Ilustración: Mercedes Cabrera
laCuerda
El año 2020 ha representado una serie de retos a todo nivel. En marzo, la llegada de la pandemia provocada por la Covid-19 nos puso a tambalear, a cambiar rutinas y encontrar los caminos para sostener la vida de formas diversas y, sobre todo, diferentes a las ya acostumbradas. El confinamiento implícito, produjo muchos riesgos en temas de salud y violencia contra las mujeres y niñez, además de agudizar la ya compleja situación económica de millones de familias. Meses después, la llegada de las tormentas Eta e Iota golpeó con fuerza a la población, sobre todo en territorios olvidados por el gobierno, poblaciones que históricamente han sido discriminadas y excluidas por las élites económicas y políticas. Como si esto fuese poco, la alianza criminal que opera desde los aparatos del Estado se aprovechó del contexto para cometer actos deleznables, como aprobar un presupuesto que vulnera aún más las condiciones de vida, que minimiza la salud y educación y que contraviene los intereses y los esfuerzos por construir espacios más justos y dignos para todas las personas. Frente a las múltiples crisis, las mujeres del occidente del país han dado muestra de resistencia y dignidad, al impulsar mecanismos alternativos que confrontan al sistema que nos retrae y hunde cada día más.
Ruth Tánchez, integrante de Fundación Tierra Nuestra, relata los efectos de la coyuntura en comunidades de San Marcos y Quetzaltenango. Evidencia que en Guatemala los programas relacionados con la pandemia y efectos de las tormentas no han llegado al campo, y que existe una enorme preocupación por cómo el gobierno invisibiliza los proyectos que benefician la agricultura familiar. “No hay ejecución para las economías campesinas, solo les importan las grandes cadenas productivas”, señala.
La entrevistada agrega que el Presupuesto 2021 tiene “una dedicatoria para las empresas” al asignar una mayor cantidad de fondos a infraestructura y carreteras en beneficio de la industria bananera, de la palma aceitera y caña, en lugar de priorizar el bienestar de personas campesinas, indígenas y agricultoras de zonas rurales. De acuerdo con Tánchez, el Presupuesto para el próximo año es tan solo un eco de lo que ha hecho el gobierno de Alejandro Giammattei desde su llegada: reproducir y profundizar las brechas de desigualdad entre la población rural, marginada, pobre, campesina e indígena y los grandes empresarios.
Esta preocupación coincide con el análisis desarrollado desde la Pastoral Social de la diócesis de San Marcos, que trabaja con liderazgos de 16 parroquias de aquel departamento, desde donde se realiza un monitoreo permanente sobre la situación de las familias, luego que las inundaciones acabaran por completo con la producción de granos básicos, mientras la ayuda gubernamental ni se asoma. También la Pastoral ha impulsado procesos de reflexión sobre la coyuntura, sin embargo, ha sido complejo debido a la poca información que llega a las comunidades. Pese a ello, existe una corriente política que desconoce la institucionalidad y exige la creación de una Asamblea Nacional Constituyente como paso para transformar la realidad hacia la inclusión y el bienestar colectivo.
Por su lado, la Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI) asegura que el revuelo causado por la pandemia, las tormentas y la situación política en los cascos urbanos, se ha vivido de manera diferente en las más de 40 comunidades de San Ildelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango, con las que trabaja. Revela que existe poco debate relacionado con la política, debido a la falta de insumos para el mismo.
Advierte también que la crisis alimentaria, consecuencia de la pandemia y las tormentas, será mayormente visible en el 2021, y que muchas familias, al no abastecerse con suficientes granos básicos, se verán obligadas a migrar temporal o indefinidamente hasta captar los recursos necesarios para subsistir.
Repensando y replanteando
De cara a todas las dificultades afrontadas durante el año, las mujeres de las comunidades rurales en el occidente del país, se apropiaron de mecanismos que garantizaran para ellas y sus familias una mejor calidad de vida. Por ejemplo, AFOPADI logró instalar un mercado solidario itinerante con el propósito de favorecer el intercambio y apoyar a productores locales. Fortaleció liderazgos comunitarios delegados a las mujeres, como las Comisiones de Salud, y reforzó lazos con corporaciones municipales y organizaciones del movimiento social regional, además de abrir espacios radiofónicos para el abordaje de temas como Covid-19, violencia de género, agroecología, organización y articulación, entre otros.
Por su lado, la Pastoral Social de la diócesis de San Marcos participa en procedimientos para la auditoria social e impulsa la discusión de propuestas en beneficio de las economías campesinas.
En cuatro comunidades de San Marcos y dos de Quetzaltenango, Fundación Tierra Nuestra implementó un sistema de autoahorro para fortalecer la independencia económica de las mujeres, quienes se apropiaron del mecanismo y le dieron continuidad. “Este servicio también sirve para hacer préstamos y ellas deciden en qué gastan el dinero: educación, salud, producción…todas las compañeras se conocen, hay confianza y saben que la persona que llega a retirar dinero, lo va a devolver”, afirma la Fundación. Además, han implementado una normativa de multas por incumplimiento y esos fondos tienen una función social comunitaria. Están desarrollando un monitoreo a los programas Covid en donde, entre otros temas, se han analizado los criterios para la entrega del Bono Familia, que obligan al uso de energía eléctrica proveniente de empresas extractivas y los impactos de ello en comunidades en resistencia que no pagan estos servicios. Intensificaron la producción de alimentos en sus huertos y las actividades agropecuarias, entre otros.
Detrás de todos estos esfuerzos, el reto será sostener en el tiempo la comunicación y organización comunitaria, para así garantizar un desarrollo integral y con ello, el Buen Vivir sin depender del fallido Estado.
