Tras la detención y el proceso abierto contra la periodista comunitaria Anastasia Mejía, las autoridades ancestrales de Quiché se articulan para hacerle frente a los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Jody García/laCuerda
Anastasia Mejía salió de la cárcel, pero su experiencia quedó registrada en las estadísticas de agresiones contra personas que defienden derechos. La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos (Udefegua), reporta que durante el 2020 han ocurrido 844 ataques de este tipo.
Del total, el 37% son contra mujeres defensoras como Anastasia, el 13% contra organizaciones y el 50% contra hombres. Los datos son alarmantes. Jorge Santos, de Udefegua, dijo que entre enero y septiembre de 2020 se registró el mayor número de agresiones.
Con esto, este año ya supera los 820 ataques registrados en 2014. El que hasta ahora era el año con más agresiones registradas.
Durante 9 meses del 2020 se han registrado 844 ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos.
“Que ligaran a proceso (a Anastasia Mejía) nos dice que las autoridades y el sistema de justicia están criminalizando la participación activa, el liderazgo y que las mujeres alcen la voz”, explicó Sebastiana Par, alcaldesa indígena de Santa Cruz Quiché y parte del Consejo de Pueblos K’iche’.
En ese contexto, las organizaciones están fortaleciendo su articulación para protegerse, ya que existe desconfianza en el sistema de justicia.
“Estuvimos activas, pero ha sido muy recargado, estamos muy cansadas y agotadas. Hicimos un diálogo donde nos preguntamos quién cuida a las cuidadoras, quién defiende a las defensoras, porque hemos tenido mucho trabajo y nunca paramos”, relató Par.
En la zona de Quiché, las defensoras también se enfrentan al incremento de la violencia intrafamiliar y a dificultades económicas, problemas que se agudizaron durante la pandemia por COVID-19.
La organización y la solidaridad se está reconfigurando en Quiché a través de reuniones entre autoridades ancestrales y entidades autónomas, así como organizaciones del Estado.
“Nos organizamos para tomar acciones porque el mensaje que se envía es que si vamos a cuestionar o preguntar ya estamos cometiendo un delito”, enfatizó Par.
