Kimberly López / laCuerda

El 15 de enero de este año, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) informaron que junto con 54 representantes de Parlamento Xinka, tomaron la decisión de programar para el 20 de abril la consulta comunitaria sobre el proyecto minero El Escobal, a cargo de la compañía canadiense Pan American Silver, que quedó suspendido tras una resolución emitida en 2017 y ratificada en 2018 por la Corte de Constitucionalidad (CC). 

La suspensión no fue arbitraria. Ni la empresa ni el MEM cumplieron con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el cual establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que respecta a su proceso de desarrollo, especialmente cuando se vean afectadas sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. 

Según el último censo poblacional (2018), 264 mil 167 personas se identificaron como parte del Pueblo Xinka. Es decir, el 1.77 por ciento de la población total. A pesar de eso, hasta 2017 las comunidades xinkas lucharon por defender, ante el MEM y la empresa minera, su existencia y su legitimidad como pueblo indígena. 

La lucha de las comunidades comenzó en 2009, cuando tuvieron conocimiento del proyecto minero de tales magnitudes. De inmediato cuestionaron por qué ni la empresa ni el gobierno les consultaron sobre esto. 

En 2010, una de las respuestas del MEM fue que era absurdo solicitar una consulta por una licencia minera, si nadie solicita permiso para una licencia de conducir, recuerda Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca y representante de las comunidades en este caso. La resistencia del Estado a reconocer los derechos de la población xinka, despertó un malestar generalizado y desató movilizaciones, plantones y acciones legales. 

Durante años, relata Jiménez, miles de pobladores se organizaron para realizar manifestaciones y plantones en contra de la implementación de un proyecto del cual no estaban informados ni habían sido consultados. Según el Parlamento Xinka, la mina afecta el territorio, la cultura y la espiritualidad de las comunidades xinkas de Jalapa, Mataquescuintla, San Carlos Alzatate, San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima. 

La represión contra ellos no se hizo esperar. 

¿Qué ordenó la CC? 

En 2018, la resolución emitida por la pasada magistratura de la CC fue histórica, porque además de reconocer el error del Estado, también confirmó la existencia del Pueblo Xinka que tanto negaron el MEM y la empresa minera. Así mismo, reconoció la validez del Parlamento Xinka como órgano de vital importancia para la defensa de los derechos indígenas. 

En principio, la resolución ordena acatar lo establecido en el convenio 169 de la OIT. De esa cuenta, se debía permitir a las comunidades realizar una consulta para opinar sobre la conveniencia de la mina. Ese fue un avance muy importante tomando en cuenta que en 2013 el Pueblo Xinka sufría una criminalización de parte del gobierno, por su lucha como pueblo. “También fue la primera resolución en Centroamérica que suspendió un proyecto minero que ya se encontraba en desarrollo”, explica el abogado. 

Sumado a eso, la resolución también emitió una exhortativa para obligar al Congreso a emitir una ley que pueda regular los procesos de consulta comunitaria. De esa forma se establecería el marco legal para estos procedimientos.  El Congreso fue notificado de esto en marzo y cuenta con tres meses para presentar una iniciativa de ley al respecto. 

Criminalización, asesinatos y abusos sexuales 

Desde 2010 a la fecha, la población xinka no ha dejado de denunciar abusos de parte de las fuerzas armadas en Santa Rosa.  Lideresas y líderes comunitarios han sido objeto de denuncias y ataques constantes por promover manifestaciones contra el proyecto. 

Desde hace años, explica el abogado del caso, “empezamos a promover consultas”. Ante la negativa del gobierno, se llevaron mesas de diálogo en las que se trató de insistir en el tema. Pero no hubo respuesta. En ese proceso, los comunitarios han soportado desde denuncias falsas en su contra hasta intentos de asesinato. En el caso de la mina El Escobal cinco personas han sido asesinadas, entre ellas una menor de edad, quien era lideresa de la organización de jóvenes en resistencia a la minería.

Los relatos son varios. Todos impresionantes, tanto por el nivel de violencia y también porque han quedado en impunidad. Por ejemplo, el caso de Luis Fernando García, uno de los líderes que participará en el proceso de preconsulta. A Luis Fernando un agente de seguridad de la mina le dio un tiro con la escopeta, directo en su cara. No murió. Vive, pero sin la capacidad de escuchar ni sentir sabores. 

Organizaciones como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) han documentado la sistemática criminalización y represión a personas de todas edades. Según las comunidades, dicha represión ha venido de los agentes de seguridad de la mina y también de la Policía Nacional Civil. “En uno de nuestros plantones, muchas personas fueron golpeadas por la policía, agarraron a un señor, le dispararon en las rodillas y lo obligaron a entrar a la mina y dentro obligaron a las dos señoras a cargar ladrillos, y mientras lo hacían las golpeaban”, relata el abogado. Historias como esta se volvieron cada vez más frecuentes para las comunidades xinkas. 

El camino a la consulta comunitaria 

Según el MEM, la fase de preconsulta se llevará a cabo según un cronograma de aproximadamente tres meses. Los plazos estimados por el MEM, en conjunto un proceso de consulta y de preconsulta de los proyectos, en general abarca seis fases, además de labores administrativas. Entre todas las fases que supone puede durar hasta 22 meses. 

Por largo que sea el proceso, la población xinka está dispuesta a participar en todas las fases y mantener su postura. “Acá estamos los xinkas para hacer valer nuestra voz”, es la principal consigna del Parlamento Xinka.