red de Sanadoras del Feminismo Comunitario Territorial en Iximulew-Guatemala, comenta que ha tenido la oportunidad de acompañar a diferentes personas que han sido sometidas a inyecciones de hormonas, encierro, electrochoques y círculos de oración violentos. “He encontrado muchos casos donde los padres quitan la puerta del cuarto por encargo de psicólogos para no darles la privacidad de ser; que los han encerrado por meses y que se hace una estigmatización comunitaria sobre estos cuerpos plurales, que afecta las tres dimensiones de la vida: la emocional, espiritual y física”.
Recientemente, Ahmed Shaheed, Relator Especial de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Libertad de Religión o Creencias, aseveró que mujeres y población LGBT experimentan discriminación y violencia infligidas en nombre de la religión por actores estatales y no estatales que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Instó a los estados “a derogar las leyes de discriminación de género, incluidas las promulgadas con referencia a consideraciones religiosas que criminalizan a las personas sobre la base de su orientación sexual o identidad de género real o percibida, y facilitan prácticas religiosas que violan los derechos humanos”.
En este sentido, en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala 2019, se señala con preocupación las acciones del Congreso de la República para llevar a debate final la iniciativa de ley 5272, sobre “la protección de la vida y la familia”, en tanto contiene disposiciones que despenalizarían los delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. A diciembre de 2019, según este informe, se contabilizaron 18 asesinatos de personas LGBT. Las cifras preocupan sobre todo cuando la población plural continúa siendo víctima de hostigamiento, abuso y aislamiento, incluso dentro del núcleo familiar.
Para Vásquez, las “terapias de conversión” generan vergüenza y culpabilidad, además de que representan también una violencia económica, porque las familias finalmente invierten grandes cantidades de dinero. “Significa entonces que son procesos muy violentos que se viven en soledad y que pueden llevar al suicidio. Permanentemente se está en una vulnerabilidad económica, física y espacial; espacial porque en muchos casos, les toca a las personas vivir en las calles y ahí se ven expuestas, también, a diferentes formas de violencias”.
Desde los pueblos indígenas, asegura Alex, se plantea que existe una infinita gama de expresiones sexuales, identitarias y de formas de cuerpo; “para nosotras [como Red de Sanadoras] la propuesta que existe es el tejido de la red de la vida: respetar cada cuerpo, sexualidad e identidad es respetar mi propia existencia, verme y sentirme a través de ellas. La propuesta es sanar nuestra existencia, nuestra historia, memoria y la forma de concebir nuestra existencia”, finaliza.
_______________
1. file:///C:/Users/acarr/Downloads/Nada_que_curar_2020.pdf
