Con la pandemia como escenario –y como argumento- este gobierno dilata la seguridad ciudadana y retorna a operativos combinados de ejército y Policía Nacional Civil (PNC) para patrullar comunidades y permitiendo, de hecho o por omisión, que empresas de seguridad privada -que responden a los distintos proyectos extractivos- vigilen comunidades aledañas. Por distintas vías, las mujeres han denunciado dicha militarización de sus territorios en lo que para ellas constituye un grave riesgo o un estado de sitio de facto que les impide moverse con tranquilidad. Preocupa, además, que se esté apelando nuevamente a lógicas contrainsurgentes para garantizar la seguridad de las empresas en los territorios.
Desde el inicio de las medidas de contención por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Alejandro Giammattei orientó los planes sin tener en cuenta enfoques diferenciados y el despliegue de medidas para atender las vulnerabilidades específicas de niñas adolescentes y mujeres adultas. Por este motivo, no se contó – ni se cuenta aún- con una respuesta adecuada para atender al aumento de la violencia en su contra, misma que sucede tanto en sus casas como en el espacio público.
En los territorios donde se han asentados proyectos extractivos las poblaciones han quedado más expuestas aún a la seguridad de los mismos, provocando con ello que se incremente el miedo y la inseguridad, sobre todo, para las mujeres. Situación similar viven en los territorios donde desde el 30 de mayo se decretó un estado de sitio, en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, del departamento de Sololá, han aumentado los operativos y patrullajes de fuerzas combinadas de la PNC y el ejército de Guatemala en comunidades y aldeas. En ese contexto, se han producido detenciones de defensoras de derechos humanos a quienes no se les pudo probar delito alguno y fueron puestas en libertad pocos días más tarde.
En ese marco, las mujeres están encerradas, expuestas en el ámbito doméstico y en el espacio público a expensas de hombres armados, con pocas posibilidades de hacer denuncias públicas y exigir al Estado guatemalteco que contribuya a erradicar dichas prácticas porque toda la agenda política ha sido absorbida por la pandemia y las pocas medidas anunciadas no son funcionales. Esa forma de comprender la seguridad exacerba los riesgos y vulnerabilidades para las mujeres, además de activar las memorias anidadas de la violencia sexual vivida durante el conflicto armado.
