La tormenta Eta empieza a alejarse del territorio de Guatemala y los estragos cada vez son más visibles. El presidente reconoce la incapacidad de acceder a las zonas más afectadas y pide al Congreso que le trasladen más de Q300 millones.
El gobierno habilitó 18 albergues. La mayoría de afectados se refugia en hoteles, iglesias y salones donados por los vecinos.
Jody García /laCuerda
El último reporte publicado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) señala que la depresión tropical Eta se está alejando lentamente del Nor-Oeste del país, donde se reportó el mayor impacto.
Pero la alerta no desciende. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), las lluvias continuarán en Alta Verapaz, Izabal y el sur de Petén, por lo que se esperan crecidas de ríos, derrumbes y deslizamientos de tierra.
Una de las áreas más afectadas es Alta Verapaz. En la aldea Quejá, San Cristóbal Verapaz, ubicada en ese departamento, se reportó un deslave que soterró 150 de viviendas. El gobierno estima que 150 personas fallecieron y muchas continúan desaparecidas bajo los escombros.
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- Alta Verapaz e Izabal fueron los departamentos donde se reportó mayor cantidad de personas afectadas por ETA.
En conferencia de prensa el presidente Alejandro Giammattei dijo que, en ese mismo municipio, en las aldeas Saquichil y Chepenal fueron evacuadas 60 familias y 2 mil 500 personas perdieron todas sus pertenencias. Iglesias, casas y mercados están funcionando como albergues.
Giammattei indicó que los cuerpos de socorro no han podido acceder a las aldeas inundadas porque los deslaves bloquearon los caminos. Miles de personas están incomunicadas y sin acceso a alimentos.
Hasta la mañana de este viernes, CONRED estimó que en Guatemala ya suman 81 mil 316 personas las afectadas por la tormenta. El Ministerio de Agricultura contabilizó 6 mil familias afectadas con la pérdida de plantaciones y 3 mil cien hectáreas de cosechas dañadas en Petén, Alta Verapaz, Izabal, Quiché y Zacapa.
Las inundaciones obligaron a miles de familias a dejar sus hogares.
Una de las críticas en la atención de la emergencia de parte del gobierno es que no se giró una alerta para que las comunidades evacuaran antes del desastre nacional. Cuando un periodista le preguntó a Giammattei sobre esa acción, él se molestó y respondió de forma agresiva que sí se giraron instrucciones.
Andrea Ixchiú, periodista comunitaria, reporteó desde los departamentos y dijo a laCuerda que no hubo un proceso preventivo en las comunidades.
Sepur Zarco y El Estor
Izabal sufrió de forma directa el paso de la tormenta Eta. La comunidad Sepur Zarco, ubicada en ese departamento, estuvo en la luz pública por la lucha de 11 mujeres que fueron esclavizadas sexualmente durante el conflicto armado interno. Aunque las abuelas, como son llamadas con respeto, alcanzaron justicia, las condiciones de vida de su comunidad no han cambiado.
El Río Zarco se desbordó e inundó hogares y destruyó los caminos principales. Marcos Xoná, un vecino de esa localidad, dijo a laCuerda que aunque la intensidad de la lluvia ya bajó, las corrientes de agua destruyeron siembras de maíz. El impacto a largo plazo será la escasez de alimentos.
“Muchas personas están llorando y están tristes porque no hemos recibido ninguna ayuda. Necesitamos comida, ropa, artículos de limpieza y colchas”, dijo con preocupación.
María Choc, defensora de derechos humanos de El Estor, relató una situación similar. Hectáreas de maíz, frijol, calabaza y chile fueron arrasadas por la lluvia y agua desbordada del Río Dulce.
“Cuando hay desastres naturales esta área sale afectada porque hay muchas comunidades asentadas en la orilla del Río Polochic. Con las inundaciones y la tormenta la ayuda no está llegando a todos lados”, enfatizó.
Los millones
Para atender la emergencia Giammattei hizo un requerimiento inusual. La mañana del viernes pidió al Congreso que “por única vez” autorice una excepción a la Ley de Extinción de Dominio y permita que los Q120 millones que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), incautó en Antigua Guatemala, sean transferidos al gobierno para financiar la reconstrucción por los estragos de Eta.
Esto porque según la ley, los fondos derivados de la extinción de dominio son destinados a instituciones encargadas de seguridad y justicia. La politóloga Marielos Chang comentó en sus redes sociales que la acción parece ser una forma de “recuperar el dinero que la FECI ha decomisado”.
Parece que ya encontraron la forma de cómo recuperar todo el dinero que la FECI les ha decomisado. Están los políticos que roban vueltos, los políticos que roban pero «hacen algo», y están los políticos que se enriquecen con la tragedia. Este último es el peor de todos. https://t.co/woX1Ry2yWI
— Marielos Chang (@marieloscm) November 6, 2020
Los Q120 millones están ahora en manos del Juzgado y Fiscalía especializados en extinción de dominio. Están siendo contados y se estima que el proceso durará nueve días.
Samuel Pérez, diputado de la Bancada Semilla, recordó que hay impedimentos legales para cambiar el destino de ese dinero y recordó que en la propuesta para el presupuesto del próximo año hay Q3 millardos en el Ministerio de Comunicaciones, Q10 millones para el Centro de Gobierno y Q386 millones de Seguro Escolar Privado que deben destinarse para atender la crisis.
El presidente también pide que el Congreso autorice la utilización de Q200 millones del Fondo de Emergencias.
