La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), paralelamente, solicitan a los organismos del Estado de Guatemala acciones concretas para garantizar que se respeten los derechos de Anastasia Mejía, quien fue detenida el 22 de septiembre junto a la lideresa comunitaria Petrona Siy. Estos esfuerzos se suman a la demanda de varias organizaciones defensoras de derechos humanos en Guatemala y a nivel internacional.
Kimberly López / laCuerda
“Anastasia Mejía está detenida arbitrariamente”, asegura el abogado Ramón Cadena, en una carta entregada ayer, 21 de octubre, ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El objetivo del documento fue solicitar un espacio en el próximo pleno de la Cámara Penal para analizar las medidas que deberían tomarse en cuenta para evitar que ocurran hechos de criminalización.
Además expone que Anastasia no cometió ningún delito. “El día de los hechos, —indica el documento— Anastasia estaba trabajando en un reportaje sobre lo ocurrido”.
Según la Comisión, todas las circunstancias hacen pensar que hay simulación de un delito para afectarla. También señala que, a juzgar por las condiciones en las que se realizó la captura, se trata de una detención arbitraria. Por lo tanto, el sistema de justicia debe tomar todas las medidas a su alcance, para reparar los daños y perjuicios que se le ha causado a Anastasia Mejía.
El 8 de octubre Anastasia fue trasladada al Centro de Detención de Cantel supuestamente para llevar a cabo una audiencia virtual de primera declaración. Sin embargo, la misma no se desarrolló y por varias horas no se supo nada al respecto de su paradero. Ante lo ocurrido, la CIJ concluyó no se trató de un error sino de un hecho deliberado para provocar miedo en Anastasia, en sus familiares y en la comunidad.
CIDH solicita información al Estado de Guatemala
También la CIDH solicitó a la Cancillería guatemalteca una serie de datos e información relacionada al caso de Anastasia. Esta acción responde a que la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares a favor de Anastasia Mejía, presentada por Evelyn Blanck, representante del Centro Civitas.
Blanck argumentó que Mejía se encuentra en riesgo debido a que está privada de libertad de manera preventiva como consecuencia de su labor como comunicadora y lideresa social.
En un plazo de 5 días, la Cancillería deberá proporcionar la información requerida. También deberá emitir una postura sobre la petición de dichas medidas cautelares.
