Honduras, el país donde el aborto es la segunda causa de egreso hospitalario después del parto, blindó su Constitución para impedir la interrupción de embarazos. En Guatemala, imaginar un escenario similar es complicado, pero no lejano. Existe una iniciativa de ley que podría endurecer el castigo para las mujeres que aborten y restringir derechos fundamentales.
Kimberly López / laCuerda
La semana pasada, el parlamento hondureño aprobó una reforma constitucional, llamada “Escudo contra el aborto en Honduras” que busca impedir que el aborto pueda legalizarse en el futuro. La normativa aún debe ser ratificada por el presidente Juan Orlando Hernández.
En Guatemala la posibilidad de que el Congreso recurra a esa misma fórmula es remota. Lo que sí es probable es que penalice severamente la interrupción del embarazo y se restrinjan derechos sexuales y reproductivos.
Según datos del Ministerio de Salud, el aborto clandestino fue responsable del 10 por ciento de las muertes maternas en Guatemala en el año 2000. Los datos oficiales señalan que en el país ocurren al menos 65 mil abortos inducidos. Esto se traduce en una tasa anual de 24 abortos por cada 1 mil mujeres entre 15 a 49 años, según datos oficiales.
A pesar de lo alarmante de estos datos, el Congreso se ha opuesto rotundamente a cualquier propuesta que pretenda legalizar el aborto. Por ejemplo, la iniciativa presentada por la exdiputada Sandra Morán, Ley de Protección a las Niñas, la cual, entre otras cosas, proponía que las niñas de 14 años, víctimas de abuso, pudieran optar a la interrupción del embarazo.
Fotografía: Martín Cálix
“A las fuerzas antiderechos se les paró el pelo con lo aprobado en Argentina”
“En vez de seguir por el camino de la criminalización y los abortos clandestinos, Honduras debe seguir el ejemplo de Argentina y poner fin a una ley que atenta contra la salud pública y los derechos humanos de miles de mujeres y niñas cada año”, fue el pronunciamiento realizado por Amistía Internacional ante la situación en Honduras.
Según la exdiputada Sandra Morán, tanto en Guatemala como en Honduras, lejos de buscar propuestas que eviten más muertes por maternidades forzadas, la mayoría de diputados se inclina por una agenda regresiva que pone en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres.
“Yo creo que acá la herramienta que tiene el Congreso es la iniciativa 5272 (Ley de Protección de la Vida y la Familia) que va en el mismo sentido. Con la diferencia que es una ley ordinaria y no es constitucional. Evidentemente a las fuerzas anti derechos se les paró el pelo con la aprobación del aborto en Argentina y van a querer reforzar las cosas para evitar que eso suceda en otros países. Lo peligroso es que la 5272 está a una sesión de ser aprobada”, advierte Morán.
5272: una iniciativa peligrosa
En esencia, la iniciativa 5272 propuesta por el diputado Aníbal Rojas en 2017 se ha utilizado como “una banderita para restringir derechos a las mujeres, niñas y la población LGTBIQ”, señala la politóloga Stephanie Rodríguez.
La entrevistada explica que la propuesta es una versión similar a lo que pasó en Honduras. La iniciativa ya fue aprobada en un segundo debate, por lo tanto, resulta viable y peligrosa su aprobación final.
“Hay que estar atentos a lo que apruebe el Congreso. Guatemala y Honduras comparten ciertas características: democracias débiles, tienen parlamentos que no responden a los derechos de las mujeres”, comenta.
Para la diputada Lucrecia Hernández Mack, del partido Semilla, en el Congreso persiste una corriente conservadora que se opone a que existan cambios para que la interrupción del embarazo sea legal.
“Vemos cientos de casos de niñas que llegan con abortos en curso a los hospitales pero muchos de ellos son clandestinos, llegan con infecciones, intestinos perforados y mueren por esa razón”, opina.
Con ese escenario, concluye la diputada, lejos de acercarse al caso de Argentina, en Guatemala el riesgo más grande es que exista un retroceso en la legislación.
“Hay una agenda regresiva que puede ir dirigida a endurecer las penas. Lo que más me preocupa es que se prohíba la interrupción del embarazo aun cuando está en peligro la vida de la madre. Nuestro principal objetivo es que no haya regresión de la legislación actual”, puntualiza.
