En febrero de este año, Carmen* denunció a quien era su jefe por abuso sexual. Durante más de 200 días, el Ministerio Público (MP) ha tenido en sus archivos ese expediente, pero el proceso apenas ha avanzado. Las abogadas defensoras denuncian la inacción del MP y el tráfico de influencias como las causas de este retardo.
Representantes de siete organizaciones civiles y la PDH denunciaron una serie de anomalías durante la investigación.
Kimberly López /laCuerda
Carmen no ha dejado de pedir al MP que avance con las investigaciones en contra de Rubén Enrique Rosales Ovalle, quien a inicios de este año abusó de ella y a pesar de lo ocurrido permanece en libertad.
La denuncia fue presentada el 8 de febrero ante una Fiscalía de Chimaltenango por los delitos de secuestro o plagio, violación y violencia contra la mujer en el ámbito público con agravación de la pena. Desde enero de este año, Rosales Ovalle había sido jefe de Carmen y, según la denuncia, tomó provecho de su posición de poder para agredirla.
Rosales Ovalle es cuñado del juez Walter Jiménez Texaj, en Chimaltenango, «y desde que inició el proceso legal se pudo notar inconsistencias, manipulación en las evidencias, tráfico de influencias y poca voluntad de las instituciones públicas de justicia», denunció esta mañana públicamente la abogada Liliann Vásquez, directora del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista.
Organizaciones como Acción Ciudadana, Asociación de Mujeres Generando Equidad (ASOGEN), Grupo de Mujeres Tierra Viva y la Procuraduría de Derechos Humanos también se sumaron a la denuncia en una conferencia de prensa para exigir al MP avances y, especialmente, garantía de un debido proceso.
También señalaron negligencia de parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) al momento de recopilar información y recoger evidencia clave para determinar la culpabilidad del acusado.
Aunque el expediente fue remitido a la Fiscalía de Mixco, por tratarse del lugar en donde ocurrieron los hechos, tampoco hay avances consistentes.
«Que no sea un caso más en impunidad»
Ante la falta de avances en la Fiscalía, Carmen solicitó a la Fiscal General Consuelo Porras, una audiencia e información sobre el caso. Además, insistió en la necesidad de que este caso no se sumara a la lista de expedientes sin resolución. Jamás obtuvo una respuesta.
Tampoco la obtuvo en sus constantes visitas a la Fiscalía de Mixco, en donde se han limitado a responder que el caso «se encuentra en lista de espera».
Tras presentar la denuncia solicitó apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
“Mi temor es que se manipule la información, la evidencia y todo el proceso en sí, por el tráfico de influencias que existe en Chimaltenango», relató en un documento enviado al fiscal Juan Francisco Sandoval.
El 9 de septiembre, las abogadas defensoras de Carmen interpusieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de Consuelo Porras, por ignorar las constantes solicitudes de información por este caso. «Son más de 100 días sin información del expediente», argumentaron en el documento.
La preocupación principal es que estas acciones para retrasar las etapas del proceso culminen en un caso más de impunidad.
“Como Bufete Jurídico responsabilizamos a la Fiscal General y la jueza Anabella Acevedo, (quien suspendió la última audiencia de anticipo de prueba) si el señor mañana sale del país y por esa razón no se pueda acceder a la justicia”, señaló Vásquez.
Mientras tanto, Carmen goza de medidas básicas de protección que, a decir de sus defensoras, resultan insuficientes ante las influencias del agresor.
Otro obstáculo: Covid-19 y el litigio malicioso en el caso
«El virus se ha convertido en la excusa perfecta para detener este y otros procesos», explica Indira Guerrero, representante de la Asociación de Mujeres Generando, que se dedica a dar acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.
El 22 de septiembre se tenía programada la audiencia de anticipo de prueba, pero la defensa de Rosales Ovalle se excusó de asistir con el argumento de que el acusado se realizaría una prueba de Covid-19.
«Eso le permitió no asistir a la audiencia y posponer el proceso para sacar ventaja. El resultado de su prueba fue negativo y se tiene conocimiento de que él intentará salir del país», asegura la abogada Vásquez.
Deben ser los órganos de justicia los que determinen si existen, o no, suficientes elementos para sustentar la acusación. Sin embargo, lamenta Vásquez, “ni siquiera nos han dado la oportunidad de presentar esos medios”.
*La identidad de la víctima fue protegida por su seguridad
