Asier Vera / Periodista
Sueldos miserables por jornadas interminables de trabajo, sin derecho al IGSS y rozando muchas veces la esclavitud con tratos vejatorios. Así es la situación que están sufriendo en plena pandemia muchas de las cerca de 250 mil personas que se dedican al trabajo doméstico en Guatemala (92 por ciento mujeres).
Algunas incluso han tenido que elegir entre ver a su familia y perder el empleo o mantenerlo confinadas en las casas que limpian. “Nos dijeron a una compañera y a mí que, si queríamos ver a la familia, teníamos que irnos de una vez y ellos ya no nos iban a recibir porque tenían miedo a contagiarse”. Así lo relata Selena Cortés, una joven de 19 años quien hace 10 meses fue contratada con un sueldo de mil 800 quetzales para realizar trabajo doméstico en una casa de la capital donde vivía con una familia adinerada que la trasladaba los fines de semana a una residencia del Puerto San José para la misma labor.
Poco después de detectarse el primer caso el 13 de marzo, le anunciaron que le bajaban el sueldo hasta 900 quetzales mensuales y que, si quería mantener el empleo, no podía ir a ver a su familia para evitar riesgos de contagio. En este sentido, critica que “son personas que tienen dinero y que se aprovechan de quienes no tenemos”. Cortés señala que “con el sueldo que estábamos ganando, mejor decidimos irnos para nuestra casa” y, en las actuales circunstancias, “está difícil encontrar trabajo”, teniendo en cuenta que solo pudo estudiar hasta tercero básico. “Mi sueño era estudiar la carrera de perito contador, pero ya no seguí por no tener fondos, al ser de una familia pobre de nueve hermanos”, lamenta Cortés.
Según una encuesta realizada en mayo por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) con el apoyo de la Unión Europea, antes de la crisis del coronavirus, el 67 por ciento de los hogares tenía contratada a una trabajadora doméstica, que cobraba mensualmente entre mil y dos mil quetzales. Tras iniciar la pandemia, el 23 por ciento continúa trabajando normalmente, el 19 por ciento lo hace con horario reducido, el 31 por ciento no sigue trabajando, pero se le mantiene el salario, el 15 por ciento renunció y el 12 por ciento fueron despedidas. Además, el salario se redujo para el 22 por ciento de las trabajadoras domésticas, la mayoría a la mitad o una tercera parte.
La investigación también desvela que a cuatro de cada diez (43 por ciento), que permanecen en la casa de sus jefes, no se les permite visitar a su familia. Esta situación, según denuncia Maritza Velásquez, coordinadora de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), provoca que el trabajo doméstico en Guatemala “se convierte casi en una esclavitud, explotación y trata laboral” y, por tanto, una “labor deshumanizada”, que afecta, sobre todo, a las mujeres indígenas, quienes representan al 62 por ciento de las empleadas domésticas.
La radiografía de este sector antes de la pandemia, según Velásquez, era la siguiente: 43 por ciento adolescentes y jóvenes entre 14 y 26 años; 70 por ciento sin estudios concluidos de primaria; 10 por ciento con educación de básicos; 80 por ciento con salarios por debajo del mínimo vigente (2.825 quetzales); 70 por ciento con jornadas laborales de más de 12 horas diarias sin pago de horas extras y 37 por ciento víctima de malos tratos, incluyendo abuso y acoso sexual, y maltratos físicos, verbales y psicológicos.
“Tienen mucho dinero, pero explotan a sus trabajadoras”
El panorama de este colectivo se agravó en la zona del Puerto de San José, debido a que las restricciones de movilidad y el toque de queda provocaron que muchas personas con residencias en este lugar ya no se trasladaran los fines de semana.
Eva (nombre ficticio) fue una de las muchas trabajadoras domésticas que perdió su empleo. Al inicio, cobraba 2 mil 700 quetzales, si bien le redujeron el sueldo a mil 500, por laborar de jueves a domingo desde las ocho de la mañana y “sin horario de salida”, el 15 de marzo la suspendieron dado que la familia para la que trabajaba dejó de llegar a su vivienda del Puerto. Ahora está cobrando el bono de 75 quetzales diarios que le da el gobierno, critica que esta ayuda la recibió tarde, concretamente en junio, por lo que “no pude pagar la luz y se acumularon dos meses de deuda”.
“El bono familia no llegó, pero he visto a bastantes personas a las que sí se lo dieron, aunque se excedieran de los 200 kw/hora mensuales”, censura Eva, quien lamenta que a su marido le redujeron el sueldo como jardinero a la mitad y ahora cobra 600 quetzales al mes, dinero insuficiente para mantener a sus hijos de 14 y 19 años.
De este modo, lamenta que muchas de sus compañeras que trabajan en la misma área de la costa, solo ganan entre 400 y mil 500 quetzales mensuales: “las personas que las contratan tienen mucho dinero, pero explotan a sus trabajadoras”. En su caso, denuncia que cuando ella trabajaba, no tenía derecho a vacaciones, ni siquiera en navidad, ni fines de semana. “Si necesitaba un día, lo tenía que reponer”, manifiesta, al tiempo que recuerda que quienes la contrataron le decían que la querían mucho y que era como de la familia, pero “la explotación es bastante fuerte porque pasamos el día paradas, con solo diez minutos para comer y muchas veces tratándonos mal con palabras ofensivas”.
Mirna (nombre ficticio), de 42 años, gana 800 quetzales al mes por hacer la limpieza de viernes a lunes en una residencia del Puerto San José, entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde. Comenzó a los 15 años como trabajadora doméstica por la “falta de oportunidades porque mis padres eran muy pobres y solo pude estudiar hasta sexto primaria”. Hace seis años, se graduó de bachiller, aunque lamenta que por la edad que tiene no puede optar a otro trabajo ya que “solo quieren chicas de 20 a 35 años”. En la actual coyuntura, reprueba que el gobierno “nos ha dejado solas y nos sentimos abandonadas, porque a la mayoría de las trabajadoras domésticas no les ha llegado el bono familia, ni cuentan siquiera con IGSS en caso de enfermarse: “se aprovechan de la necesidad y la falta de oportunidades y, si una va a la inspección de trabajo, nunca hacen nada”, sentencia.
