Jóvenes desaparecidos, mujeres violadas, niños y niñas torturadas. Esos relatos se escucharon en siete días de audiencia del caso Diario Militar. El juez ordenó al Ministerio Público investigar la desaparición y ejecución extrajudicial de al menos 183 personas.
Jody García / laCuerda
“Tenés dos opciones: colaborar con el ejército o la muerte”.
Este fue el inicio del relato de Carmen Gómez, una mujer que en los años 80, durante el conflicto armado interno en Guatemala, fue detenida sin orden de juez y llevada a un centro clandestino a cargo del Estado Mayor Presidencial (EMP). Allí fue torturada y violada por un grupo de doce militares.
Su relato fue leído por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien el 1 de junio pasado inició la primera declaración del caso.
El Diario Militar es un archivo que registra los perfiles de 183 personas que fueron capturadas de forma ilegal, sometidas a torturas, violaciones y desaparición forzada.
La declaración de Carmen y la de más de cien testigos y sobrevivientes de la violencia documentada en el Diario Militar, así como documentos desclasificados y fotografías robot, fueron parte de los indicios que el juez Gálvez consideró para ligar a proceso a seis militares retirados.
Luego de siete jornadas de audiencia, Gálvez ordenó a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) investigar a José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virginio de León Sigüenza por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad; a Enrique Cifuentes De La Cruz, Edgar Corado Samayoa y a Jacobo Salán Sánchez por los mismos delitos más asesinato y asesinato en grado de tentativa; y a Rome René Lara por asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad.
Cuando el juez resolvió, en la sala de audiencias se escucharon cuetes que quemaron familiares de las personas desaparecidas que figuran en el Diario Militar, quienes frente a la Torre de Tribunales pegaron carteles con fotografías y colgaron una manta con la frase “Confiesen, ¿dónde están?”.
Testigos y ubicaciones
Este es uno de los casos más grandes que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos del MP. En noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al Estado de Guatemala investigar el contenido del Dossier de la Muerte, como también se le conoce. A partir de esa fecha los fiscales han recibido la declaración de decenas de sobrevivientes, testigos y familiares de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.
Elena Sut, de la Fiscalía de Derechos Humanos, explicó que existen declaraciones de personas con datos bajo reserva que identificaron a los seis militares retirados y recordaron haberlos visto en centros de detenciones clandestinos, puntos de tortura y en la misma sede del EMP.
“Los testigos los ubican y dan cuenta de las fechas de actuaciones, de los lugares. También se han realizado fotos-robot de las personas que les propinaron actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo Sut.
Uno de los casos que se detallaron, en el cual se aportaron fechas y ubicaciones exactas, es el de Carmen Gómez, quien fue capturada porque el ejército la declaró enemiga del Estado. Esta misma estrategia fue aplicada a cientos de personas, aunque no estuvieran involucradas en ninguna organización que fuera considerada aliada a la guerrilla.
Carmen fue detenida y llevada a un centro clandestino donde la desnudaban y electrocutaban para que diera información de sus familiares y conocidos. En su declaración, que fue leída por el juez Gálvez, dijo que todas las tardes era violada por al menos doce hombres. El de mayor rango, quien era llamado El Jefe, era el primero.
“A ustedes, las mujeres que están en esto, les gusta hacer estas cosas. Quiero que me hagas sexo oral y que se lo hagas a todos los que quieran”, le decía y cuando ella estaba muy herida le gritó: “ya no nos servis para el sexo, ahora nos vas a lavar la ropa”.
Semanas después Carmen fue liberada pero la pesadilla no acabó. Fue perseguida durante dos años hasta que fue exiliada a Canadá.
Las y los niños
En los años 80 en Guatemala jóvenes, adultos, mujeres, niñas y niños fueron víctimas del ejército. El Diario Militar documenta que 28 niñas, niños y adolescentes fueron sometidos a torturas y todo tipo de violencia. También 4 mujeres embarazadas. En su resolución el juez Gálvez hizo referencia al relato de Wendy Santizo Méndez, quien tenía 9 años cuando se encontró por primera vez con el ejército.
“Ella dijo que iba con su hermanito de la escuela. Se fueron corriendo para su casa y cuando llegaron había un grupo de personas de civil que le dijeron que eran militares. Agarraron a los dos niños para que dijeran dónde estaba su papá y su mamá. A ella la llevaron a un cuarto, uno de ellos la tiró a la cama, le empezó a tocar las piernas y se puso encima de ella. Ella sintió un dolor muy fuerte y luego vio que sangraba de sus partes”, leyó el juez.
Los sindicados son hombres mayores de edad que en los años 80 fueron parte del ejército. José Daniel Monterroso Villagrán, alias “Lengüita”, fue técnico oficinista del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). Tenía rango de sargento mayor especialista y trabajó en la Policía Militar (PM).
Enrique Cifuentes de la Cruz, alias “Miquillo”, fue Sargento Mayor Especialista; Rome René Lara, alias “El Carnitas”, fungió como Sargento Mayor Especialista; Jacobo Salán Sánchez, como Subjefe de la Escuela de Adiestramiento Kaibil y Edgar Coronado Samayoa, alias “Diablo”, como conductor de vehículos.
Todos habrían sido parte de esta estructura de agentes del EMP que según el MP ejecutó operativos ilegales y clandestinos.
La panel blanca
En los años ochenta, estructuras clandestinas del ejército utilizaron un vehículo conocido como “la panel blanca” para secuestrar y desaparecer personas consideradas enemigas del Estado. En las audiencias se escucharon los relatos de personas y testigos que estuvieron allí.
Uno de los casos que presentó el MP fue el de Rubén Amílcar Farfán, hermano de Aura Elena Farfán, una de las fundadoras de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).
Rubén era estudiante universitario y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos, donde también laboraba. Su fotografía aparece en el Diario Militar, con los datos del día y el lugar donde fue trasladado en la panel blanca a la antigua sede de la Escuela Politécnica, que funcionaba como un bunker donde decenas fueron torturados.
Entre las declaraciones de los testigos hay relatos de personas que veían la panel llena de sangre y otras que escucharon cómo los militares se burlaban de las personas capturadas y torturadas. Estos relatos son confirmados por ex miembros de la Policía Nacional (PN) que se convirtieron en testigos.
Lo que viene
Esta es solo la primera parte del caso, ya que hay otros seis militares retirados que por motivos de salud y distancia no fueron trasladados a la audiencia. Ellos tienen pendiente la audiencia de primera declaración.
Fotografía: Cejil
