Rosario Orellana / laCuerda
“Des-hilar la crisis, tejer futuros”, un estudio de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), da cuenta del impacto de la Covid-19 en las defensoras de la vida y, la forma en que los Estados han llevado a las poblaciones “al límite de la sobrevivencia”, mientras fortalecen e instalan prácticas autoritarias y estrategias de miedo y silencio.
En el informe se describe como “sindemia” a la mezcla entre los problemas preexistentes en cada territorio y el mal manejo de la crisis sanitaria; término acuñado por el antropólogo médico Merrill Singer en los años noventa, que se refiere a la interacción de “dos o más enfermedades de tal forma que causan un daño mayor que la mera suma de éstas”1… “está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que hacen que la población sea más vulnerable”.2
Por ejemplo, la pobreza y pobreza extrema eran condiciones preexistentes en la región que se agudizaron con la llegada del virus. Según la CEPAL, al final de 2020 se registró un retroceso de 15 años en los índices de pobreza, afectando, al menos, a 231 millones de personas, y de 30 años en pobreza extrema, alcanzando a 96 millones.
Las múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres, son otro factor agravado en el contexto de pandemia en Mesoamérica. Debido al confinamiento, para muchas incrementó la carga de trabajo doméstico y de cuidado, además de otras formas de agresión que provocaron, específicamente en Guatemala, al menos 140 muertes violentas de mujeres entre marzo y junio de 2020, según datos del INACIF, de las cuales el Ministerio Público (MP) tipificó 57 como femicidios. El Grupo Guatemalteco de Mujeres, contabilizó, en el mismo periodo, 83 femicidios.3
La Covid-19 también desnudó la precariedad en el sistema de salud. Supervisiones hechas por la Procuraduría de Derechos Humanos y medios de comunicación, evidenciaron el desabastecimiento de medicamentos, la falta de espacios especializados para atención de casos graves, deficiencias en los sistemas de oxígeno, sin olvidar la falta de insumos y equipo para personal médico y de enfermería. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registra 8 mil 416 muertes por Covid-19, entre marzo 2020 y junio 2021.
Como si fuera poco, el acoso y criminalización de las comunidades que resisten frente a proyectos extractivos, y el hostigamiento e intimidación a las voces críticas, se hacen cada vez más frecuentes.
Según el análisis de IM-Defensoras, el mensaje de los gobiernos ha sido claro. Pese a que “poner los derechos humanos al centro” era prioridad para mitigar los efectos de la emergencia, sus intereses particulares y económicos inclinaron la balanza, aunque esto significara muchos riesgos para las mayorías.
A mayor limitante, mayor rebeldía
La IM-Defensoras realizó un mapeo con 475 defensoras de cinco países, 84 de ellas de Guatemala. Al menos en el 37 por ciento de los territorios, existe desabasto de alimentos y crisis económica, generando que cuatro de cada diez mujeres tengan dificultades para asegurar ingresos suficientes que cubran sus necesidades básicas y de las personas a su cargo.
En el 28 por ciento de los territorios se decretó toque de queda y esto tuvo un fuerte impacto “en las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos, de organización comunitaria, de denuncia y movilización pública”, aumentando los riesgos para quienes acompañan a los grupos.
Entre marzo y noviembre del 2020, incrementaron un 123 por ciento las alertas, evidenciando que la labor de defensa está bajo la lupa de las alianzas criminales enquistadas en los espacios de poder.
En 2020, UDEFEGUA registró 1,055 agresiones contra comunidades y defensoras, la cifra más alta en 20 años.
En el mismo período, la IM-Defensoras reportó al menos 15 asesinatos de defensoras en la región, ocho de ellas promovían los derechos para las comunidades LGBTI+; denunciaron también las detenciones arbitrarias. La UDEFEGUA contabilizó 72 detenciones ilegales y 17 asesinatos.
A pesar de la incertidumbre generada por el contexto y la falta de garantías para resguardar su integridad, aproximadamente 73 por ciento de las defensoras lograron activarse en entornos individuales y en comunidades cercanas. Ajustaron acciones para sostener la economía familiar a pesar de la distancia y las restricciones de movilidad, como los préstamos, el trueque y la creación y venta de productos naturales; reconocieron y difundieron prácticas ancestrales para proteger su salud; crearon redes de apoyo para el cuidado de niñez y personas adultas mayores, además de casos de violencia de género. También activaron redes de sanación. “Sanar es un acto de justicia”, concluyó Yesica Trinidad de la Red de Defensoras en Honduras.
Comunicadoras, defensoras de la verdad
Guatemala no es un ejemplo de libertad de expresión y libertad de prensa. Reporteros sin Fronteras ubica en 2021 a Guatemala en el puesto 116 de 180 países catalogados, mostrando cómo el ejercicio no cuenta con métodos de protección hacia quienes informan.
Según el Observatorio de los Periodistas, durante 2020 se documentaron 149 casos de agresiones. Datos del MP destacan crímenes contra la vida, censura desde los poderes locales, amenazas y ataques a comunicadoras departamentales y restricciones durante la cuarentena.
El acoso sexual y campañas de desprestigio son mecanismos para obstaculizar el ejercicio profesional de las mujeres, y no cuentan con el respaldo de redes de soporte en los medios o con compañeros hombres.4
Actualmente destaca la criminalización contra las comunicadoras Anastasia Mejía por supuesta sedición en Quiché; la periodista Norma Sancir, quien fue capturada durante la cobertura de una manifestación en Chiquimula y su caso sigue impune; además de los ataques virtuales a las periodistas Michelle Mendoza, Jody García y Francelia Solano, que a todas luces son represalias por las denuncias a través de medios de comunicación.
Por ello, en un contexto represivo es necesario y urgente exigir la protección y resguardo de quienes defienden los derechos humanos y fiscalizan a los gobiernos que impiden alcanzar vidas digas y libres.
A la población le toca defender su derecho a estar informada y a manifestar su descontento en caso de que el Estado no lo garantice. Para la emancipación, necesitamos comunicación.
