Silvia Trujillo / laCuerda
#YoDecidoQuienSoy
Las situaciones de discriminación y exclusión que viven las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se han agudizado en el contexto de la pandemia de COVID-19. No resulta fácil conocer cuáles han sido los impactos diferenciados o si ha habido un aumento de la violencia ya que la información que recogen las entidades públicas sobre la población diversa no cuenta con datos desagregados y las barreras para denunciar son más difíciles de franquear debido a la ausencia de transporte público y de mecanismos idóneos para identificar y registrar esos casos. Sin embargo, es posible saber, a partir de sus testimonios y de los datos del Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género en Guatemala, que han muerto violentamente cinco personas LGBTI durante la cuarentena y suman ocho desde enero a junio, cifras que dan cuenta de un incremento de casos con respecto a años anteriores. Carlos Romero Prieto, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala (REDNADS) y responsable del Observatorio, especificó que cuatro de dichas muertes ocurrieron en Izabal y la investigación que se lleva a cabo podría inducir a declarar las mismas, como producto de ejecuciones extrajudiciales. En el mismo departamento, se produjo el caso de una mujer trans detenida por las fuerzas de seguridad quien sufrió abusos y vejámenes en el sistema penitenciario, caso que también está bajo investigación.
La familia, violencia y confinamiento
La Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha acompañado a personas que han sido violentadas en el ámbito familiar.
Luis* tiene 15 años, cursa tercer año en el bachillerato y no se imaginó la pesadilla que iba a tener que enfrentar cuando su familia confirmó que él es gay. Sus familiares reaccionaron en su contra, la madre lloró, el tío lo regañó, la abuelita le dijo que “había muerto para ella” y el padre lo golpeó. Después de eso lo mantuvieron encerrado unos días para “corregir su error”, le prohibieron las llamadas telefónicas y lo amenazaron con expulsarlo del hogar. Finalmente, luego de varios días de violencia física y psicológica, siendo las 5 de la tarde y ya comenzado el toque de queda, lo sacaron de la casa. Las autoridades públicas al conocer su situación se comunicaron con una organización de la sociedad civil que lo acogió en su sede y posteriormente gracias al apoyo de la Defensoría fue recibido en un albergue estatal hasta encontrar una solución a su situación.
Lo mismo le sucedió a Vanesa una mujer bisexual cuya familia se enteró de su orientación sexual durante el confinamiento, ella estaba saliendo de una relación heterosexual violenta, pero cuando la familia supo sobre su orientación sexual comenzaron a amenazarla con que si no volvía con su marido le iban a quitar a su hijo. Llegaron incluso, a maltratarla físicamente.
Andrea de León Díaz, directora de Vidas Paralelas, organización de la sociedad civil de Quetzaltenango que vela por los derechos de la población LGBTI explicó que “el confinamiento ha significado un incremento de la violencia. Ha habido muchos casos y muy difíciles de llevar. Por eso, hemos tenido que incrementar el apoyo emocional porque varias compañeras han entrado en proceso de ansiedad porque se han quedado sin trabajo o porque su familia se enteró de su orientación”.
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“Quedarse en casa” no es opción
Los servicios de asistencia social que el gobierno implementó para paliar la crisis generada por la pandemia han excluido a la población LGBTI o, al menos, han intensificado las vulnerabilidades ya existentes. Al respecto, Henry España, defensor de las personas de la diversidad sexual de la PDH expresó que “la pandemia nos ha demostrado que las personas que históricamente han sido más vulneradas y sus derechos humanos han sido más violentados, son las que actualmente continúan sufriendo la mayor cantidad de violaciones a sus derechos por las medidas que se están tomando por parte del gobierno”.
En el programa de intervención para la asistencia económica temporal para personas y familias afectadas por la Covid-19 no se ha considerado a las familias diversas y el fondo de protección del empleo no se ha diseñado pensando en quienes se ocupan en el trabajo informal. Por eso, la población transgénero desempleada no ha sido beneficiada con esos recursos. Por este motivo el 29 de mayo de 2020 la PDH hizo una recomendación al Estado guatemalteco para establecer estrategias que incluyan dentro de dichos programas a la población LGBTI que se encuentra en mayor contexto de vulnerabilidad, con especial énfasis a las mujeres trans.
En el país, de acuerdo con un estudio realizado por HIVOS en 2015 viven alrededor de 5 mil mujeres trans, de las cuáles, 76 por ciento ejercen el trabajo sexual, de acuerdo con lo manifestado por Stacy Velásquez, directora de la organización OTRANS. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, muchas se han quedado sin ingresos o los han visto reducirse de manera sustancial.
Con esta percepción coincidió Andrea de León, quien explicó que “para quienes se ha empeorado muchísimo la situación es para las mujeres trans porque se han quedado sin ingreso económico y sin recursos para pagar por la vivienda o la comida. Por este motivo, algunas manifestaron que iban a dejar su identidad para ver si las contratan como albañiles, algo que para mí es muy fuerte, pero sabemos que también es por necesidad porque si no pagan donde vivir se quedarían completamente en la calle y tampoco tendrían como alimentarse”.
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¿Qué hacer?
Las fuentes citadas coincidieron en señalar que mientras dure la pandemia es importante que se respeten y garanticen el derecho de igualdad y no-discriminación de las personas para que puedan acceder a programas de atención social con enfoques pertinentes, sin embargo, explicaron que dichas medidas son paliativas y no resuelven el problema de fondo. Hicieron un llamado al Estado a asumir acciones que en el largo plazo contribuya a resolver las inequidades estructurales, que los programas sean sostenibles y respondan a las demandas, así como que se apunte a la creación de políticas públicas que apunten a resolver inequidades y contribuyan a una vida digna para las personas LGBTI.
