Silvia L. Trujillo/laCuerda
Para Margarita Valenzuela la madrugada del miércoles 4 de febrero de 1976 será inolvidable. Su casa, al igual que otras 258 mil aproximadamente, se derrumbó con el terremoto de magnitud de 7.5 grados que sacudió al país mientras la gente dormía. Cuando le pregunté ¿cómo comenzó tu lucha por la vivienda? Ella recordó ese momento trágico, tenía diez años, su familia, así como más de un millón de personas se quedaron sin hogar.
“Recuerdo que nos mandaron al Campo Marte, éramos muchas personas viviendo así y en algún momento comenzó la reconstrucción. Hubo que abrir zanjas y una serie de tareas porque todo el mundo participaba en la edificación. Luego se sortearon las casas y presencié cómo mucha gente no se vio favorecida y se quedó sin vivienda”. Ese recuerdo es uno de los motores de su lucha, el dolor de la gente que no tiene donde vivir.
El Banco Nacional para la Vivienda (BANVI), creado en 1973, fue el ente encargado de impulsar la construcción de vivienda de bajo costo para que las personas damnificadas tuvieran acceso a un lugar donde vivir. Pero no lo logró, a pesar de que, según una investigación del Centro de Estudios Urbanos y Rurales de la Universidad de San Carlos, orientó todo su accionar a tratar de resolver los problemas causados por el terremoto de 1976.
“El BANVI tuvo bastante auge en algún momento porque daba viviendas a bajo costo y a bajos intereses, pero como eso no le convenía ni a los bancos ni a la Cámara de Construcción entonces lo hicieron quebrar” afirma Margarita categórica.
Pasaron 20 años, terminó el conflicto armado y se firmaron los Acuerdos de Paz. En ese mismo año, “floreció más la cuestión de los asentamientos humanos y había recuperaciones de tierras”, recuerda la entrevistada. En esa coyuntura el BANVI fue sustituido por el Fondo Guatemalteco para la Vivienda, que luego sería reemplazado por el Fondo para la Vivienda.
En 1996, también se discutió en el Congreso de la República la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos (Decreto 120/96), y marcó el inicio del involucramiento de Margarita en la lucha por el acceso a vivienda digna, “desde ese año me sumé junto con otras personas en la recuperación de tierras del Estado y de otras tierras ociosas que no tenían ni nomenclaturas, eran excedentes de fincas que estaban en lotes baldíos, algunas eran basureros. Eran tierras que nunca habían sido ocupadas”. Tres años después “yo vine a vivir al asentamiento donde aún vivo. Antes de poder instalarnos sufrimos cuatro desalojos. Fue una larga lucha poder quedarnos, hacer nuestras covachas de madera, lámina, cartón o lo que fuera. Tener un espacio donde vivir ha significado mucho esfuerzo”, recuerda.
De las calles a la creación de marcos legales
En 2011, el déficit de vivienda superaba el millón de personas, de esa cantidad se estimaba que 40 por ciento carecía de vivienda y el otro 60 por ciento poseía vivienda, pero sin los requisitos mínimos para vivir dignamente. Ante la falta de respuesta del Estado, que además había dejado que todo lo solucionaran el mercado y las empresas constructoras, la Coordinadora Nacional de los Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala decidió realizar, en agosto, un campamento improvisado frente al Congreso de la República para presionar por la aprobación de dos iniciativas de ley. Margarita fue parte de ese esfuerzo, durante cinco meses las familias desarrollaron su cotidianeidad en dicho campamento.
El esfuerzo valió la pena, la Ley de Vivienda, Decreto Número 9-2012 se aprobó en febrero y entró en vigencia el 8 de marzo de 2012. “Para llegar ahí hicimos mucho debate, fueron años de preparación y lucha, desde 2008 sabíamos que, si metíamos la creación de un ministerio específico, no la iban a aprobar, así que actuamos estratégicamente, formulamos dos propuestas de ley, una para que regulara el derecho a la vivienda y otra para que se creara el ministerio de la vivienda. Pasó la primera, la segunda no”, explica.
La ley significó una esperanza para algunas familias “por esa ley subieron el subsidio de vivienda y dependiendo del tipo de casa que la gente construye es el subsidio que le tienen que dar, es un subsidio directo, es decir, la gente no lo tiene que devolver. De hecho, a partir del 2013, el subsidio directo que las familias pueden recibir es de 35 mil quetzales, antes era de 20 mil quetzales”, afirma.
Sin embargo, el problema de la escasez de vivienda no se resolvió, “lo que pasa es que hay tráfico de influencias y todo el dinero se ha ido para las constructoras que no hacen las casas o las hacen para sectores sociales que pueden pagarlas, pero no para la gente de escasos recursos”, se lamenta Margarita. Este extremo puede cotejarse en las respuestas que el Estado de Guatemala le envía en 2015 a la Relatora Especial sobre la vivienda, a través de Comisión Presidencial de Derechos Humanos, en las que se establece que “la inversión del sector privado está dirigida a las capas medias y altas de la población. (Existe) poca transparencia en el desembolso del subsidio y muchos obstáculos en la gestión de fondos de parte de bancos intermediarios. El segmento de población en extrema pobreza no es considerada «sujeto de crédito» por lo que lo limita al monto directo del subsidio”.
Los años pasan y “el problema sigue, la gente no tiene donde construir y si logra comprar un lote con servicios, no tiene el dinero suficiente para levantar su casa y ocuparla, entonces, solo se traslada la necesidad porque antes no tenían donde vivir y ahora no tienen como construir. En definitiva, el Estado no ha sido garante del derecho a la vivienda sino solo garante, está escrito en las normas, pero no es una realidad para la gente”, enfatiza. En la actualidad el déficit de viviendas alcanza un millón 600 mil personas y cada año se conforman más hogares, con la pandemia por Covid-19 y las tormentas Iota y Eta, el problema se ha agravado.
Criminalizada por luchar
Margarita está segura de que “durante la gestión gubernativa de Jimmy Morales hubo muchos desalojos, hubo mucha más gente en la calle”. No se equivoca. En el informe que el Procurador de Derechos Humanos presentó en ocasión del 48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalló que “entre 2017 y 2018 esta entidad registró que 605 familias fueron víctimas de desalojos forzosos, los cuales ocurrieron en distintas regiones del país”. La situación no mejoró en 2020, primer año del gobierno de Alejandro Giammattei.
Eso sucede porque “la lucha se tiene que hacer en la calle, para poder obtener una casa, para arrancarle al Estado un subsidio, que por derecho nos pertenece, o si queremos que las leyes se apliquen como debe ser, nos criminalizan, nos judicializan”. Esa es una historia que ella puede contar en primera persona.
Foto: Desalojo de Brisas del Mirador. PL
«Tener un lugar donde vivir ha significado mucho esfuerzo»
“En 2017 me capturó la policía, pero antes de eso hubo varios desalojos en distintas comunidades donde la Asociación Coordinadora Nacional de los Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala ha acompañado procesos. En La Palangana, en Mixco, vivían 315 familias que fueron a parar a Bárcenas en Villanueva; sin mucho diálogo ni nada, se presentaron camiones del ejército a trasladar a las personas. Eso desató la inconformidad del alcalde de Villanueva Edwin Escobar, quien dijo que los iba a sacar porque no le habían pedido permiso para llevarle toda esa gente. Por esa misma época desalojaron la comunidad padre Ambrosio y otra en el Mirador de Bárcenas donde habitaban 209 familias”.
El 3 de marzo de 2107 es una fecha que Margarita no olvida. “Ese día desalojaron Brisas del Mirador. Esa comunidad estaba asentada en terrenos que son parte de Mixco, pero el alcalde de Villanueva argumentó que formaban parte de una finca que estaba en su municipio y él fue uno de los que tuvo un rol prioritario en el desalojo. Ese día nos agarraron a dos compañeras y a mí. No llevaban ni orden de captura ni nada. A mí me llevaron por la fuerza, me agarraron entre ocho policías, me golpearon seis policías hombres y dos mujeres me rociaron algo en la cara. Me desvanecí, pero no me quería mover porque el encargado del pelotón les daba órdenes a los otros y les decía ‘agárrenla y deténganla’, venían directo a mí, escuché también cuando alguien dijo ‘agarre a la abeja reina y se van las abejas’ y ‘es aquella, la que va de sombrero café, esa es, agárrenla’. Nosotras sostenemos que fue un desalojo ilegal porque nunca nos notificaron y, de hecho, el día antes habíamos ido a la Corte de Constitucionalidad (CC) a solicitar un amparo verbal, conocieron el recurso, pero no lo resolvieron. El día que llegó la policía intentamos explicarles la existencia de ese procedimiento, pero no escucharon”.
Ese día también fueron detenidas de forma arbitraria Mariela Álvarez Sucup y María Magdalena Zarat Cuzan. “A Mariela la amenazaron y le dijeron que, si no se iba con ellos, iban a llevar preso a su hijo de 17 años, entonces ella se fue para que no agarraran a su hijo. En el caso de María Magdalena se la llevaron porque vio como me estaban agarrando los policías, entonces, ella me abrazó y les decía que no me llevaran que nosotros solo estábamos apoyando ahí y que nos dejaran, que ella estaba embarazada. Pero no les importó y se la llevaron”, recuerda Margarita.
Foto: Cortesía
“Me quito el nombre si no la veo presa”
El proceso duró 4 años. La criminalización, impulsada por diversos actores institucionales, recién iniciaba.
El juez las ligó a proceso, las envió a juicio por los delitos de usurpación agravada y resistencia. “En la primera audiencia que tuvimos el juez justificó la fuerza que utilizó la policía en mi contra porque adujo que yo tenía complexión corpulenta. Eso me afectó mucho”, comentó la entrevistada. Fueron condenadas por usurpación agravada, lo que implicaba dos años y medio de prisión, la condena se conmutó a través del pago de una fianza. No conforme con el resultado el Ministerio Público apeló la sentencia, hubo que llegar a Casación y, ya entrado el 2021, la CC dio el amparo definitivo y las dejaran en libertad. Aunque siguen condenadas por el delito de usurpación, y tienen que pagar cinco quetzales por día hasta que se termine la sentencia, por ahora, el asedio parece haber terminado.
Cuando le pregunté a Margarita porque creía que la habían criminalizado me respondió “pasó porque vivimos en una cultura machista, patriarcal donde nosotras las mujeres no podemos ser lideresas porque nos atacan sin piedad. En mi caso, fue el ex alcalde de Villanueva quien me amenazó que me iba a meter a la cárcel por meterme en su municipio, me dijo ‘mire Margarita usted ha venido a traer asentamientos aquí a Villanueva y me quito el nombre si no la veo presa’”.
