Tras 11 años de impunidad, la familia de Adolfo Ich obtuvo justicia. Ich fue asesinado cuando defendía su comunidad de los atropellos de la mina de níquel más grande de Guatemala. Es una sentencia mínima pero histórica.
Jody García/laCuerda
En Izabal, uno de los departamentos con más conflictos socio ambientales de Guatemala, hubo un poco de justicia para la comunidad maya Q’eqchi’ que se enfrenta a grandes empresas extractivas. El pasado 6 de enero, el Tribunal de Puerto Barrios condenó a Mynor Rolando Padilla a 2 años de cárcel por el homicidio de Adolfo Ich, baleado en 2009 por personal de la Compañía Guatemalteca de Níquel, que en ese momento era subsidiaria de la empresa canadiense Hudbay Minerals.
Padilla, quien era jefe de seguridad de la mina, también fue encontrado culpable por lesiones causadas a German Chub, líder comunitario que se opuso a la empresa y quien actualmente vive con discapacidad motriz porque fue baleado en aquella oportunidad. Pese a que se declaró culpable y fue condenado por el Tribunal, Padilla no pasará tiempo en la cárcel, ya que estuvo cuatro años en prisión antes de este fallo.
Adolfo Ich era presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) y un opositor a la actividad de la mina CGN en El Estor, Izabal. El día de su muerte, las autoridades intentaron desalojar a una comunidad que estaba asentada en terrenos que la mina reclamaba como suyos. La investigación probó que agentes de seguridad privada que trabajaban para la mina y que eran dirigidos por Padilla, dispararon a las personas de la comunidad que se oponían al desalojo.
Desde entonces, la búsqueda de justicia la dirigió Angélica Choc, mujer q’eqchi’ y defensora de derechos humanos. El camino de 11 años de lucha y espera la dejó enferma y cansada. En ese tiempo también fue víctima de ataques, criminalización y discriminación.
Este 13 de enero el Tribunal de Puerto Barrios entregará el documento final de la sentencia por la muerte de su esposo. Choc está analizando si apela la condena, que fue mínima.
En esta entrevista con laCuerda, Choc se refiere a su experiencia y lo que significa la sentencia para ella y su comunidad.
¿Cuál es su opinión sobre la sentencia?
Estoy analizando todo el resultado. Quizás la sentencia no está al 100% como uno quisiera, pero estoy tranquila porque sé que es una lucha que me costó mucho agotamiento, racismo, humillaciones, discriminación y gritos en la salas de audiencias.
Fue un proceso de más de 11 años y durante ese caminar la vida de una se afecta, ya no sigue igual. He estado muy delicada de salud. El caso me dejó traumada pero no bajé la guardia ni la mirada, aunque por dentro estoy débil y enferma.
¿Qué significa la condena en un contexto de ataques contra defensores de la naturaleza?
Es un pequeño logro y es histórico para Guatemala, principalmente para las mujeres indígenas porque casos como estos son difíciles de llevar. Es difícil ser escuchada como mujer indígena. Me siento feliz de haberlo logrado y de ser ejemplo para que otras mujeres que han vivido violencia se atrevan a denunciar.
Yo quisiera apelar y lo puedo hacer, pero mi salud y mi fuerza ya no me lo permite. Cuánto quisiera tener las fuerzas que tenía hace diez o doce años. Además, hay abandono de las organizaciones en el camino, el acompañamiento de defensores de derechos humanos ya no es el mismo.
Yo puedo luchar y seguir adelante sola, haya o no haya acompañamiento. Lo que uno sabe y siente es la verdad y es por eso que estoy analizando.
¿Considera que es una sentencia histórica contra los abusos de grandes empresas hacia las comunidades indígenas?
Aquí en Guatemala esa violencia es lo que prevalece, aquí no hay justicia para las comunidades y pueblos que defienden sus territorios.
Nosotras, las que defendemos nuestras tierras y territorios, las defensoras comunitarias somos las que vivimos en carne propia todos esos abusos, desde físicos hasta sexuales, todo por defender la madre tierra y los recursos naturales. Nuestras oficinas son las tierras que trabajamos, los cultivos y los ríos; el pago que pedimos es que nos dejen ser libres con lo que nos pertenece.
¿Usted continúa trabajando para defender su territorio?
Sí, de la empresa minera CGN, que ahora pertenece a la empresa Solway, pero también de empresas de monocultivo, de caña, de palma africana, que ahora engañan a la población para despojarlos de sus tierras. Vamos a seguir y esta victoria es de todas y para todas.
