En representación de la Comisión Internacional de Juristas, el abogado Ramón Cadena enumera las inconsistencias y abusos cometidos en el caso de la periodista Anastasia Mejía. En esta entrevista para laCuerda explica las razones por las que considera que se trata de acusaciones sin fundamento y que se han violentado varios derechos de Anastasia.
Por Kimberly López
Según el artículo 9 de la Constitución, las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a las personas detenidas o presas. El contenido del artículo en mención establece que deben realizarlo en un plazo que no exceda las veinticuatro horas. Sin embargo, hasta hoy, Anastasia ha permanecido en prisión preventiva por 27 días. Junto a ella, también se encuentra recluida Petrona Siy Castro, lideresa y comerciante de Joyabaj. Siy Castro fue acusada por sedición, incendio y robo agravados, así como atentado con agravación.
Todavía no ha tenido la oportunidad de rendir su declaración ante un juzgado y lo hará, según la fecha programada por el Juzgado de Santa Cruz, Quiché, el 28 de octubre. Es decir, 36 días después de su captura.
¿Cuáles han sido las irregularidades en el caso de la periodista Anastasia Mejía?
Considero que este es un caso claro de criminalización contra Anastasia. Ella está detenida arbitrariamente. Ella estaba cubriendo la noticia (una protesta en Joyabaj, Quiché, contra el alcalde Florencio Carrascosa) se le detuvo y fue acusada de incendio, sedición y robo agravado. Se afecta la libertad de expresión, se afecta el trabajo de la periodista y eso es gravísimo.
Considero que hay un problema con la detención y con el hecho de explicarle la imputación de los hechos porque se le detiene con base en una orden de aprehensión del juzgado de Santa Cruz. En lugar de actuar de forma garantista el juzgado interpreta de forma equivocada el artículo 9 de la Constitución. A una persona hay que hacerle ver el motivo de su detención dentro de las 24 horas pero algunos jueces interpretan que con la orden de aprehensión es suficiente para que la persona permanezca detenida sin importar que no se le imputen los hechos.
¿Le parece que hubo argumentos suficientes para no darle arresto domiciliario?
El problema es que la jueza no razonó su resolución, solo dijo que no le iba dar medida sustitutiva porque si se la daba a ella también debía hacerlo con el resto de acusados. La jueza debió evaluar que en su caso no hay peligro de fuga. Estando fuera tampoco tiene la potestad de manipular la evidencia, no es una persona con poder económico, político, como para decir que si sale libre va influir en el proceso.
¿Cómo interpretan el incidente ocurrido hace algunos días, en donde nuevamente no pudo dar su primera declaración?
Hace unos días a ella se le llevó a Cantel para una audiencia virtual pero resultó que por falta de equipo, la audiencia no se llevó a cabo. Esto puso en peligro su vida, porque por varias horas no se supo nada de ella. Ahora la audiencia está programada para el 28 de octubre.
Se supone que fue un error del juzgado de Santa Cruz del Quiché, pero debe ser investigado. Todo esto nos demuestra que este es un caso de detención arbitraria, que no hay tales hechos, que son inventados y que lo que ella estaba haciendo era solo cubrir la noticia porque la gente estaba manifestando en contra del alcalde municipal, que es un corrupto.
¿Quiénes son responsables de estas anomalías?
Yo creo que la alcaldía y gente poderosa de Joyabaj, Quiché, podría estar interviniendo para mantenerla detenida. Esto lo podemos concluir con el análisis de los hechos.
¿Qué responsabilidad recae sobre el Organismo Judicial?
Un grupo de jueces interpretan el artículo 9 de la Constitución de forma equivocada. En eso tiene responsabilidad la Corte Suprema de Justicia porque los jueces se apartan de un criterio garantista de derechos, probablemente los jueces reciben este concepto de la Escuela de Estudios Judiciales y la misma Cámara Penal.
¿La Comisión Internacional de Juristas tomará acciones al respecto?
Yo voy a presentar una carta a la Cámara Penal para hacerles ver que estamos ante un caso de detención arbitraria.
