El aire que se respira en Campur, una comunidad ubicada a más de 270 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, ya no es el mismo de antes. La laguna que sepultó 900 viviendas desapareció después de 65 días. Ahora, un hedor idéntico al que se levanta de las jardineras sucias que acompañan los sepulcros del cementerio, inunda los caminos y senderos de lo que antes era una de las aldeas más prósperas de San Pedro Carchá.
Kimberly López / laCuerda
“Antes se veía un lago hermoso pero cuando empezaron a bajar los niveles de agua se convirtió en un campo de batalla, una película de terror, algo que no se puede transitar”, así es como Carlos Humberto Toc, vecino de Campur, describe el actual escenario en la aldea que quedó sumergida en una laguna tras las tormentas Iota y Eta, en noviembre del año pasado.
Cuando la laguna que cubría Campur comenzó a descender, las familias fueron recuperando poco a poco la esperanza de volver a sus casas. De inmediato, algunas personas se dieron a la tarea de limpiar sus viviendas, con la intención de reparar los daños ocasionados por el agua.
Casas dañadas, humedecidas, algunas totalmente destruidas; basura y escombros fue lo que el agua dejó tras una inundación que duró más de dos meses. En medio de la pestilencia, las y los habitantes se aferran a la idea de recuperar sus viviendas, limpiarlas o reconstruir desde los escombros para volver a habitarlas. Todo esto, sin tener certeza de que el lugar sea seguro.
Fotografía: Carlos Humberto Toc
Puede más la necesidad de volver a un techo propio, después de dos meses de estar instalados en albergues o casas de vecinos.
“Nos llevará mucho tiempo poder volver a la normalidad pero no tenemos un plan B. No podemos decir: Tengo un terreno en otro lado, me voy para allá. Por eso algunos están limpiando lo poco que recuperaron”, dice Carlos Humberto.
“Algunas de las familias están dispuestas a volver a sus casas, a vivir ahí otra vez, pero todavía no sabemos si corren algún riesgo porque nadie ha dado indicaciones o recomendaciones”, cuenta Erick Cu, otro de los vecinos del lugar.
Las familias ya se cansaron de estar en albergues, explica Erick. Sumado a eso, quienes se han estado refugiando en iglesias y escuelas no podrán hacerlo por mucho más tiempo pues estas instalaciones son utilizadas con otros fines.
Fotografía: Carlos Humberto Toc
“Mientras la gente no pueda llevar una vida normal y libre de riesgos, Campur es inhabitable”
Durante las primeras semanas de este año, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) realizó visitas a lo que quedó de Campur, con la intención de analizar los daños ocasionados en las viviendas. Debe ser esta instancia la que determine si Campur sigue siendo una zona segura para vivir y si las familias pueden volver a sus antiguas casas.
Abraham Barrios, ingeniero hídrico, considera que esta decisión debe pasar por un proceso exhaustivo.
“Epidemiólogos y microbiólogos deben identificar el tipo de microorganismos que se establecieron en las superficies mojadas o húmedas y si estos representan un riesgo a la salud de los habitantes. También debe investigarse la salubridad en general de un lugar sin drenaje físico”, explica el experto.
Estos análisis requieren la participación de otras entidades como el Ministerio de Ambiente, para analizar la probabilidad estadística de que vuelvan a ocurrir inundaciones.
Mientras tanto, dice Barrios, no es recomendable que las familias vivan en estas casas pues corren el riesgo de enfrentar un colapso de estructuras, ambiente insalubre, patógenos en la humedad, falta de drenaje y sobre todo, que vuelva a inundarse el área cada vez que llueva de manera significativa.
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- Fotografía: Carlos Humberto Toc
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- Fotografía: Carlos Humberto Toc
“Mientras la gente no pueda llevar una vida normal y libre de riesgos innecesarios, Campur es una zona inhabitable”, recomienda.
Antes de la tragedia
De no haber sido por las tormentas que golpearon al país y especialmente al departamento de Alta Verapaz, Petén, Quiché e Izabal, Campur estaría cerca de ser reconocido como el municipio número 342 a nivel nacional. Sin embargo, los estragos ocasionados por las lluvias cambiaron el escenario.
“Esta era una comunidad bastante pujante, en vías de desarrollo”, recuerda Carlos Humberto. Lo que se ve hoy es un escenario bastante distinto a la aldea que luchaba por convertirse en un municipio.
Según relata Carlos, nunca antes Campur había tenido necesidad de pedir donaciones o apoyo a otros municipios. Al contrario, se caracterizaba por ser un punto importante de comercio y agricultura.
El Código Municipal establece que para elevar de categoría a una aldea o caserío se deben cumplir algunos requisitos.
En principio, que reúna a más de 10 mil habitantes, que cuente con una circunscripción territorial para la satisfacción de las necesidades de las personas y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural.
También debe contar con bienes naturales y recursos financieros que garanticen y permitan la prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales.
“Campur estaba por volverse un municipio pero ahora va ser muy difícil porque para empezar no sabemos dónde van a estar ubicados”, explica Winter Coc, alcalde de San Pedro Carchá.
Meses antes, la aldea sufrió los efectos de la crisis Covid-19 que llegó al país hace casi un año.
Un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recopiló testimonios para entender las consecuencias económicas de esa pandemia. Al igual que en muchas otras regiones del país, en Campur los comerciantes sufrieron grandes pérdidas.
“Desde el mes de marzo, no hemos podido hacer la venta de nuestros productos y nos está afectando porque ya no tenemos ingresos”, relata Olga Marina Macs, de la Asociación Productiva de Alta Verapaz.
“Vendemos shampú, que no es una prioridad porque la gente prefiere comprar alimentos más básicos y tampoco hay transporte para salir a venderlo a nivel departamental”, dice.
Olga Marina además señala que con las lluvias también hubo pérdidas en las siembras. En medio de todo eso, el gobierno permaneció ausente pues los programas de apoyo no alcanzaron las necesidades de la población.
“Nos están dejando fuera y nos hemos tenido que cuidar entre las personas de la comunidad”, agrega.
¿Un nuevo Campur?
La población de Campur está consciente de que se enfrentan a un problema complejo.
“Mover a toda una comunidad parece algo muy difícil. Implicaría para las familias empezar desde cero en cuanto a salud, educación e infraestructura. Si el gobierno central dice que Campur es inhabitable este tema se va discutir bastante, en un proceso largo el que nos espera”, advierte Erick Cu.
La propuesta del alcalde de San Pedro Carchá, Winter Coc, es reubicar a las familias en un nuevo terreno que tenga capacidad de albergar a quienes perdieron sus viviendas.
“Vamos a dar un lote a cada uno en el centro de San Pedro Carchá. Es un terreno municipal, un lote, estamos hablando con el Fondo Para la Vivienda (FOPAVI) porque ellos van a colaborar para arreglar las casas”, explica Coc.
A su criterio, las familias no deberían considerar volver a las casas que estuvieron inundadas pues no hay certeza de los riesgos que esto pueda traer.
“Yo ya no doy permiso para que ellos puedan entrar a sus casas pero pobre la gente, tiene la esperanza de volver a sus casas, se ponen a llorar y tienen razón porque uno ha trabajado para lograr su casa”, añade.
Otra de las propuestas es que sea el gobierno el que se encargue de comprar un terreno en donde se pueda reubicar a toda la aldea, dentro del mismo municipio.
Según Coc, en San Pedro Carchá hay fincas disponibles que podrían ser utilizadas para reubicar a las familias pero la municipalidad no tiene recursos para comprar terrenos.
Los datos oficiales de la municipalidad indican que solo en Campur fueron 900 las viviendas inundadas y 643 familias afectadas. Sin embargo, no fue la única comunidad damnificada por el agua.
En el mismo municipio, 167 casas de la aldea Sesajal quedaron totalmente inundadas desde inicios de noviembre del año pasado. Esto, debido a que las constantes lluvias provocadas por las tormentas derivaron en el desbordamiento de los ríos Sesajal y Chibut.
Durante las últimas semanas del 2020, la población y autoridades municipales no tuvieron noticias de parte del gobierno central para determinar un plan de recuperación para las familias. Sin embargo, en el transcurso de enero la CONRED inició los trabajos para evaluar el lugar y encontrar una ruta para resolver la situación.
Mientras la entidad les da un veredicto, las familias permanecen a la espera para saber si podrán recuperar una parte de lo que el agua destruyó o tendrán que comenzar desde cero.
