Francelia Solano/ laCuerda
La vida le cambió a doce comunidades del territorio Ixil, en Santa María Nebaj, Quiché, en marzo de 2011. Una persona del Fondo de Tierras llegó a decirles que el territorio que sus ancestros les habían dejado, y que pasó de generación en generación, realmente no era de ellos, cuenta Gabriel de Paz Pérez quien vive en el territorio Ixil y acuerpó esta lucha desde el día uno hasta la actualidad, luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera a favor de ellos en agosto de este año.
La lucha, que duró nueve años, es un precedente importante para las comunidades que continúan buscando certeza jurídica sobre sus territorios. En este caso, 33 caballerías y 22 manzanas aún no quedan completamente resueltas, pues faltan algunos trámites administrativos para que esto sea un triunfo real.
La historia
Entre 1983 y 1984, durante el conflicto armado interno, el Estado de Guatemala creó el plan “polos de desarrollos” una herramienta “antisubversiva” en la que de forma ilícita el ejército expropiaba tierras y las pasaba a nombre de la nación. Las comunidades pasaron más de 28 años sin saberlo, hasta que en 2011 les dijeron que las tierras no eran suyas.
Es ahí cuando Gabriel de Paz y demás habitantes comenzaron a organizarse para defender sus tierras. Iniciaron con diálogos junto con la municipalidad de Nebaj, debido a que fueron ellos quienes cedieron las tierras, sin embargo, nada sucedió. Después de agotar el recurso vinieron mesas de diálogos que duraron dos años y cuenta Gabriel que les ofrecieron una comunidad similar a las “aldeas modelo” que funcionaban en épocas del conflicto armado interno. No aceptaron, pues les traían malos recuerdos, además de identificarlas como un modelo de represión.
En 2013 se formó una comisión de tierra y comenzaron acercamientos con el entonces presidente Otto Perez Molina; en 2016 con el cambio de gobierno, los pocos avances que tuvieron se desvanecieron con Jimmy Morales y decidieron buscar solución por lo judicial, que terminó con una denuncia en el Juzgado de Quetzaltenango que no obtuvo una resolución favorable y apelaron. El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad (CC) en junio de 2017 y fue hasta julio del 2020 que obtuvieron una respuesta a su favor. Pese a ello, aún no han encontrado justicia.
Entre celebración y falta de certeza
El primer día de la resolución fue una alegría para la comunidad. No pudieron celebrar con todos como hubiesen querido, pero lo hicieron cada uno desde sus casas. Gabriel de Paz recuerda que festejaron con el abogado con un almuerzo modesto. Pero la alegría de ese momento se desvanece conforme pasan los días.
Aunque los pobladores tengan en mano una resolución favorable de la Corte de más alto rango a nivel justicia en Guatemala, la realidad es otra. Los trámites son largos y la resolución de la CC muchas veces queda solamente en papel, porque no se dirige a una institución concreta que deba cumplir o un plazo establecido.
En muchas ocasiones la ejecutoria de la sentencia tarda más años en llegar que la misma resolución de la corte. Según Bayron Paredes, defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el amparo tarda de dos a cinco años, pero la ejecutoria puede ser incluso el doble del tiempo. Esto según Paredes porque no hay institucionalidad gubernamental para poderlos cumplir.
No solamente pasa con problemas de territorio, sino con todas las sentencias “favorables” a los pueblos originarios. Señala que “el país tiene un grave problema en la implementación de lo ordenado en las sentencias de la CC y no solo nos referimos a tierra y territorio, sino a la reivindicación de los derechos de pueblos indígenas”. Incluso las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tardado años en ejecutarse debido al mismo problema.
Los trámites de los títulos de propiedad llevan tres meses estancados, a los pobladores del territorio Ixil les aseguran que es debido a la pandemia, pero según Paredes, es por la falta de certeza en cuanto a instituciones y plazos. Indica que desde la defensoría de los pueblos indígenas existe “el temor de que aunque ya esté dictada la sentencia, que le da reconocimiento al pueblo Ixil, no se cumpla” por la tendencia que se ha visto.
Según los registros de la PDH, hay al menos 25 trámites más relacionados con luchas de territorio que aún no han sido resueltos. Mientras tanto Gabriel de Paz y el resto de la población del área Ixil siguen buscando justicia sobre sus territorios, para que ellos, sus hijos y sus comunidades puedan vivir donde sus ancestras y ancestros vivían. De Paz concluye que buscan para su comunidad una verdadera justicia, porque “justicia no solo es encerrar gente, es dar mejores condiciones de vida para que nuestros hijos puedan crecer en paz, con educación, salud y desarrollo”.
