En marzo, autoridades indígenas y campesinas se unieron en jornadas de plantones y caminatas para manifestar descontento por la opacidad y los vicios en la elección de las y los nuevos magistrados. Ahora que la Corte de Constitucionalidad (CC) quedó conformada, tienen temor de que exista retroceso en el reconocimiento de derechos fundamentales. Estos son algunos de los temas que despiertan inquietud y deberá conocer la nueva CC:
Kimberly López / laCuerda
1. Pueblos que exigen la devolución de sus tierras
En los últimos años, comunidades de Quiché y Chiquimula lograron sentencias históricas en el proceso de reclamo de derechos de propiedad sobre tierras que les han pertenecido ancestralmente. Según el abogado Carlos Peláez, especialista en litigios por tierras ancestrales, le corresponde a la nueva Corte dar seguimiento a al menos 11 casos similares.
Entre estos, 3 acciones interpuestas por el pueblo chortí, 4 por representantes q’eqchi’; y comunidades ubicadas en Nebaj y Uspantán. El problema es el mismo en todos los casos: familias indígenas que reclaman al Estado corregir las anomalías en los registros de cientos de caballerías de tierras que les pertenecen por derecho ancestral.
El panorama no es muy alentador, explica Peláez. Especialmente con la reciente creación del Observatorio de Derechos de Propiedad Privada, el cual estará integrado por representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Registro de la Propiedad y Ministerio Público. “Ese observatorio es una reacción en contra de la lucha de los pueblos indígenas tras resoluciones históricas de tierra”, señala Peláez.
Históricamente los reclamos de propiedad de la tierra han sido una de las principales exigencias de pueblos indígenas y comunidades campesinas. La nueva CC tiene el reto de fallar apegada a derecho y sin responder a presiones de los grandes grupos de poder.
2. Derechos de mujeres tejedoras
En 2018 y 2020, los cientos de mujeres que integran el Movimiento Nacional de Tejedoras Ruchajixik ri qana’ojbäl recibieron resoluciones favorables emitidas por la CC. Con sus fallos, los magistrados se inclinaron a favor del derecho de las mujeres indígenas en su lucha porque se reconozca su trabajo, la propiedad sobre sus tejidos y el respeto a su dignidad. No obstante, para ellas la lucha aún no termina.
En los próximos años, continuarán exigiendo sus derechos. Una de las asignaciones pendientes para esta nueva CC será conocer una ampliación interpuesta por la organización para exigir al Estado que no utilice la imagen de las mujeres tejedoras como objeto de comercialización y folklorización.
Angelina Aspuac, representante de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES) e integrante del Movimiento Nacional de Tejedoras, explica que la nueva Corte tendrá que conocer una ampliación de la sentencia emitida en 2020 en la que se realizó una exhortativa al Instituto Guatemalteco de Turismo para no folklorizar la imagen de las tejedoras. “Queremos que sea más contundente y se les llame la atención a que dejen esa forma de violencia contra las mujeres”, añade.
3. Criminalización a autoridades ancestrales
Otra de las preocupaciones con la integración de una nueva Corte es que existan retrocesos en el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Durante la magistratura saliente dos resoluciones respaldaron el derecho de promover, desarrollar y mantener el sistema jurídico indígena.
Por el momento hay dos casos pendientes relacionados con la criminalización de autoridades juzgadas por haber ejercido la justicia indígena en Ixcán, Quiché. En este caso hay señalamientos en contra de un líder comunitario por supuestamente haber retenido a una persona.
Según el Bufete para Pueblos Indígenas, no existe delito porque se ejerció la jurisdicción indígena y no corresponde a un acto unilateral de parte de la autoridad, haciendo valer la justicia y las formas propias de organización de los pueblos indígenas.
Otra nota que te puede interesar: En manos de la CC: el futuro de los casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos
4. Preocupación por consultas comunitarias
En 2018, el Consejo del Pueblo Maya presentó una acción de amparo ante la CC en contra de la Iniciativa «Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas conforme al Convenio 169», con el argumento de que para la formulación de dicha iniciativa de ley no se consultó a los pueblos indígenas.
En torno al tema existe una serie de litigios pendientes. En 2020, la CC determinó que la Minera CGN-Pronico quedaría suspendida, sin poder explotar la tierra hasta que el Ministerio de Energía y Minas cumpla con la consulta comunitaria que debía haberse realizado en 2005. Aunque resoluciones de este tipo han sido alentadoras para las comunidades, existe preocupación de que la nueva CC retroceda en ese ámbito.
El Bufete para Pueblos Indígenas percibe una amenaza inminente en el tema de consultas comunitarias. “Hubo un avance importante en casos como el de la mina San Rafael, en donde han parado el trabajo de las empresas hasta que no se haga la consulta, pero nos preocupa que el criterio pueda cambiar y que suceda lo que sucedió en el caso de la hidroeléctrica Oxec, en donde se les permitió seguir operando pese a la falta de consulta”, explican.
