El modelo regresivo -en términos de derechos humanos- del cual parece jactarse obstinadamente este gobierno, se extiende a otras esferas: En la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) , a pesar de que la comunidad universitaria está conformada por el 53 por ciento de mujeres, las decisiones siguen tomándose desde ópticas androcéntricas, sin asumir debates profundos sobre los problemas que les afectan de manera específica a ellas. A las miradas obtusas y sexistas, debe sumársele la falta de voluntad política para resolver estas problemáticas, con lo cual persisten las violencias cotidianas y el clima de inseguridad en el que las estudiantes deben sobrellevar sus carreras.
Esta situación volvió a repetirse en el marco de la discusión en torno a la creación de un Reglamento para enfrentar el acoso y la violencia sexual. La AEU formuló una propuesta para ser presentada ante la Comisión de Reglamentos y evaluada. Cuando la comisión se reunió, se constató que la propuesta que estaban sometiendo a consideración, no era la de AEU sino otra, vaciada de contenido. Es decir, una jugada sucia de hacer parecer que las cosas cambian, para que no cambie nada.
Entre otras cuestiones, la propuesta presentada fue elaborada desde una óptica ginope, dicho de otra manera, sin tomar en cuenta la experiencia de las mujeres. De su contenido se desprendía que las acciones sancionatorias quedaban diluidas, las unidades académicas se transformaban en juez y parte y, como si esto no fuera suficiente, no estaba diseñado para poner en el centro a las víctimas y la reparación del daño de la cual fueron objeto.
Hartas de intentar abrir puertas que permanecen cerradas y de apelar a los canales institucionales que hacen la pantomima de existir, pero solo reproducen esquemas viciados y representatividades al menos cuestionadas, las estudiantes de la USAC y otras universidades participaron hace pocos días en un pre congreso para debatir en torno a las violencias. Se pronunciaron contra las estructuras académicas caracterizadas por la misoginia, la heteronormatividad, el racismo y las violencias; denunciaron su invisibilización como sujetas científicas, la imposición religiosa o ideológica como mecanismo de respuesta ante el problema de la violencia contra las mujeres, así como la omisión de las autoridades universitarias en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Igualmente, denunciaron y exigieron el cese de estas condiciones. Además, que se garanticen espacios seguros y libres de violencia, así como mecanismos operativos, procedimientos claros y sancionatorios para garantizar una justicia pronta y cumplida.
¿Cuánto más tendrán que seguir esperando las estudiantes para poder estudiar sin ser violentadas?, ¿cuánto tiempo más serán víctimas de violencia física, sexual, psicológica, económica, epistémica, simbólica e institucional sin que las autoridades actúen como corresponde?
