¿Cómo pretenden las autoridades que la sociedad confíe en una institución policial que viraliza en redes sociales los disparos que realiza contra población campesina en su comunidad?
Poco queda ya de los sueños e ilusiones que guiaron a quienes firmaron el Acuerdo para el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, y dieron lugar a la creación de una Policía Nacional Civil (PNC) que protegiera y velara por la seguridad de la ciudadanía. Se pretendió acabar con las violaciones a derechos humanos que había cometido la antigua Policía Nacional, creando una nueva fuerza que se rigiera por el enfoque de derechos humanos. Las buenas intenciones duraron poco y, año tras año, agudizándose durante el gobierno de Jimmy Morales, hemos visto cómo se vuelve a operar desde lógicas contrainsugentes, militarizando paulatinamente la fuerza policial que cada vez presenta menos elementos de su carácter civil.
El 31 de octubre volvimos a presenciar a una PNC que no respeta los derechos de las personas, mucho menos los protocolos y estándares internacionales, y actúa para defender los intereses empresariales que pretenden continuar despojando a las comunidades de sus territorios. Las familias q’eqchi’ que vivían en la comunidad Chinebal del municipio de El Estor, en Izabal fueron desalojadas violentamente por la fuerza policial, el comunitario José Choc Chamán perdió la vida, hubo denuncias de las mujeres del lugar según las cuales fueron violentadas sexualmente y muchas personas debieron resguardarse en las montañas remembrando los recuerdos del terrorismo de Estado vividos durante la guerra contrainsurgente.
Eso sí, las fuerzas de seguridad se aseguraron de subir un video a redes sociales mientras se producían los disparos, como si se tratara de una escena de la industria del cine en Hollywood. Inmediatamente la institución salió a excusar sus actos, argumentando que “fueron atacados por un grupo de personas del lugar con armas de fuego” y que “como consecuencia de ello… una persona armada resultó fallecida”. No es la primera vez que las instituciones de seguridad utilizan narrativas militarizadas para describir los sucesos y justificar sus acciones, reforzando el discurso autoritario, criminalizador y prejuicioso hacia las y los comunitarios a quienes se acusa de estar armados, como si con eso se pudiera justificar su asesinato.
La seguridad tiene una dimensión objetiva (victimización) y una subjetiva (la percepción de inseguridad). La mayoría de quienes vivimos en el país hemos olvidado qué es sentirnos seguras/os, no solo por los hechos delictivos que sufrimos a diario sino también porque las instituciones que debían resguardarnos, se valen de narrativas justificadoras cuando violentan nuestros derechos y asesinan; porque se han dedicado a defender los intereses de las empresas y, como si eso no fuera suficiente, han (re)construido enfoques contrainsurgentes para justificar la represión hacia quienes se enfrentan a su despojo. La supuesta seguridad ciudadana que se esgrimió, ha quedado en manos del ejército y han desarticulado los pocos avances que se pudieron haber hecho en la PNC, volviéndola a convertir en aquello que pretendieron conjurar.
