Durante los últimos dos años, la Procuraduría de Derechos Humanos ha trabajado con Q20 millones menos de lo que, por ley, le corresponde. La reducción de presupuesto fue una decisión arbitraria tomada por el Congreso de la República que se niega a cumplir con la asignación presupuestaria. “Su mala fe ya se convirtió en un delito”, dice el procurador Jordan Rodas, refiriéndose a quienes legislan y para quienes él solicita que se deduzcan responsabilidades penales por esta asfixia financiera.
Kimberly López /laCuerda
El próximo año, Jordan Rodas Andrade entregará el cargo como titular de una de las instituciones más golpeadas en los últimos años: la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). En toda su gestión, explica, se ha enfrentado a la mala fe del funcionariado de los tres poderes del Estado.
Ataques mediáticos, noticias imprecisas y ahogamiento financiero, son parte del asedio que desde los poderes del Estado se ha puesto al trabajo de vigilar el cumplimiento de derechos humanos.
Cansado de la situación y también al borde de un colapso desastroso, Rodas pide ayuda. La crisis financiera es una bomba de tiempo que hará colapsar a la Institución en los próximos tres meses.
¿Qué está en riesgo con esto? Básicamente, nuestros derechos humanos. En esta entrevista con La Cuerda, Rodas detalla la crítica situación.
Fotografía: Carlos Sebastian
¿Desde hace cuánto tiempo tienen la preocupación de que exista un colapso en la institución?
Ha sido un problema durante toda la gestión, prácticamente. El presupuesto para PDH no ha cambiado. De forma malintencionada e ilegal la anterior legislatura quiso rebajar el presupuesto de Q120 millones a Q100 millones. Luego la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso trasladar el presupuesto que corresponde. Todo esto nos demuestra que hay una mala fe en no querer cumplir, pero la mala fe ya se convierte en delito, por eso he pedido a la CC que certifique lo conducente porque hay que deducir responsabilidades. No puede ser que el Organismo Legislativo, que debería ser ejemplo en cumplir resoluciones judiciales, se comporte de esta forma.
Solo hasta agosto podremos cubrir salarios, servicios básicos, arrendamientos. Es indignante tener que limosnear dinero para la PDH cuando por otra parte hay derroche de dinero. A eso se suma que vemos un sistema de justicia cooptado que les da la libertad a muchas personas de hacer su voluntad.
¿Cómo han enfrentado la falta de presupuesto?
No somos una gran institución pero, por ejemplo, antes teníamos 11 asesores y al día de hoy solamente tenemos 4. Se siente el impacto. Dada la situación del país, se requiere que estemos presentes en muchos lugares pero cada vez se hace más difícil porque tenemos que contener el gasto.
¿Cómo debemos entender los ciudadanos los constantes ataques y la asfixia financiera de la institución?
Están vulnerando los derechos de la ciudadanía. Todos estamos sujetos a que nuestros derechos sean vulnerados. Nosotros, en PDH, somos la última instancia a la que las personas recurren, buscan que la institución pueda ayudar a que sus problemas sean atendidos. Y eso cada vez se vuelve más difícil sin recursos. Hemos querido ampliar nuestra presencia a los lugares más lejos del país, en donde hay conflictividad por tierras o proyectos extractivos, pero se vuelve imposible con esta asfixia. Apenas podemos sobrevivir, cada mes es un desafío para pagar salarios.
Recordemos que hasta Otto Pérez Molina ha pedido el acompañamiento de la PDH. También lo hizo el coronel Juan Chiroy. No es una institución de ideologías. Muchos diputados han pedido nuestro apoyo cuando sienten vulnerados sus derechos, pero por otro lado, nos quitan el oxígeno financiero.
¿Siente el respaldo de alguna autoridad electa u órgano del aparato estatal?
De ninguno. Esperamos que en su momento, el Ministerio Público (MP) cumpla con toda objetividad ante la desobediencia evidente del Congreso. Yo esperaría acciones penales concretas. Ellos quisieran condicionar a partir de lo financiero el trabajo del procurador. Si yo respondiera a eso, no podría plantear amparos contra el Congreso por limitar el trabajo de la prensa, o contra Jimmy Morales por vulnerar derechos humanos como la libertad de expresión. Lo que buscan es un silencio cómplice.
¿Cuál ha sido el trato de parte del presidente Alejandro Giammattei?
Prácticamente estamos ante un régimen autoritario. Yo recuerdo una escena en el Parque de la Industria. En esa ocasión, el presidente Alejandro Giammattei se refirió de forma abusiva a la defensora Zulma Calderón y la procuradora adjunta Claudia Maselli, les dijo “mandaderas”. Les pidió que me dijeran a mí que me cambiara el nombre, que me pusiera “Amparo” y que trabajáramos todos juntos por Guatemala. El Presidente quisiera tener un peón, un servidor que se pronunciara a su favor.
Durante la pandemia, la PDH ha supervisado la situación en hospitales y centros de atención. ¿Qué podría pasar con un colapso de la PDH en medio de una crisis de salud?
No vamos a poder cumplir nuestro mandado. Es un rol muy incómodo porque implica dar a conocer la situación del sistema de salud. Somos un problema para ellos. Muestra de eso es que se han negado a apoyar, con vacunación, a nuestro personal que hace verificaciones. Con ese ejemplo se ve la mala fe hacia el trabajo que realizamos. Prácticamente en toda la pandemia hemos trabajado sin plata y sin vacunas.
