Un grupo de periodistas y personas vinculadas con la defensa de la libertad de expresión manifestó ayer frente al Ministerio Público para demandar el cese al hostigamiento que los poderes del Estado sostienen contra el ejercicio periodístico.

Silvia Trujillo/LaCuerda

Periodistas de diversos medios, ayer frente al Ministerio Público (MP) denunciaron el incremento de agresiones hacia el gremio y destacaron que uno de los casos más graves, este año, ha sido el de la criminalización de Anastasia Mejía Tiquiriz quien fue ligada a proceso penal por la jueza de primera instancia penal de Santa Cruz del Quiché, Susy Pérez Cabrera.

Fotografía: Sandra Sebastián

Del conjunto de demandas presentadas, resalta la necesidad de respetar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa porque se interpreta que las consideraciones de la jueza para criminalizar a Anastasia Mejía constituyen un claro mensaje de amordazamiento al resto de periodistas del país.  Reunidos frente al MP, alertaron, además, que, aunque se pretenda gobernar en el marco de la opacidad y el autoritarismo, las y los periodistas no cesarán su acción de informar y de escrutar la labor de quienes ejercen cargos públicos.

Criminalización en aumento

El asedio contra periodistas se ha incrementado durante el gobierno de Alejandro Giammatei. Desde 2015 a la fecha se han acumulado en el MP 392 casos de delitos contra periodistas y durante 2019 la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) reportó 104 agresiones contra periodistas y comunicadores sociales.

En lo que va de 2020 la Fiscalía de Delitos cometidos contra periodistas informó que ha recibido 95 denuncias de amenazas, intimidación, obstrucción de fuente, agresiones físicas, verbales y materiales, asesinatos (de Irma Chinchilla y Bryan Leonel Guerra Chegüen) acoso y ataque cibernético, entre otros.

Las agresiones de esta naturaleza si bien se manifiestan desde el gobierno de Jimmy Morales, han mantenido una línea de continuidad en la gestión actual y comenzaron pocos días después de la toma de posesión.

El 20 de enero de 2020, según trascendió en diversas publicaciones, Giammatei cuestionó el trabajo del periodista Marvin Del Cid por “hacer una serie de investigaciones basadas en no sé qué y nosotros mismos consideramos que se está extralimitando…Ojalá supiera quién le está diciendo a usted que nos investigue de esa manera”.  Del Cid, del medio Artículo 35, había publicado en esos días información que destapaba manejos poco transparentes de fondos durante su campaña.

Poco tiempo después, el 14 de marzo, luego de ser decretadas las primeras medidas especiales tomadas a raíz de la pandemia provocada por la Covid-19, el presidente declaró que “la Ley de Orden Público dice que mientras dure cualquiera de los estados de emergencia, los órganos de publicidad están obligados a editar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación, así como comentarios tendenciosos a las circunstancias actuales (…) podrá imponerse censura al órgano del que se trate. Nosotros no queremos llegar a eso, apelo a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que oigamos lo que el gobierno está diciendo”.

En los días subsiguientes, se sumaron dos nuevas agresiones, una el 18 de marzo cuando Giammatei salía del Congreso de la República y mientras rociaba a periodistas con una sustancia desconocida, con tono de burla explicó que era un líquido “antiperiodistas”. Y el 21 del mismo mes, cuando aludiendo a la situación del país expresó: “yo quisiera poner en toque de queda a los medios, pero no se puede”.

Esto claramente constituyó una amenaza e intentos de censura, que fueron denunciados por un conjunto de periodistas y comunicadores en un comunicado hecho público el 12 de abril de 2020.

También hubo amenazas del Ministerio de Salud cuando se anunció que se denunciaría penalmente a periodistas de Vox Populi por difamación y violencia psicológica tras la publicación de información sobre la contratación anómala de la responsable de comunicación de ese ministerio, Ana Lucía Gudiel Zacarías. Los periodistas sólo habían cumplido con su misión de informar.

Debe mencionarse, además, la violencia física y amenazas de las que fue objeto en el departamento de Santa Rosa,el comunicador Óscar Quintana, por parte del concejal cuarto de Taxisco, Selvin Hernández López. Así mismo, la agresión sufrida por el periodista comunitario Carlos Ernesto Choc Chub, quien víctima de allanamiento en su domicilio donde le fue robado su material de trabajo.

Intento de mordaza en el Congreso

La misma situación de afrenta y restricción a la labor periodística sucedió en el Congreso de la República, cuando el 2 de abril de 2020, en el marco de las medidas de seguridad establecidas para contener la pandemia por Covid-19, este ente prohibió el ingreso de periodistas al palco de prensa.  Esta acción fue denunciada por el Procurador de Derechos Humanos por considerar que había una vulneración del derecho a la libertad de prensa y fue respaldado por la Corte de Constitucionalidad.

Otro de los hechos graves fue la aprehensión del periodista de Vox Populi, Sonny Figueroa el 11 de septiembre, quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se acercó a solicitar ayuda luego de haber sido asaltado en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura. Figueroa denunció que en lugar de recibir el apoyo requerido fue agredido por dichos policías. El periodista estuvo retenido en Torre de Tribunales durante 24 horas y puesto en libertad luego de recibir masivo apoyo popular por un acto juzgado como injusto y un ataque directo por su labor de denuncia. El 19 de octubre, los dos agentes de la PNC, Ángel Isaías Fuentes y Alexander Barrientos Gonzales fueron señalados por abuso de autoridad y puestos a disposición de la justicia.

Estrategia para silenciar

La decisión de la jueza de Santa Cruz del Quiché, Susy Pérez Cabrera, de criminalizar a Anastasia Mejía pone en evidencia la incomprensión de los delitos referidos a la libertad de expresión y es interpretado por el gremio periodístico como un intento para poner cotas y silenciar a toda la prensa. Anastasia, fue ligada a proceso penal por sedición y atentado, dando validez a las acusaciones del fiscal quien únicamente presentó como prueba, imágenes de la comunicadora cumpliendo su labor periodística y el testimonio de una agente de tránsito quien dijo ser golpeada por la comunicadora mientras ésta seguía grabando los hechos sucedidos en la municipalidad de Joyabaj el 24 de agosto. Las pruebas parecerían inverosímiles para sostener la gravedad de los delitos que se le imputaron.

Si a estas situaciones se suman los retrasos en la entrega de información pública de los sujetos obligados, las numerosas denuncias de periodistas que son excluidos de chats institucionales – sobre todo a quienes hacen pública información que no es del agrado de los funcionarios públicos- y la falta de garantías, la situación no solo es compleja para el ejercicio del periodismo en el país, sino que violenta la libertad de expresión y el derecho de las personas a estar informadas.