Jody García/ laCuerda
Los juzgados de mayor riesgo fueron creados para brindar medidas de seguridad extremas que protejan a las y los jueces que conocen los crímenes más graves del país. Pero no siempre ha sido así. La jueza Erika Aifán ha sido víctima de pérdida de documentos y de filtración de información de sus casos. Más que hechos aislados, esto es lo que ella detecta que está pasando.
La actividad principal de las y los jueces es juzgar con base en lo que aportan las partes en un caso. La jueza de mayor riesgo Erika Aifán ha tenido que agregar actividades a su vida diaria dentro del juzgado. Defenderse, denunciar, investigar y cuidarse. Ha presentado 65 denuncias por hechos anómalos que han ocurrido dentro de su judicatura.
¿Qué está pasando en su juzgado?
Hay procedimientos disciplinarios con denuncias que presenté en contra de personal de trabajo en este juzgado y también por denuncias que presentaron en mi contra. Los procesos iniciaron de manera simultánea, pero los que son en mi contra han avanzado más rápido
También denunció en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)
Decidí acudir a la PDH porque ya había ido a todas las dependencias del Organismo Judicial (OJ) y no ha existido voluntad de solucionar los problemas ni de generar los procedimientos disciplinarios de una manera ágil. Así también considero que hay algunas anomalías que se dieron y específicamente en la gerencia de Recursos Humanos, que es donde deberían dar solución a esos problemas. Creo que ellos no siguieron los procedimientos establecidos en la ley.
Consideré que era importante que un órgano externo al OJ pudiera analizar todas estas circunstancias. Por ejemplo, yo denuncio que un notificador estaba filtrando información, lo trasladan, pero me asignan a una persona que tiene un desplegado de 52 quejas y 14 sanciones por faltas graves y 12 faltas gravísimas, además de una recomendación de destitución que no ha sido resuelta.
¿En el Ministerio Público también hay investigaciones abiertas?
Algunas denuncias, pero no todas. Todavía estoy trabajando en denuncias penales por actuaciones (documentos) que se han perdido. Hay resoluciones que desaparecieron. Tenemos un acumulado bastante grande. Ha sido necesario reorganizar todo el trabajo del juzgado y no me queda mucho tiempo para resolver todos los procedimientos.
Cuando fueron creados los juzgados de mayor riesgo, se buscó darle más garantías de seguridad a los jueces, pero con usted ha pasado lo contrario y no hay soluciones de parte de esta Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Los magistrados de la CSJ no atienden directamente las cuestiones administrativas y así debería ser, que solo se dediquen a las cuestiones judiciales. Por el modelo que tenemos, todavía atienden algunas cosas administrativas, pero sí tiene razón en que no han dado una respuesta. He acudido en diferentes oportunidades al Pleno de magistrados, a la Cámara Penal y a la Presidencia (del OJ), pero la mayoría de las soluciones que me dan es abocarme a las unidades de Seguridad, Gerencia, Recursos Humanos y el problema, yo sé que es complicado y creo que ese ha sido el punto, es que allí tampoco hay una respuesta.
Creo que no se ha medido la magnitud de los problemas que estoy enfrentando con el personal del juzgado. No es normal que hayan desaparecido tantas actuaciones, por diferentes personas, en tan poco tiempo. No es normal que un juez tenga que presentar 70 denuncias. Eso evidencia un problema grave que debe ser tratado de manera integral.
Corrupción no es solo acreditar si existió un soborno, sino verificar que estas acciones pueden conllevar lo que estoy denunciando ahora, una obstrucción a mis funciones judiciales.
¿Por qué considera que usted está bajo estos ataques?
Yo tengo desde el 2002 de ser juez y en este periodo de tiempo ha sido el OJ quien más se ha tardado en cambiar personal cuando lo he solicitado. Cuando había pedido un cambio de personal por una actitud que perjudica el servicio, nunca me habían nombrado a alguien con peores antecedentes, como en este caso.
Yo puedo entender que una persona del equipo de trabajo pueda eventualmente no funcionar, pero cuando ya hay una asociación y coordinaciones de mala fe entre el personal es más grave.
¿Qué ha detectado de estas coordinaciones?
Los casos que llevo son de alto impacto y coinciden muchos intereses con capacidad operativa alta de estructuras criminales. Un 99 o 100 por ciento de los casos que tengo, son de investigaciones de estructuras criminales. Eso significa que corromper personal dentro de las instituciones es una tarea factible que pueden realizar estos grupos.
Que las autoridades del OJ que son competentes de darle solución a este problema no lo hayan visto, abordado, analizado o diagnosticado de esta manera, me parece muy preocupante. Aunado a ello, tampoco he tenido apoyo del OJ ni de la CSJ en las acciones que he emprendido contra el personal para mantener el buen funcionamiento del juzgado. Todo eso me hace pensar que sí puede haber criminalidad organizada. No es solo contra mi persona, es contra los casos.
¿Qué espera que hagan las autoridades con esta situación?
Esperaría que las autoridades tomen conciencia de en qué consiste el ataque que está sufriendo esta judicatura. A través de aparentes formas de legalidad se está tratando de influir en la función judicial. Para mí no es suficiente que declaren con lugar una denuncia y sancionen a la persona, porque al final eso no es lo que les sirve a los juzgados, sino que se establezcan procesos transparentes de selección de personal de capacitación necesaria para los juzgados que vemos materias complejas.
