Luego de 36 días encarceladas y de una larga audiencia, la periodista comunitaria Anastasia Mejía Tiriquiz y la autoridad ancestral k’iche’ Petrona Siy Castro fueron ligadas a proceso penal por la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera. A Anastasia, además, se le restringió el derecho al ejercicio periodístico.
Hoy Anastasia amanece amordazada y sin posibilidades de seguir informando a su audiencia sobre lo que acontece en su comunidad. Se impuso la opacidad, el silenciamiento y los intereses de quienes pretendieron acallarla. Y perdimos como sociedad guatemalteca porque nos niegan el derecho de acceso a la información. A Petrona, a su vez, le obturan su derecho a participar y expresarse políticamente, a portar su vara de autoridad, misma que fue usada por quienes la acusan, para criminalizarla.
Ellas como mujeres indígenas han tenido que luchar -y lo siguen haciendo- contra doble y triple discriminaciones, han tenido que vencer las innumerables dificultades que el sistema patriarcal, racista y colonial les ha puesto en el camino. Han resistido desde diferentes trincheras: la palabra y la participación política, disputando su derecho a ser, a existir. Por eso, que se las acalle, que se niegue su derecho al ejercicio de esa disputa adquiere aristas aún más peligrosas, porque no silencian solamente los hechos delictivos que ellas pusieron en evidencia, sino que, además, niegan su pensar contracorriente, su actuar regido por el pensamiento ancestral, la relevancia de su cosmogonía, de su estar en el mundo. Pretenden borrar su experiencia disidente, su presencia como mujeres indígenas en el hacer cotidiano y la memoria.
La decisión de la jueza, que se suma a innumerables hechos de criminalización contra mujeres defensoras en Guatemala, es la continuación del ejercicio del aniquilamiento que tiene una larga raigambre histórica, que se agudizó durante la guerra interna y que pretenden seguir en la actualidad utilizando el aparato y andamiaje legal.
Hace unos años, Francesca Gargallo Celentani afirmaba que a diferencia de los primeros años cuando sí se denunciaban los femicidios en Ciudad Juárez, con el transcurrir del tiempo se había impuesto un silenciamiento de las denuncias que las mujeres seguían haciendo sobre la violencia extrema que persistía en el lugar. Afirmaba la autora que dicho silenciamiento era una estrategia para perpetrar delitos de lesa humanidad.
Hoy en Guatemala, la criminalización de defensoras, periodistas, voces disidentes, de quienes se resisten al oprobio y ponen el cuerpo frente al embate de los proyectos de muerte, es otra forma de ese silenciamiento para cometer delitos contra la vida y acallar la experiencia de las mujeres. Inseguras, perseguidas, criminalizadas y amordazadas, no nos queda espacio para un ejercicio profesional autónomo ni para ejercer el derecho a la libertad de expresión. No nos queda espacio para la vida. Nos queda nuestra voluntad y convicción de luchar por la nuestras libertades.
