El Congreso quiere el poder del sistema de justicia. Por un año ha retrasado la elección de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones y ahora busca separar de su cargo a dos integrantes de la Corte de Constitucionalidad. Hay un abanico de intereses políticos, empresariales y de impunidad detrás de la agenda del Legislativo.
Jody García/laCuerda
Esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las amenazas a la independencia judicial en Guatemala y expresó preocupación sobre las diligencias de antejuicio promovidas en contra de Gloria Porras y Francisco de Mata Vela quienes componen magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC). La CIDH recordó al Estado de Guatemala su deber de cesar actos que amenacen la independencia de las y los operadores de justicia.
Esto ocurre porque en el punto número dos de la agenda del Congreso para este lunes 30 de noviembre, la Junta Directiva incluyó la integración de la comisión pesquisidora que deberá investigar y elaborar un informe sobre el actuar de Francisco de Mata Vela y Gloria Porras, a quienes la Fundación contra el Terrorismo denunció por supuesto incumplimiento de deberes, retardo y denegación de justicia.
Después del informe, el pleno del Congreso tendría que votar por retirarle o no la inmunidad a ambas autoridades de la Corte, lo que da luz verde para que el Ministerio Público inicie investigaciones o, incluso, pida órdenes de captura en su contra.
“Si convocaron a sesión plenaria es porque ya tienen los votos para integrar la comisión pesquisidora”, dijo la abogada e investigadora judicial, Andrea Reyes. Esto porque se ha visto que la Junta Directiva presidida por el diputado Allan Rodríguez mueve la agenda del día con base en cálculos políticos.
Luego de integrada la Comisión Pesquisidora, Reyes considera que todo sucederá rápido. Quienes la integren van a presentar un informe express para votar con prisas por el retiro de su inmunidad. La abogada considera que estos actos también son una manera de medir la capacidad de indignación de la población guatemalteca, que ha hecho ver su descontento a través de manifestaciones.
Álvaro Montenegro, integrante de la Alianza por las Reformas, afirma que hay una intención de mantener a la CC bajo presión.
“Para el Congreso es una prioridad ir tras la CC, es preponderante. A pesar de que varias veces se han revertido este tipo de acciones, ellos siguen. Esto es desobediencia. Esto es volver a darle vuelta a este nudo y todo esto es preocupante”, señaló Montenegro.
La Corte de Constitucionalidad ya ordenó detener el trámite de este antejuicio, sin embargo, la Junta Directiva del Congreso se niega a obedecer y ha incumplido con la orden de devolver el expediente del caso.
“Hay todo un círculo de protección descarado”, enfatizó Montenegro. Esto porque la batalla entre la CC y el Congreso inició cuando en el Hemiciclo Parlamentario se negaron a excluir del listado de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, a quienes se reunieron con el operador político Gustavo Alejos, como lo documentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y como lo ordenó la CC.
Desde impunidad hasta presión para las comunidades
Quienes se benefician de sacar de la Corte de Constitucionalidad a Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, así como de la tendencia de no acatar sus resoluciones, no son solo las y los diputados oficialistas y las personas allegadas sometidas a procesos judiciales por corrupción, sino también, las grandes empresas extractivas que se han visto afectadas cuando se ordena detener sus operaciones.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, recordó que con sus fallos la CC ha causado impacto en sectores sociales y económicos, particularmente entre la industria extractiva como mineras e hidroeléctricas.
“En el pasado han causado gran conmoción las resoluciones de la CC que le dan razón a las comunidades sobre los derechos de la tierra. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer porque los magistrados quieren evitar que la CC siga enmendando la plana. Así como la CC ha detenido las acciones ilegales en la industria extractiva, también ha cesado sus desmanes legislativos y le ha dado la razón a quienes cuestionamos la eventual elección de magistrados negociados por operadores como Gustavo Alejos”, dijo Ibarra.
El abanico de intereses para desaforar a la CC es amplio, así como las acciones legales que se han presentado contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela a quienes quieren mantener bajo presión.
