Cuatro jueces de tribunales de mayor riesgo dejaron su despacho para presentar un memorial a la Fiscal General Consuelo Porras. En los últimos meses las amenazas en contra de su independencia judicial y su seguridad han aumentado.
Jody García / laCuerda
Usualmente son fiscales quienes a diario se movilizan hacia los juzgados, pero esta mañana, en una conferencia de prensa inusual, cuatro de las y los más importantes jueces del país, se presentaron en la sede del Ministerio Público (MP) para denunciar el incremento de los obstáculos a su trabajo.
Erika Aifán, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, son titulares de juzgados y tribunales de mayor riesgo, donde conocen los casos de más alto impacto de Guatemala. Los cuatro firmaron un memorial para pedirle a la Fiscal General Consuelo Porras, que desestime los casos sin fundamento y que avancen las denuncias que ellas y ellos mismos han presentado por el acoso y amenazas que están sufriendo.
“Este montón de denuncias que existen en el MP vienen a constituirse en una forma de hostigamiento”, dijo la jueza Erika Aifán.
Las y los jueces denunciaron que el MP excedió el plazo razonable para tomar acciones en esas denuncias ya que, según la ley, los expedientes deben ser analizados en un plazo de 20 días para determinar si hay motivos que ameriten una investigación. La primera denuncia es de 2012.
“Habiendo excedido, desde nuestro punto de vista, el plazo razonable que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hemos pedido a las fiscalías que tienen estas causas la desestimación de las mismas, pero no hemos encontrado una respuesta”, agregó la jueza Aifán.
Aunque los casos en contra de las y los jueces llevan años abiertos, las denuncias que presentan para que se investigue el acoso que están viviendo, son cerradas en menos de 20 días.
El juez Pablo Xitumul señaló que 10 de 12 denuncias que él presentó han sido cerradas sin fundamento.
“Las denuncias en contra nuestra las tienen ahí para hostigarnos, amedrentarnos, para mantenernos en zozobra y como una presión psicológica para que no resolvamos de la mejor manera los casos a nuestra competencia”, dijo Xitumul.
Te podría interesar: Diario Militar: relatos de tortura y recuerdos de una panel manchada de sangre
Control y persecución
Pero no son solo denuncias y papeles olvidados en el MP. Las y los jueces están siendo perseguidos por vehículos sin placas y hombres armados, personas en las calles les vigilan y toman fotografías. Se desconoce quién está detrás de estos actos porque el MP no ha investigado. La jueza Aifán presentó una denuncia por esos hechos y la respuesta del personal fiscal fue que no podían identificar los carros por la misma falta de placas.
Sin embargo, Aifán, Gálvez, Barrios y Xitumul consideran que los seguimientos, el acoso y la falta de respuesta del MP es parte de una estrategia que involucra a autoridades del Estado.
La jueza Yassmin Barrios dijo en la conferencia de prensa que la División de Protección de Personalidades de la Policía Nacional Civil, pidió un informe detallado y diario de todos los movimientos que ella realice. No sé sabe con qué motivo, pero la jueza considera que esto la pone en peligro.
“Esto significa que están violentando mi independencia judicial pero también poniéndome en peligro», señaló la jueza Barrios.
Por su parte, el juez Miguel Ángel Gálvez denunció que ha sido hostigado con personas armadas y que no han visto una respuesta activa de parte del Organismo Judicial (OJ).
Te invitamos a leer: 21 capturados en Chicoyogüito: “No estaban invadiendo, estaban haciendo una marcha pacífica”
“Me han dado seguimiento algunas personas. Eso es atentar contra la independencia del OJ y lo ponemos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que son los que tienen que velar para el ejercicio de la independencia judicial”, dijo Gálvez.
Aifán, Gálvez, Barrios y Xitumul cuentan con medidas cautelares de parte de la CIDH, que ya reconoció que en los últimos años su trabajo ha estado sujeto a más presiones.
