Porque son compartidos por muchas mujeres y hombres que en este país desean desarrollar sus capacidades, amar con libertad, contribuir a una vida sana y feliz para todas las personas. Allí radica nuestra fortaleza, en que estamos convencidas que este sistema mata, y que es posible transformarlo, para vivir dignamente, con justicia y en armonía. 

Los corruptos que han ocupado el Estado, amparados por la elite depredadora, están hundidos hasta el cuello en mentiras, hipocresías y abusos. Quizá no eran así originalmente, pero esa fue su elección: poner sus intereses sobre los de la demás gente, pasar por encima de quien sea para lograr sus fines, perder todo rastro de honradez, y trastocarla por la traición. La impunidad, ese manto hediondo con el que pretenden cubrir sus crímenes, aunque parezca impenetrable, tiene sus desgarres, y por allí, se les va a deshilachar. Estructuras basadas en la corrupción no pueden sostenerse sin que un día revienten los materiales de segunda que usaron de manera fraudulenta. Tarde o temprano sale la mugre de la pústula que crearon. 

El fascismo, como modelo de Estado autoritario, conservador, enajenador y explotador, lucha por implantarse en el continente, queriendo detener las luchas en favor de la justicia y la democracia siempre con su fantasma del comunismo. El temor a perder privilegios y riquezas se acompaña de la total falta de escrúpulos y de la violencia para frenar a las mayorías que con su trabajo mal pagado sostienen su poder ilimitado.

Las religiones de diversos cuños forman alianzas para afianzar la guerra contra las mujeres. Es notorio que el discurso homofóbico, irracional, teocrático se abandere como propuesta política de control de los cuerpos y sexualidades de las mujeres en todo el continente. El familismo misógino, los embarazos forzados, la trata de niñas y mujeres, la explotación inclemente de poblaciones empobrecidas, han sido bendecidos por jerarcas de las iglesias que silencian estos pecados mayores. En consonancia, los tres poderes del Estado ostentan discursos religiosos fundamentalistas y hacen propuestas que coartan las libertades y derechos de la ciudadanía, dañando gravemente la laicidad del Estado.

Los desalojos de comunidades campesinas, el acoso a comunicadores, así como las capturas de líderes y activistas sociales que defienden los bienes naturales y los territorios, son cada vez más frecuentes e ilegales; es claro que las políticas de gobierno están enfocadas en encarcelar bajo falsas acusaciones a quienes les resultan incómodos por su oposición a políticas destructivas. Así, hay mujeres y hombres en prisión, bajo procesos truculentos, leyes retorcidas y jueces comprados por la corrupción. Ante semejantes arbitrariedades, nos unimos a quienes exigen su libertad, y la realización de juicios apegados a la ley. Así como la destitución de funcionarios ligados al pacto de corruptos que hoy ocupan cargos a todo nivel.

El gobierno de Giammattei se caracteriza por su actuación errática, corrupta, cínica y torpe. Eso lo hace cometer actos fuera de la ley, y atentar contra nuestras garantías y derechos constantemente. Si tuviera un mínimo de vergüenza, daría la cara, y aceptando sus errores, tendría que renunciar.

Nosotras, feministas abocadas a construir una sociedad donde vivir dignamente no sea una utopía, manifestamos nuestra inconformidad con las formas mezquinas y violentas que este gobierno está empleando contra la población, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, lo que lo convierte en un delito de lesa humanidad: provocar la muerte de cientos de personas que pudieron haber sobrevivido a la pandemia, por ineficiencia y falta de voluntad, a sabiendas de la imposibilidad de las mayorías para agenciarse los medicamentos y condiciones necesarias para enfrentar enfermedades.

Condenamos enérgicamente a los funcionarios que se están prestando para perseguir a la disidencia, para robarse los recursos del erario público, limitar a la prensa, sabotear la democracia, y traicionar su juramento constitucional. Exigimos que se juzgue y castigue a los responsables de vedarle a la población el derecho a la salud y a la vida.