En el marco del 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas, se realizó el foro “Condiciones y retos de las mujeres indígenas en tiempos de crisis política, económica y sanitaria; el papel del Estado”. ¿La conclusión? Este grupo continúa siendo excluido aún en tiempos de crisis.
Frente al contexto excluyente, las mujeres indígenas resisten, luchan y crean.
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Francelia Solano /laCuerda
En dicho foro se habló sobre las condiciones y retos que debe afrontar ese grupo históricamente excluido. Entre las ponentes estuvo Sonia Raguay, actual diputada de la Bancada Winaq, Maria Blanca Choncosa, activista política ecuatoriana y Otilia Lux, ex ministra de cultura y deportes. Las tres abordaron el olvido del Estado en medio de una crisis sanitaria, económica y política sin precedentes.
Los programas que no llegan
Según el último censo poblacional el 51 por ciento de habitantes de Guatemala son mujeres, y los departamentos con mayor población son Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango, donde la mayoría es indígena. Pero también, las mujeres se encuentran en los departamentos del listado que tienen más pobreza y desnutrición, como Huehuetenango.
Sin embargo, no son departamentos priorizados para la ejecución del presupuesto ni para el programa social del Bono Familia. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y de Oxfam, hay 19 municipios que reciben de dos, hasta cuatro veces más beneficios comparado con el nivel de pobreza.
Por ejemplo en Jocotenango, Sacatepequez, por cada persona en condiciones de pobreza que recibe el Bono Familia, otros cuatro que no se encuentran en ese grupo reciben el dinero. En contraste hay 15 municipios en el país, en los que ni una sola persona fue beneficiaria: 3 en Quetzaltenango, 2 Chimaltenango, 2 Suchitepéquez, 2 Jutiapa, y luego 1 cada uno de El Progreso, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Santa Rosa y Sololá.
Sin enfoque que proteja a las mujeres indígenas
Es por ello que Raguay asegura que “no existe una prioridad y enfoque a favor de los pueblos indígenas ni de las mujeres indígenas desde el Estado” pues “ningún programa social está dirigido a pueblos indígenas”, mucho menos a las mujeres.
Sobre el tema Chancosa asegura que hay «una política de violencia institucional» que impide a las mujeres indígenas y a los pueblos en general, el acceso a salud y alimentación durante la pandemia.
Lux coincide, y apunta la necesidad del involucramiento de las mujeres indígenas en la política guatemalteca. «Necesitamos involucrarnos en la política para que el nuevo orden no sea dictado solo por mestizos» dice, pues asevera que «los Estados están tomando decisiones sin tomar en cuenta a las poblaciones indígenas, ni a las mujeres». Las tres coinciden en una mayor necesidad de programas de desarrollo, alimentación, salud y educación durante la pandemia.
Según el ICEFI, la inversión destinada a los pueblos indígenas en Guatemala es de 2.2 por ciento, en contraste con el 6.5 por ciento para la población ladina/mestiza.
