Rosario Orellana / laCuerda
Desde que comenzó el estado de calamidad en Guatemala, habitantes de El Plantón y Cucajol de San Antonio La Paz, El Progreso, colocaron en el camino de ingreso a ambas aldeas un control sanitario improvisado, con el fin de impedir el tránsito de personas ajenas a las localidades y así evitar el contagio de coronavirus, sin embargo, esto provocó un enfrentamiento violento entre comunitarios y supuestos trabajadores (junto a algunos aliados) de la empresa minera Rocas el Tambor, S.A. a quienes se les negó el acceso a la zona. Cabe resaltar que en El Progreso se reportan hasta el 28 de abril, 79 casos confirmados de COVID-19, que representan el 14.18 por ciento del total registrado hasta esa misma fecha.
Según Isabel*, vecina de El Plantón, camiones cargados con materiales de construcción y picops con grupos de personas, sin protección alguna como mascarillas o guantes, intentaron atravesar la talanquera. “El 23 de abril, la policía les habló, les explicaron la situación y les pidieron que esperaran a que el presidente [Alejandro] Giammatei confirmara las nuevas medidas, pero esta gente no hizo caso y al día siguiente volvió. Les externamos la causa, el camión descargó y se fue. Luego, regresó con más personas y cuando nos dimos cuenta, venía la multitud hacia nosotros, inconforme porque decidimos sacar los camiones de las aldeas. Esto provocó que un señor, cercano a la empresa, amenazara con machete a un compañero”, relata la entrevistada.
La población del lugar está consiente que el tránsito peatonal y vehicular en función de tareas para garantizar la salud y alimentación de las personas, son fundamentales en este contexto. En contraparte las actividades extractivas únicamente benefician a las empresas, por ello los grupos locales organizados han decidido prolongar esta medida de cierre hasta que la crisis sanitaria merme, aunque temen que las amenazas trasciendan a agresiones físicas e incluso la muerte de alguna o algún defensor.
Más de una década en resistencia
Este hecho está vinculado a otra serie de violaciones a los derechos humanos que la empresa ha desencadenado en los alrededores del kilómetro 37 de la Ruta al Atlántico desde hace, al menos, 12 años, cuando se instaló en el territorio sin una consulta previa, libre e informada, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. “Siempre nos han mantenido a base de mentiras, que supuestamente dan ayuda a la comunidad con sus proyectos, la construcción de una carretera para las aldeas, pero la realidad es que nosotras no hemos visto ningún beneficio”, comparte Isabel, quien, además, advierte sobre la contaminación del agua, la apropiación de tierras por parte de la empresa y de las enfermedades provocadas por el mal manejo de residuos. “Los pozos y los ríos Los Plátanos y Las Cañas se nos están secando”, añade.
Según comunitarios, Rocas el Tambor, S.A. se ha apropiado de tierras y de los nacimientos de agua, afectando directamente a decenas de familias que no tienen acceso al líquido vital, agregan además que evade responsabilidades al mismo tiempo que construye muros sobre la carretera de acceso a El Plantón y Cacujol, custodiada por hombres armados junto a perros “guardianes” que intranquilizan la movilización de pobladores a cualquier hora.
Esta mina fue clausurada temporalmente hace aproximadamente seis años debido a inconsistencias en sus informes y falta de procesos de seguridad en el manejo de los materiales pesados. Todo esto quedó archivado y la mina está funcionando.
Desde enero de 2020, el colectivo MadreSelva está dando seguimiento a las denuncias de la población. Documentan los impactos ambientales provocados por la actividad extractiva y los daños que causan a la salud y el tejido social. “En el caso particular de las mujeres, nos hemos dado cuenta que desde que comenzó a operar la mina, muchas compañeras pierden a sus bebés y creemos que es por la contaminación del agua con cianuro, porque antes no se daba con tanta frecuencia”, señala Isabel.
Frente a la situación, personas comunitarias, lideradas por grupos de mujeres, han decidido seguir en la defensa de su territorio y la madre naturaleza porque el enemigo, el empresario privilegiado que antepone su ambición por encima de la vida y los intereses colectivos, no duerme.
*Nombre ficticio por seguridad de la entrevistada.
Fotografía de portada: Cortesía de No A La Mina
