En Huehuetenango un grupo de mujeres denuncia criminalización por ejercer su derecho a fiscalizar la instalación de una antena telefónica. Esta es su historia.
Jody García / laCuerda
En 2016 un grupo de vecinas y vecinos de la zona 4 del municipio de Huehuetenango, Huehuetenango, se reunió para cuestionar al alcalde Jerónimo Martínez por los permisos legales que permitían a la empresa SBA Torres, Sociedad Anónima, instalar una antena de telecomunicaciones frente a un centro de salud y cerca de un establecimiento educativo.
Dina García, Flor Dilia Hidalgo, Norma Hidalgo, Evelyn González y Orfelina Gómez, vecinas del municipio, estaban entre las decenas de personas que participaron en las reuniones en las que exigieron ver la licencia de construcción para la empresa.
“Tuvimos varias audiencias con el alcalde Jerónimo Martínez. La última fue en el salón municipal y nos dijo que mientras ellos (la empresa) no hicieran una asamblea con los vecinos, él no iba a autorizar ninguna licencia de construcción”, relata Dina García.
Dicha asamblea nunca se realizó y mientras tanto, la empresa llevó el caso hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), donde presentó un amparo porque la municipalidad le negó la licencia de construcción.
La empresa dijo a la CC que la municipalidad estaba violando su derecho de petición al no otorgarle los permisos. La alcaldía respondió a la Corte que SBA Torres no siguió el procedimiento establecido.
Al mismo tiempo la municipalidad publicó un acta en el Diario de Centroamérica donde el representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), Rubén René Félix dijo que no se oponían al desarrollo y a la tecnología sino que buscaban que en la instalación de todo tipo de equipos de telecomunicaciones, las comunidades fueran consultadas.
El COCODE también señaló a la empresa de no cumplir con los requisitos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Otro de los argumentos fue que ese tipo de antenas pueden ser dañinas para la salud y deben ser instaladas lejos de centros urbanos.
En esta misma acta, la municipalidad estableció que previo a la instalación debía hacerse una consulta comunitaria.
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El contexto
En 2015, una alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder aprobó la Ley de Telecomunicaciones, conocida como Ley Tigo, que le daba a las empresas el permiso para instalar torres de telefonía en propiedad pública y privada sin solicitar permisos a las municipalidades. Quien se opusiera podría ser acusado de cometer perturbación a la instalación o reparación de equipo de transmisión de datos.
Un año después, la CC declaró inconstitucional esa ley pero el daño ya estaba hecho. Mientras estuvo en vigencia, dos mujeres de Quetzaltenango, Fabiana Menchú y Carolina Cabrera, de 63 y 57 años, fueron capturadas por oponerse a la instalación de una antena en su comunidad.
A pesar de que ambas argumentaron que solo hicieron valer el derecho a defender sus territorios, fueron ligadas a proceso por un delito que contemplaba de 6 a 10 años de cárcel. Plaza Pública documentó que el Ministerio Público (MP) pidió cambiarles el delito a amenazas y coacción a cambio de que aceptaran su culpabilidad. Esto fue a través de un procedimiento llamado criterio de oportunidad.
Ambas aceptaron su responsabilidad para salir más rápido del proceso y porque implicaba menos gastos económicos.
El nuevo caso
De vuelta en Huehuetenango, SBA Torres instaló la antena de telecomunicaciones, pero debido a las manifestaciones de la población, no está funcionando. La empresa también tomó otras acciones y denunció a las vecinas Dina García, Flor Dilia Hidalgo, Norma Hidalgo, Evelyn González y Orfelina Gómez, de atentado contra los servicios de telecomunicaciones (un delito que contempla de 6 a 10 años de prisión) instigación a delinquir (1 a 4 años de cárcel), e interrupción o entorpecimiento de comunicaciones, (2 a 5 años de cárcel).
“Al inicio éramos un grupo grande de más de 200 personas, pero por las demandas los vecinos se han ido retirando. Todavía tenemos apoyo pero ya no es el mismo que al inicio, por lo mismo, por temor a las represalias”, relató Dina García a laCuerda.
El efecto de estas demandas también es la neutralización de la organización comunitaria para protestar y defender sus derechos.
“Lo hacen para que uno tenga miedo y ya no se oponga a la instalación de las antenas, para que uno se retire. Ya tenemos miedo. Hay una persecución contra nosotras de parte de la empresa. Nos amarran las manos para que no podamos defender los derechos que como personas nos corresponde”, dijeron Orfelina Gómez y Norma Hidalgo.
Juanita Pérez, abogada del grupo de mujeres, explicó que el caso está criminalizando a la comunidad ya que no hay indicios de que las mujeres cometieron un delito.
“La comunidad estaba ejerciendo su derecho a la resistencia, a exigir el cumplimiento de esos procedimientos administrativos que deben acatar las empresas al momento de instalarse”, explicó.
La audiencia de primera declaración de este caso está programada para el 17, 18 y 19 de mayo.
