Hoy se presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación en el caso de Bernardo Caal Xol, un líder comunitario q’eqchi’ de Santa María Cahabón, quien lleva 32 meses en prisión luego de denunciar la operación ilegal de megaproyectos que desviaban ríos y usaban sus bienes naturales sin previa consulta en las comunidades.

Foto: Colectivo MadreSelva

Francelia Solano /laCuerda

Isabel Matzir es la esposa de Bernardo  Caal, quien tuvo que viajar desde temprano para acompañar la presentación del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Según el abogado de Caal, Santigo Choc Cu del Bufete de Derechos Humanos, se busca esto debido a que “que no existe ninguna responsabilidad comprobada y que adolecen de vicios de fondo”. Agrega además que durante los juicios “no se pudo acreditar en el lugar y momentos que se cometieron los delitos”.

—“Si es una sentencia que contiene vicios, no tiene validez” asegura Choc.

Este recurso se presenta luego de que el 7 de septiembre se ratificó la sentencia de 7 años y 4 meses por los delitos de robo agravado y detenciones ilegales. Sin embargo, en esta última, a diferencia de la sentencia de noviembre de 2018, se eliminó 1 año y 4 meses conmutables.

El retardo de los casos

Foto: Colectivo MadreSelva

Matzir explica que sabe que la resolución del recurso de casación puede tardar mucho tiempo si no existe presión social para acelerar el caso. Apunta que los expedientes de criminalización, como el de Bernardo Caal, suelen tener retardos maliciosos. “No solo es Bernardo” dice Matzir quien explica que cientos de activistas están criminalizados en la cárcel junto con Caal.

El camino de este líder q’eqchi’ en busca de justicia ha sido largo. Esto desde que presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la hidroeléctrica Oxec en 2017 cuando ésta resolvió que nunca se hizo la consulta comunitaria. Pese a ello, dejó operando a este proyecto que no cumplió con este requisito legal.

—Según los comunitarios esto es como que un intruso venga a la casa, que uno ponga la denuncia y que resuelvan que efectivamente son intrusos pero que les digan ‘quédense ahí mientras miramos cómo lo resolvemos’—ejemplifica Matzir sobre el hecho que estos megaproyectos continúan funcionando.

Después de esto, en marzo 2017 se presentó una denuncia por “caso especial de estafa” en el que Caal logró mostrar todas las pruebas para salir libre. El 30 de enero del siguiente año se presentó el caso por el que actualmente Caal continúa preso.

—Ni durante el debate oral y público, ni durante la revisión hubo una sola prueba, solo testimonios contradictorios. Es un caso evidente de criminalización — asegura Matzir quien afirma que la lucha por la liberación de Caal sigue en pie.

Además, hace un llamado a ejercer “presión social para articularnos y dejar de solapar, desde el silencio, la criminalización de cientos de activistas”. Apunta que no es el último recurso, pues después de que sea conocido por la Corte Suprema de Justicia (donde se encuentra actualmente), aún queda la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Isabel relata que no quiere esperar más para que su esposo, quien es inocente, salga de la cárcel para continuar juntos la lucha por la defensa de los territorios que, como bien demuestra el pueblo de Cahabón hoy frente a la Corte, nunca se ha detenido.   

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