Este mes de marzo el Instituto de la Víctima cumple seis meses de funcionamiento. Lo hace en medio de señalamientos contra su actual directora, Alejandra Carrillo, con una pila de expedientes heredados del Instituto de la Defensa Pública Penal y con el reto de ser la primera institución estatal de este tipo.
Francelia Solano / laCuerda
Durante años el Estado se ha hecho cargo, a través del Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP), de pagar la defensa al victimario que no tenga dinero para un abogado pero nunca prestó ayuda a las víctimas que se encontraban en la misma situación. Por eso fue creado el Instituto de la Víctima (IV).
Actualmente tiene dos sedes. Una en la zona 10 y otra en el Barrio Gerona, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. La institución fue creada en 2016 pero hasta 2020 fue puesta en marcha. Desde septiembre del año pasado ha atendido 4 mil 500 casos. 40% de ellos le fueron heredados por el IDPP.
Al frente, como directora, está Alejandra Carrillo, ex directora del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) y ex diputada del Partido Patriota y del Movimiento Reformador. Carillo fue nombrada en el cargo por el expresidente Jimmy Morales.
Alejandra Carrillo, exdiputada y directora del Instituto.
Muchos expedientes, poco personal
Según la Ley Orgánica Para La Asistencia y Atención Para La Víctima De Delito, que da vida al IV, este se centra en brindar atención integral a través de ayuda médica, social, psicológica y legal. Si bien el Instituto atiende a víctimas de cualquier delito, la mayor parte de la atención se brinda a mujeres y menores de edad que son víctimas de violencia o trata.
1 mil 777 expedientes que fueron trasladados del IDPP están relacionados con violencia contra las mujeres debido a que, con la creación de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer se abrió una sección en el IDPP a la que se remitía a las víctimas de estos delitos.
Todos estos archivos pasaron a las manos del área legal del IV que tan solo cuenta con 32 abogados que diariamente reciben nuevos casos. Cada abogado tiene 140 casos en su escritorio. Para una defensa estratégica y correcta; es una carga bastante pesada.
En apenas 6 meses de vida el IV sufrió una baja con la renuncia de 17 abogados, esto a causa de que les fueron asignados aproximadamente 50 casos a cada uno y debían ponerse al día en medio mes. A pesar de la deserción de una parte del equipo de trabajo, durante 5 meses el Instituto no contrató a más personal.
Sede del IV en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
La directora Alejandra Carrillo asegura que esta renuncia colectiva “no representa una parte importante del equipo. Por un lado fueron abogados que renunciaron y otros a los que no se les renovó su contrato”.
Además apunta que el promedio de casos que atiende un abogado son 50. Contrario a esta cifra, Rodolfo Díaz, jefe del área legal del Instituto, asegura que en promedio cada abogado maneja 100 casos.
Este mes de marzo 11 abogados más se sumaron al área legal.
Carrillo agrega que “50 casos que pueda llevar un abogado no es un exceso de trabajo porque no todos los días tienen audiencias”. También plantea que es mucho menos que los expedientes asignados a cada fiscal del Ministerio Público (MP) pues añade que pueden llegar a ser hasta 4 mil casos por fiscal.
El funcionamiento
La atención legal no se limita a seguir o querellarse en un caso en el sistema de justicia, sino también a brindar asesoría a cualquier persona que tenga duda de sus derechos y que haya sido afectada por algún delito. De hecho no es necesario poner una denuncia en el MP para recibir atención y el equipo legal del IV promueve que no se presione a las víctimas para que inicien una acción legal.
El IV también asume responsabilidades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) quien debería hacerse cargo de la salud mental de las víctimas.
Clínicas del IV para atención de la víctima.
Las personas suelen llegar al Instituto referidas por el MP, el MSPAS o la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Otras se acercan directamente a las oficinas o a través de redes sociales.
La atención siempre la brinda el equipo legal en compañía de una o un psicólogo para evitar la revictimización. De ser necesario también se asigna a una trabajadora social o personal médico para que pueda dar seguimiento al caso. El fin último de este acompañamiento integral es la reparación digna, ya sea a través de la sentencia de un juez u otra forma de compensación por el daño sufrido.
Actualmente asisten legalmente 4 mil 500 casos y ya han apoyado a casi 8 mil personas. Esto debido a que no solamente acompañan a las víctimas denunciantes, sino a las personas alrededor del círculo de la víctima que se han visto afectadas.
A decir de la entrevistada, los espacios de atención son apropiados y se atiende con prontitud. Además se puede gestionar apoyo en diferentes horarios pues funciona las 24 horas.
Los señalamientos que enojan a Carrillo
El pasado 1 de febrero elPeriodico publicó una lista de al menos 8 personas contratadas en el IV que son familiares de políticos. laCuerda consultó a Carrillo sobre dichas contrataciones, durante una visita al Instituto. Durante la entrevista mantuvo un tono de voz tranquilo y amable, pero su molestia fue evidente cuando se cuestionó sobre este punto.
Carrillo defendió las contrataciones asegurando que “el que tengamos familias, hermanos y esposos que se dediquen a la política no la hace a usted ni política, ni no apta para optar a un puesto”. Apuntó además que “Guatemala es chiquita y si alguien tiene relación de parentesco o amistad con alguien que se dedica a la política, o alguien que trabaja en el sector justicia, seguro van a coincidir. Incluso mi familia, pero eso no los hace ni mejores ni peores profesionales”.
Defendió la contratación de Yessica Ramirez, esposa del exjuez Mynor Moto, quien se encuentra pŕofugo de la justicia, asegurando que “ella conoce el trabajo en el sector justicia, conoce la atención a la víctima y llenó los requisitos. Ella optó, como optó cualquiera y la verdad es una muy buena abogada que forma parte del Instituto”.
Además, se interrogó a Carrillo por dos faltas que está cometiendo actualmente el Instituto. Las clínicas médicas no tienen licencia sanitaria y pese a tener farmacia no tienen ningún regente.
Vilma Rojas, directora del área victimológica, asegura que ya iniciaron las gestiones del registro sanitario y que los medicamentos que se administran y se suministran en la clínica no son medicamentos controlados y que, de ser necesario, van a contar con el regente correspondiente.
Carrillo, por su parte, asegura que en la clínica cuentan solamente con “lo que usted pueda tener en su casa, gasas, medicamentos para la gripe. Lo necesario para estabilizar a la víctima”.
En medio de las fallas, de los señalamientos de ser la nueva agencia de empleo del gobierno y la saturación de casos a los abogados del lugar, el Instituto de la Víctima ha llegado a 6 meses de funcionamiento, con un presupuesto de Q50 millones, no equiparables a los Q270 millones que tiene de presupuesto el IDPP.
El IV funciona las 24 y espera abrir sedes en Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez y una sede regional de Quetzaltenango. Este 8 de marzo también se inaugurará la sede en el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia I´xkem (MAIMI).
