¿Cómo se explica que quienes defienden el agua, los territorios, los derechos humanos y la vida estén enfrentando procesos penales, mientras que quienes roban de manera descarada los fondos públicos ni siquiera tengan una denuncia en el sistema? ¿Cómo no notar qué quienes han sido señalados varias veces por distintos delitos se escudan en sus cargos públicos y permanecen impunes?

¿Cómo se justifica que exista un índice de impunidad de 97 por ciento en los delitos de violencia contra las mujeres? ¿o de 98.75 por ciento en delitos vinculados con corrupción? ¿Qué le diremos a las futuras generaciones cuando nos inquieran por qué permitimos que se condenara a dos campesinos por robar pacayas y no a quienes aún hoy no nos pueden indicar #DóndeEstáElDinero que se aprobó para la Covid?

Solo se puede explicar diciendo que la justicia es selectiva y parcializada. A casi veinticinco años de la firma de los Acuerdos de Paz, el desgaste de la agenda democrática ha dejado la división de los poderes en pura formalidad o en documentación institucional. Son los recuerdos de una senda que pudo ser. El actual, siguiendo la tendencia en los últimos años, es un gobierno de grupos afines, de élites que arman y desarman a su antojo y de acuerdo con sus necesidades particulares. Se agrupan o se dispersan según lo que les interese en cada momento y contexto.

Incluso, desde que el “pacto de corruptos” se conformó y fortaleció, estas lógicas se han exacerbado hasta llegar a límites inimaginables. El vetusto pero resistente poder de la elite empresarial, que persiste en su lógica de acumulación por despojo y que ha generado que Guatemala sea la sociedad más desigual de la región, no está dispuesta a ceder un ápice en la defensa de sus intereses. Y, si a eso se le suma el poder desplegado por el crimen organizado, se genera un combo mortal. Uno de los espacios que tomaron para sí, aniquilando cualquier esperanza de hacer funcionar la reforma planteada en los Acuerdos, fue el de la justicia, convirtiéndola en un espejismo –o en una ficción– para los sectores más vulnerables del país.

Así como está, el sistema de Justicia funciona para favorecer la opacidad, los intereses particulares de las elites y para promover la impunidad. Eso sí, castiga con todo el rigor y criminaliza, utilizando el marco legal como se le da la gana, a quienes defienden la vida o a aquellas personas que orilladas a sobrevivir se ven obligadas a tomar lo que es suyo y les ha sido expoliado.