Pia Flores /laCuerda
Precedente legal para niñas victimizadas por maestros
En el primer caso sobre violencia sexual contra una alumna en una institución educativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolvió que el Estado de Ecuador es responsable por los vejámenes que sufrió Paola Guzmán a manos del vicerrector del colegio donde estudiaba, desde que tenía 14 años hasta los 16, cuando se suicidó. La justicia en el caso de Paola se tardó, ahora establece un precedente histórico para casos similares.
Las amigas y la familia describieron a Paola Guzmán como una persona alegre y divertida. Pero en octubre de 2001, cuando estaba por cumplir 15 años, comenzaron a notar cambios en su estado de ánimo. “Ya no estaba la misma Paola que me venía a contar las cosas cuando ella llegaba del colegio, ya no era la misma alegre”, recordó la madre de la adolescente, Petita Albarracín, años después en una audiencia de la CIDH, donde por fin encontró justicia en el caso su hija.
Paola acababa de cumplir 16 años, cuando falleció el 13 de diciembre de 2002, luego de ingerir fósforo blanco. Durante los dos años previos, había sido víctima de violencia sexual por parte de Bolívar Eduardo Espín Zurtía, vicerrector del colegio donde la adolescente estudiaba, en Guayaquil, Ecuador.
Un mes antes de su muerte Paola enseñó una prueba de embarazo positiva a dos de sus compañeras del colegio. Les contó que el responsable era el vicerrector Espín, resultado de la violencia sexual del hombre que era 50 años mayor que ella. Dijo que iría con el médico del colegio, Raúl David Ortega Gálvez, quien le ayudaría para que abortara como un favor a Espín. Según la CIDH, Ortega también acosó sexualmente a Paola. A cambio de ponerle la inyección para interrumpir el embarazo, ella tenía que tener relaciones sexuales con él.
El caso de Paola estuvo repleto de negligencias y prejuicios que ubicaban la responsabilidad en la víctima, no en el agresor. El jefe de la policía concluyó que no existía evidencia de que Espín respondió al “enamoramiento” de la alumna. El sistema judicial de Ecuador nunca investigó los señalamientos en contra del médico Ortega. Los médicos forenses ignoraron las circustancias que precedían a su suicidio, como las declaraciones de Petita Albarracín en el parte policial sobre la relación entre su hija y Espín, que Paola describió en una de las cartas que dejó, por lo que no analizaron en la autopsia si Paola tenía indicios de violación o si estaba embarazada. El caso se suspendió en 2005 porque Espín estaba prófugo, y luego, en 2008, él mismo solicitó que se prescribiera el caso. Con base en esto, la CIDH resolvió en agosto pasado que el Estado de Ecuador es responsable por la violencia sexual que sufría Paola, y que la llevó al suicidio, y lo obligó a implementar medidas de reparación para su madre y hermana.
Las niñas en Guatemala
Stephanie Rodríguez, abogada guatemalteca e integrante del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, considera que esta “es una sentencia histórica”, y resalta que puede tener impacto en casos similares aquí. Los países, como Guatemala, que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos y la Competencia de la CIDH, están obligados a respetar las resoluciones que la corte emita. Rodríguez explica que las sentencias de la CIDH establecen estándares de buena práctica de derecho a partir de los cuales cada país puede desarrollar medidas, no solo respecto a sanciones, sino también medidas preventivas, algo sumamente necesario en el tema de los abusos sexuales de maestros a alumnas en las escuelas públicas.
“El Estado debe tomar medidas y tomar en cuenta en la educación pública cómo crear mecanismos para prevenir estos delitos. El Ministerio de Educación (MINEDUC) debe de tener rutas claras para las denuncias y protocolos para actuar y sancionar, pero lo que se ha hecho en muchos casos es trasladar al agresor a otro establecimiento”, explica la abogada. Resalta la necesidad de establecer sanciones severas, no solo a los agresores, sino a las personas alrededor que no actuaron o no creían en las víctimas.
En septiembre salió a la luz que en el Ministerio Público existen más de 22 denuncias contra maestros de instituciones educativas públicas por agresión sexual y violación de niñas y adolescentes, solamente en el departamento de Alta Verapaz. Una de ellas, una niña de 11 años que quedó embarazada luego de ser violada por un profesor, quien se fugó al enterarse de la denuncia en su contra. En por los menos 12 de los casos que están siendo acompañados por el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, con enfoque feminista, los maestros no fueron suspendidos por el MINEDUC pese a tener denuncias activas por violencia sexual. En dos de los casos los agresores fueron trasladados a otros establecimientos, pero luego regresaron a las escuelas donde antes cursaban las niñas agredidas.
Nunca es culpa de la víctima
El Estado de Ecuador falló al no garantizarle a Paola una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, igual que Guatemala donde, según datos de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI), solo entre enero y septiembre de 2020, se registraron 2 mil 579 embarazos, resultado de violaciones en niñas entre 10 y 14 años, y 57 mil 344 más en adolescentes de 15 a 19 años. El 80 por ciento de los agresores están en los espacios de confianza de las víctimas: en la familia, en la iglesia, o en las escuelas.
La psiquiatra que analizó el caso de Paola Guzmán concluyó que la violencia sexual que vivía desde los 14 años era una dinámica incestuosa y consideró que Paola realmente no quería dejar de vivir, sino que el sufrimiento severo y la sensación injustificada de culpa, llegó a ser insoportable.
