El 14 de abril asumirán las nuevas magistraturas en la Corte de Constitucionalidad (CC). A las manos de Leyla Lemus, Dina Ochoa, Gloria Porras, Roberto Molina Barreto y Néster Vásquez llegarán diversos recursos legales. Las decisiones que tomarán en materia de política exterior podrían cambiar el rumbo que ha llevado la saliente magistratura. Puede pasar de ser contrapeso para el poder Ejecutivo, a ser un aliado más.
Francelia Solano / laCuerda
El papel de la CC
En un sistema con pesos y contra pesos, explica la ex vicecanciller, exembajadora y miembro de la sociedad civil, Anamaría Diéguez, “el presidente tiene la última palabra en política exterior pero debe haber un marco objetivo de valores que le ponga un límite”.
Ese límite lo debería poner primero el Congreso, que debe ratificar algunas decisiones pero que actualmente se encuentra plegado a los intereses del Ejecutivo. Luego, el siguiente contrapeso es la CC que, en caso de un amparo, ve si las decisiones del presidente son o no apegadas con las leyes vigentes.
La línea de este marco se desdibuja a partir de la cercanía del presidente y su entorno, con quienes integrarán la CC.Al respecto, Diéguez cuestiona:
“¿Qué podemos esperar de esta nueva CC? Que no exista ese sistema de contrapesos porque los magistrados que fueron nombrados tienen cuestionamientos en la forma de ser electos, en cuanto su anterior desempeño profesional o cuestionamientos sobre su idoneidad y honradez”.
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Jimmy Morales vs la CC
El gobierno de Jimmy Morales fue un ejemplo de cómo las decisiones de la CC en materia de política exterior pueden ser determinantes para el rumbo del país. Para Diéguez y para el politólogo Philip Chicola, cuatros son los casos paradigmáticos respecto al tema:
- En 2017 Jimmy Morales decidió declarar non grato a Iván Velásquez, quien dirigía la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ante esto la CC determinó que Velásquez no debía ser expulsado pues había un acuerdo internacional que respaldaba al comisionado.
- En mayo de 2018 la ex canciller, Sandra Jovel, solicitó la expulsión de Anders Kompass, embajador de Suecia en Guatemala, por considerar “injerencia extranjera” el apoyo que brindó la embajada a la CICIG. En esa ocasión la CC detuvo la expulsión, pidiendo al ejecutivo buscar una “solución amigable”.
- En enero del 2019 la CC decidió suspender la acción de Jimmy Morales, que buscaba terminar de forma anticipada y unilateral la misión de la CICIG. Cuatro de los cinco magistrados votaron por ello. Dina Ochoa, quien asumirá de nuevo este mes, fue la única a favor de la expulsión de la CICIG.
- En 2019, con la firma del Acuerdo de Tercer País Seguro entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, la CC decidió resolver a favor del recurso del presidente Jimmy Morales para darle continuidad al programa de asilo.
La Fuerza de Tarea
Con la salida de la CICIG en 2019, Estados Unidos le apuesta a una forma diferente de luchar contra la corrupción: la “Fuerza de Tarea Regional Anticorrupción”.
El gobierno del presidente Joe Biden busca implementar en Honduras, El Salvador y Guatemala este programa, el cual ha sido catalogado como “una misión de alto nivel del Gobierno de EE. UU”.
Chicola cree que es probable que los sectores que se oponen a la lucha contra la corrupción presenten amparos. Argumenta que debido a los antecedentes, se espera que utilicen algún recurso alegando “violación contra la soberanía del país” si vuelven a ver amenazados sus intereses.
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Sobre el programa aún no se sabe mucho. Por el momento, Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha dicho que el país norteamericano utilizará herramientas dentro de su sistema financiero y sus sanciones individuales para la lucha contra la corrupción.
En marzo de este año, cuando se anunció el mismo, se dio a conocer que el interés de Biden de implementarlo se debe a que dos de los gobiernos de la región pusieron fin a las misiones anticorrupción en su país: a la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
A raíz de esto EEUU también buscará dar apoyo a los entes investigadores de estos países. En este caso, podría ser la Fiscalía Especial Contra La Corrupción (FECI).
