Sebastiana Hernández Pablo, de 51 años, fue detenida el 6 de octubre de 2020, tras haber participado en una manifestación contra Florencio Carrascoza, alcalde de Joyabaj, Quiché. Desde entonces, ha pasado 100 días en prisión preventiva por tres delitos que asegura no haber cometido.
Kimberly López /laCuerda
El 12 de enero, las abogadas defensoras de Sebastiana Hernández Pablo solicitaron a la jueza Susy Pérez, del juzgado de Quiché, revisar uno de los delitos que el Ministerio Público (MP) le imputa por haber participado en la movilización realizada el 24 de agosto, en el palacio municipal de Joyabaj.
La audiencia se realizó hasta enero, pese a que fue solicitada desde el 17 de noviembre.
No obstante, Pérez se negó a la solicitud de las abogadas y confirmó los delitos contra Sebastiana: incendio agravado, sedición y robo agravado.
Según Wendy Geraldina López, abogada del Bufete para Pueblos Indígenas, la única prueba del MP para sostener dichas acusaciones consiste en videos encontrados en redes sociales y algunos grabados por cámaras de seguridad. En estos se muestra lo ocurrido durante esa jornada en la que decenas de personas prendieron fuego a las instalaciones de la municipalidad y dañaron casi la totalidad del equipo.
“Consideramos como abogados que la situación está muy ensañada con doña Sebastiana porque en los videos se nota su presencia pero las acciones que realiza no son de robo o de incendio. Sin embargo, el MP asegura que porque ella entra y sale de la municipalidad, luego de que violentan la puerta, es robo”, explica la abogada defensora.
El MP también sostiene que Sebastiana fue parte del incendio ya que aparece cerca en el momento en que algunas personas prenden fuego al mobiliario.
“La jueza le da la razón al MP a pesar de que no cuentan con pruebas contundentes. Es preocupante porque todo se basa en suposiciones y el proceso penal no funciona así”, explica López.
“Usted no cree en el verdadero dios”
Las abogadas y colectivos que acompañan el caso denunciaron que durante la reciente audiencia, Sebastiana fue víctima de discriminación por sus creencias. La jueza Susy Pérez cuestionó su credo.
“Ella, en medio de su desesperación, dijo que apelaba a dios para que hiciera justicia”, relata López quien asegura que Sebastiana, entre lágrimas, también comentó que prefiere no vivir más antes que continuar en prisión.
En ese momento, relata la abogada que estuvo presente, la jueza se levantó y señalándola le dijo: “Usted no cree en el verdadero dios, su dios es otro, mi dios da vida, da salud, da amor”.
“Es algo que nos parece muy grave por varias razones. Si ella cree en dios o no, eso es algo que no le importa y la constitución permite a la persona tener la creencia que quiera. Además, es una muestra de que la jueza está muy parcializada en contra de Sebastiana, ya que tiene un criterio sobre ella”, lamenta la abogada.
Eva Tecún, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas Tzu’ununija’, considera que se trata de un caso de criminalización en el que no se están respetando las garantías de Sebastiana.
“Es lamentable que nuestra compañera en su legítimo derecho de acceder a la justicia se encuentre con un sistema parcializado, un sistema que en vez de resolver problemas genera violencia institucional hacia las mujeres indígenas”, asegura.
A Tecún y otras integrantes de la organización, les preocupa que en el departamento de Quiché existan juezas y jueces que no tengan como principio fundamental la libre emisión del pensamiento y la libertad de credo.
Mientras tanto, Sebastiana Hernández quedó ligada a proceso por los tres delitos y permanecerá en prisión preventiva mientras avance el caso.
