Rosario Orellana / laCuerda
Han pasado 27 días desde que el presidente Alejando Giammattei decretó estado de sitio en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá como resultado de un conflicto territorial más complejo de lo que aparenta. En este último mes no se ha conocido, al menos, una propuesta que garantice la paz para quienes habitan en ambos municipios. Al contrario, la llegada del ejército supone nuevos riesgos y formas de sentir inseguridad en los propios territorios y la violación de los derechos humanos; así lo relata Catalina*, vecina de Nahualá y una de las ocho mujeres que hablaron con laCuerda sobre las implicaciones de esta decisión gubernamental, que consideran vulnera aún más a las mujeres. Este 25 de junio, en el diario oficial fue publicada la prórroga del estado de sitio para los siguientes 30 días.
Como si fuera poco, la situación política se adhiere a la zozobra provocada en el contexto de la pandemia por COVID-19, de la que las mujeres entrevistadas aseguran tener poca información. Hasta el jueves 25 de junio el departamento de Sololá reporta 189 casos de 15,619 del total en el país.
Sombras del conflicto armado
Implementar el estado de sitio constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y pone nuevamente en vigencia la estrategia militar que durante el conflicto armado se utilizó para despojar a las poblaciones indígenas. “Estamos regresando a los años en los que intentaron suprimir los sistemas de organización y participación”, afirma Isabel*, residente de Santa Catarina Ixtahuacán.
De acuerdo con Francisca*, del mismo municipio, las mujeres, pero sobre todo las abuelas de la comunidad, se sienten incómodas por la presencia de los militares en sus alrededores. “Mi abuela recuerda todas las masacres y violaciones que se vivieron durante la guerra”, afirma, y agrega que el ejército ha detenido arbitrariamente “a los líderes comunitarios junto a las esposas, dejando a sus bebés, niñas, niños y jóvenes al resguardo de los militares”, causando mayor incertidumbre y preocupación en la población.
Lesly* de Nahualá, coincide con el sentimiento de desasosiego y explica que la situación también conlleva un impacto económico negativo, especialmente para la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza. La mayoría de mujeres en su municipio se dedican al cultivo, sin embargo, han abandonado sus siembras por el temor que les provoca salir de sus casas y encontrarse con las fuerzas armadas. “Muchas de ellas son de edad avanzada, el conflicto les causó muchos daños psicológicos y por eso sienten inseguridad cuando se movilizan”, señala.
Por su lado, Alicia*, vecina de Ixtahuacán, afirma que en el ambiente se percibe el miedo. “Debido a la cuarentena por el COVID, no he podido hablar con muchas mujeres, pero si he escuchado de algunas decir que tienen miedo de vivir un hecho de violencia sexual”.
Catalina también subraya que la conexión entre el brutal conflicto armado y la reciente militarización en los municipios de Sololá ha causado complicaciones médicas relacionadas con el estrés, afectando principalmente a las mujeres, porque son quienes se mantienen solas en el hogar la mayoría del tiempo. “En la nueva Santa Catarina Ixtahuacán prohibieron el uso de cohetillos porque muchas al escuchar el estallido salían corriendo”, detalla Francisca. Advierte también que, debido a las disposiciones gubernamentales derivadas de la pandemia, se dificulta brindar apoyo psicológico y emocional a las más afectadas.
Foto: cortesía
Resolver 150 años de conflicto
De acuerdo con la tradición oral, durante el mandato de Justo Rufino Barrios, a finales del siglo XIX, Nahualá fue declarado como municipio autónomo, “un error garrafal” según Francisca porque “los cantones que se convirtieron en un nuevo municipio” no tenía tierras propias para lograr su separación, además los límites territoriales no fueron establecidos correctamente. Desde aquel momento comenzó la discordia.
Muchos años después, durante la emergencia del Huracán Mitch en el país, Santa Catarina Ixtahuacán sufrió un hundimiento que puso en vilo a muchas familias. Las construcciones de las casas e instalaciones comunes, como la iglesia, se agrietaron y con cada invierno siguiente el desgaste era mayor. Debido a la inestabilidad del terreno, las municipalidades negociaron que Nahualá vendiera a sus vecinos 4.5 caballerías para asentar la cabecera de Ixtahuacán. Luego de una serie de trabajos urbanísticos, en el año 2000 un numeroso grupo de familias se trasladó al kilómetro 170 de la ruta Interamericana, en La Cumbre o mejor conocida como “la nueva Santa Catarina Ixtahuacán”. Alicia reclama que la compra de estos terrenos representa una enorme equivocación de las autoridades de aquel momento y asegura que “Santa Catarina cuenta con los títulos de propiedad, títulos ancestrales y los registros catastrales. La finca que el alcalde de esos años pretendía comprarle a Nahualá en realidad nos pertenecía”.
Foto: cortesía
Por consiguiente, el estado de sitio no resolverá los desacuerdos que tienen más de 100 años de vigencia. Las entrevistadas sugieren educar a las juventudes para lograr la paz entre ambos municipios. Mencionan que los distintos diálogos se han visto empañados por intereses políticos y empresariales de los que poco se habla. “Varias familias hemos analizado la situación y no le vemos un futuro satisfactorio. No creemos que se logre una verdadera tranquilidad para los pueblos porque los alcaldes no piensan ceder”, dice Laura*, originaria de Nahualá.
Por un lado, Ixtahuacán exige la devolución de territorio mientras que Nahualá mantiene su postura y pide respeto a los acuerdos adquiridos en 1999.
En todo este tiempo se han registrado enfrentamientos y ataques entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, hechos que han cobrado varias vidas. Aunque no se tiene una cifra exacta, se puede apuntar que, vinculados a esta problemática, murieron al menos 20 personas, otras 33 resultaron heridas y siete desaparecidas, entre 2017 y 2019. En abril de este año se desató un nuevo conflicto y cinco personas resultaron heridas. Luego, en junio del año en curso y con el estado de sitio implementado, hubo disturbios en la aldea Chirijox, donde dos personas más perdieron la vida y seis fueron detenidas incluyendo al comunicador comunitario Francisco Chox, quien luego de seis días sin garantías constitucionales, recuperó su libertad por falta de mérito.
Foto: Asociación de Abogados Mayas
Tercero en discordia
El estado de sitio también incluye a Santa Lucía Utatlán, un municipio que nunca se ha pronunciado o involucrado en la disputa territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, según sus propias habitantes. Giammattei argumentó en conferencia de prensa que, según investigaciones del Ministerio Público, Santa Lucía Utatlán funciona como territorio de negociaciones y resguardo de armamento, sin embargo, hasta la fecha no se ha capturado a ningún implicado ni localizado surcos con municiones. Inmediatamente después de conocerse la noticia, la Alcaldía Indígena se manifestó en contra de la determinación gubernamental y exigió al Congreso de la República que los excluyera del estadio de sitio. “Nos tomaron de sorpresa. Santa Lucía es muy pacífico, nunca hemos tomado partido”, relata Sury*, vecina de este municipio.
Según la entrevistada, en dicho municipio también son las mujeres las más afectadas, primero por el aumento del trabajo doméstico debido a la cuarentena por la crisis sanitaria y segundo, por la militarización. “Aquí aún se vive mucho machismo, la cuarentena por el coronavirus complicó la situación de muchas y el estado se sitio triplicó los riesgos no solo en la casa sino en las calles”, asevera. “Esto se hizo evidente también en el discurso del alcalde. Dijo que los molinos de nixtamal permanecerían abiertos y que las mujeres podríamos llevar nuestras moliendas, pero nunca pensó que para movilizarnos tenemos que pasar por veredas y caminos desolados”.
En concordancia con las demandas desde los territorios de Ixtahuacán y Nahualá, las mujeres de Santa Lucía se ven afectadas económicamente por el estado de sitio. Juana*, por ejemplo, dice que las familias han dejado de trabajar sus cultivos, las labores de albañilería y la elaboración de tejidos por la tensión que genera la presencia militar.
Ambas entrevistadas señalan que Santa Lucía es un municipio organizado y que se ha opuesto a la construcción de varios proyectos extractivos, por lo que no descartan que sea la principal motivación del gobierno para incluirlos en el estado de sitio. “Hace algún tiempo nos opusimos a la construcción de dos torres eléctricas de Transportadora de Energía Centroamérica S.A. (TRECSA), pero como esta gente es estratégica tienen a dos o tres trabajadores dentro de nuestras comunidades intentando acercamientos con la alcaldía indígena y organizaciones sociales para analizar si estamos en disposición de vender nuestros terrenos”, puntualiza. “Evidentemente aquí hay intereses ocultos. Por un lado, tenemos a TRECSA y por otro el megacolector del lago de Atitlán, aunque todo esto genera dudas porque hay otros municipios en áreas de primera viabilidad”, complementa Juana.
Para ambas, las autoridades centrales en Guatemala y las municipales en Sololá “se alinearon contra la autonomía de los pueblos”, afectando las condiciones de vida de muchas familias, sobretodo de las mujeres.
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*Los nombres fueron modificados por seguridad de las entrevistadas.
