Nanci Chiriz Sinto / Soy Maya Kaqchikel, estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, hija y nieta de mujeres mayas. Mí accionar como sujeta política es defender Derechos Humanos, étnicos y políticos.
El confinamiento ha sido una oportunidad para fortalecer nuestro ejercicio de escribir desde lo que sentimos, observamos y leemos; desde lo que no podemos gritar en las calles (por ahora). No pretendo representar, ni apropiarme del sentir de otras. Es necesario denunciar y visibilizar lo ignorado, todos los días debemos disputarle a este sistema el poder, la palabra y hasta la verdad.
Con la COVID-19, las desigualdades, económicas y sociales de todos los países salieron a flote. En Guatemala, en especial, donde se niega el genocidio, donde las elites económicas gobiernan, estos problemas se han “mostrado” en abanico. El confinamiento en los territorios indígenas evidencia los cimientos, racista, colonial y patriarcal, del Estado-nación, fortaleciendo la relación de opresor y oprimido. Ha salido a flote la realidad de sometimiento y de represión en contra de mujeres y pueblos indígenas.
El presidente ha irrespetado el Estado laico y reproduce una figura colonial a su alrededor, haciendo creer a la población que la situación depende de dios y no de la funcionalidad de las instituciones públicas, esto, con ánimos de evitar ser cuestionado, evadir responsabilidades públicas; por cada “dios bendiga Guatemala” hay arbitrariedades y violación a los derechos humanos. Así es como se justifica la muerte, el hambre, las injusticias y el dolor de la población.
El sistema de salud en Guatemala no estaba preparado y abastecido para atender a la población, sobre todo a las comunidades de pueblos indígenas, lo cual ya era un problema estructural, esto ha provocado que poblaciones indígenas mueran.
Mientras tanto, las comadronas han sido un brazo fundamental en la comunidad y pese a ello, han sido discriminadas por el Estado aunque han estado en la primera línea de atención de embarazos y atendiendo distintas enfermedades. Es un hecho que el gobierno -en su plan de contención y prevención- debió reconocer el trabajo de las comadronas, garantizarles capacitaciones, insumos y apoyo económico para responder a esta emergencia; actualmente en las comunidades las mujeres tienen miedo de acercarse a los centros de salud por temor a contagiarse de COVID-19, esto ha hecho que la población recurra a la comadronas, movilizando sus visitas a domicilio, sin horario específico, sin transporte público y con altas probabilidades de contagio.
Cuando el presidente Alejandro Giammattei tomó medidas para contrarrestar la crisis, ordenando el confinamiento, el toque de queda y el Estado de sitio en tres municipios de Sololá (Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucia Utatlán) se evidenció el uso excesivo de fuerza con lo cual se puso en peligro la vida y cuerpos de muchas mujeres indígenas. En los territorios militarizados se ha permitido realizar distintos allanamientos y detenciones ilegales; en el caso de Ana Guarchaj Tun, defensora de derechos humanos, a quien en dos ocasiones se le suspendió su audiencia de primera declaración, maniobra dilatoria para prolongar el proceso y su criminalización, junto con su esposo. Tun permanece privada de libertad por más de 11 días después de su detención.1
También Manuela Alejandra Ajpop, defensora de derechos humanos, fue señalada de encubrimiento y dejada en libertad por falta de mérito, ya que no existían elementos que la vincularan. Asimismo, el 23 de marzo, a solicitud de las autoridades locales del municipio de San Pablo la Laguna, Sololá, se hicieron presentes militares para “proteger y salvaguardar la vida de la población”, su presencia atentó contra los cuerpos de compañeras tz’utujiles al acosarlas, agredirlas y violarlas sexualmente, así como en la guerra, en la actualidad son las mujeres quienes resultan afectadas por el abuso de poder del ejército.
Es evidente el afán del gobierno para apropiarse de los territorios, de los recursos naturales y controlar a la población. Estás restricciones también han generado la suspensión de algunos servicios públicos (como el transporte), y con ello se perjudicó también los derechos laborales de las mujeres indígenas campesinas. Ellas se trasladan por este medio a los mercados locales, estas actividades garantizan la soberanía alimentaria, de la comunidad y el abastecimiento de alimentos en todo el país. El trabajo de las personas campesinas no ha sido valorado, y se encuentran en situación de pobreza por un modelo económico de “libre mercado”. El 29 de mayo, en Quezaltenango, cuatro mujeres mayas que comercializan verduras y cuando se retiraban de su puesto, fueron detenidas y tratadas como delincuentes por no acatar el horario de cierre del mercado, hasta hoy no se sabe si quedaron en libertad, cuánto pagaron de fianza y por qué no se les consideró, pareciera que el error es salir a trabajar.
Sujetas en resistencia
Las mujeres indígenas no sólo morirán por el virus sino también por los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, en particular de agua potable. El Estado no solo ha permitido la contaminación de ríos y lagos, también ha negado el derecho universal al agua, que en estos momentos es necesaria para lavarse las manos constantemente y prevenir el virus. Las mujeres indígenas han sufrido de forma distinta la pandemia: la violencia y violaciones sexuales han incrementado, debido a que deben convivir con sus agresores en el hogar o en sus propias comunidades por el confinamiento. También están más presionadas con el incremento de las labores de trabajo en casa, de cuidado de personas vulnerables y las demandas para garantizar los alimentos diarios de la familia.
El acceso a la justicia para las mujeres indígenas no deja de ser un aparato racista, discriminador, burocrático y monolingüe, mecanismos suficientes para que las víctimas no denuncien, ¿Cómo están respondiendo las instituciones indígenas? La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y otras organizaciones como ALMG, CODISRA y FODIGUA debieran ser entes de acompañamiento, respaldo y fiscalización para que las mujeres o pueblos indígenas, durante esta pandemia, sean incluidos y no se vulnere sus derechos; es un secreto a voces que éstas han sido cooptadas y utilizadas, dejándolas sin autonomía para ejecutar, o bien garantizar la erradicación de violencia, discriminación racial y las campañas para prevenir, contener e informar a la población indígena. Estas acciones no han tenido un enfoque con pertinencia cultural. ¿Hasta dónde llega la indiferencia y mediocridad de estas instituciones? El informe de la PDH declaró “que la institucionalidad indígena está influyendo poco en los 10 programas impulsados por el gobierno durante la pandemia. Además, dijo que solo el 7 por ciento de la institucionalidad indígena no ha interrumpido sus labores completamente durante la pandemia por COVID-19”. Es decir, que una DEMI que alguna vez brindó asesoría y acompañamiento jurídico, ahora solo comparte números telefónicos en redes sociales, mientras que la Academia de Lenguas Mayas solo ha ejecutado hasta la fecha el 27.56 por ciento del presupuesto asignado para este año, y la traducción de disposiciones presidenciales ha sido apenas en 15 de los 22 idiomas mayas.2
Todo lo anterior es resultado de un racismo, colonialismo y patriarcado histórico, que se ha reinventado y reactivado durante los días de confinamiento días, esto no significa que lo normal sea que los pueblos indígenas, y en especial nosotras las mujeres indígenas, tengamos que alinearnos a las políticas de aniquilación e invisibilización que han promovido los gobiernos; más bien, es un reconocimiento a la resistencia y lucha para la vivencia/sobrevivencia.
Todos estos hechos atraviesan cuerpos de mujeres indígenas, sujetas históricas, sociales, políticas. Es necesario reconocerlas como sujetas de resistencia. Esta crisis estructural, es mucho más grande y profunda que la COV- ID-19 y puede impulsar un nuevo genocidio. La pandemia posiblemente pasará, pero lo que no se nos puede pasar es la oportunidad de replantearnos un mundo nuevo, el horizonte o hilo que ya somos dentro del universo y que nuestras abuelas y abuelos han construido, basados en la solidaridad, reciprocidad, armonía, comunidad y colectividad.
Nos toca fortalecer nuestra relación con la tierra y la naturaleza. Se puede aspirar a un nuevo modelo económico familiar y comunitario, no podemos seguir dependiendo de estados y gobiernos neoliberales.
Personalmente no anhelo la mal llamada normalidad, esa “normalidad” oprime, explota, despoja, violenta.
1. https://bit.ly/32J1PYF
2. https://bit.ly/2GmRASp
