En Guatemala son los hombres quienes en su mayoría ocupan espacios de poder y toma de decisiones. A partir de esa preocupación, un grupo de mujeres presentó en la mañana del 18 de enero una acción de inconstitucionalidad parcial contra dos artículos de la Ley Electoral de Partidos Políticos que no garantizan la participación igualitaria entre hombres y mujeres, sin importar su etnia.
Fotografía: Ana Silvia Monzón
Kimberly López / laCuerda
“El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil tienen iguales oportunidades y responsabilidades”, dice el artículo cuarto de la Constitución. Sin embargo, en Guatemala la mayoría de espacios políticos son ocupados por hombres.
A partir de eso, colectivos de mujeres y algunas a título personal se agruparon para emprender acciones legales contra la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), pues consideran que incluye artículos que no propician la paridad de género y la participación de pueblos indígenas.
“Venimos hoy un grupo de 10 mujeres para presentar este acción de inconstitucionalidad”, explicó Ana Silvia Monzón, integrante de Voces de Mujeres, quien agregó que las ciudadanas que la interpusieron cuentan con el respaldo político de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Asociación Alas de Mariposas, Convergencia Cívico Política de Mujeres, Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj, así como la Asociación Integral en Género y Derechos Humanos para América, ASIGDHA.
La acción plantea la inconstitucionalidad de dos fragmentos de la ley electoral. El primero es el inciso e del artículo 22.
Dicho artículo establece que las organizaciones políticas deben “propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos del país en la política nacional. Para ello, los partidos políticos podrán impulsar la participación femenina y demás sectores en sus listados de candidatos a cargos de elección popular”.
No obstante, no garantiza igual participación de hombres y mujeres. En la actual legislatura del Congreso, por ejemplo, menos del 20 por ciento de congresistas son mujeres.
Exclusión a pueblos indígenas
La segunda objeción de los colectivos tiene que ver con el artículo 212 de la misma normativa. En ese fragmento la ley se refiere a la postulación e inscripción de candidaturas.
Se busca que sea modificado para que incorpore condiciones de paridad y alternabilidad en la representación de cargos a elección popular para hombres y mujeres, tomando en cuenta la pertenencia étnica de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y ladinas.
“Actualmente la ley no permite el derecho de participación para todos porque no se cuenta con capacidad económica para sufragar gastos de una campaña y con el sistema actual es muy difìcil que las mujeres indígenas tengan una participación en igualdad de condiciones”, explica Ana Silvia Monzón.
Un problema regional
La falta de participación de mujeres en espacios políticos; sin embargo, no es un problema exclusivo de Guatemala. Según ONU Mujeres, tanto el liderazgo como la participación política de las mujeres están en peligro en todo el mundo.
“Las mujeres tienen poca representación no sólo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática”, han advertido.
En palabras de Ana Silvia Monzón: “Las mujeres no deberíamos estar pidiendo un derecho que ya tenemos garantizado, es vergonzoso que nuestro país sea el único que no tenga reconocido este derecho”.
Fotografía: María Eugenia Mijangos
Y es que, según ONU Mujeres, países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Honduras y El Salvador ya han incorporado cuotas en la legislación de partidos políticos. Y Nicaragua, hace 8 años, reformó la Ley de Municipios, que actualmente establece cuotas para optar a cargos municipales. Pero en Guatemala, las reformas a la LEPP han excluido este tema.
“La paridad es un derecho democrático”, asegura Camila Samayoa, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar. Según explica, no es posible concebir un sistema democrático que excluya a las mujeres.
“Sin mujeres no hay democracia. Ya basta de decir que no hay mujeres dispuestas a participar porque sí las hay”, agrega.
Según Lins Tillit, integrante de Asociación Alas de Mariposa, esta acción tendrá que ser conocida por la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), que aún no ha sido electa.
Por esa razón, concluye, “debemos estar pendientes de la elección que se hará en la CC, es necesario que la Corte declare inconstitucionales los artículos para que el Congreso se vea obligado a cumplir con los compromisos de carácter nacional e internacional que tienen con las mujeres”.
