Eugenio Jiménez Polanco, Gilberto Antonio Cortez Escalante, Josué Blanco González, Crisantos Coc Pan, Mario Alberto Mez Toc, César Augusto Alonzo Pérez, Erick Augusto Zermeño Reyes, Víctor Hugo Mateo García, Santiago Chuc Choc, Alejandro Rax Tzul, Kevin Enrique Castellanos Ventura, Esteban Martín Dávila Mexicanos, Porfirio Gómez Pérez, Samuel Choc, Jerry Adai López Cabrera, Mynor Augusto García Santos, Rosalío Pineda Pernillo, Alfonso Coy Hu, Raúl Enrique Xo Coc, Marcedonio Suc Choc, César Augusto Delgado Juárez, Rumaldo Caal Coc, Carlos Xol Tupil, Leonardo Caal Coc, Fermín Rojas Temaj, Mynor Roberto Cardenas del Cid, Andrés Gilberto Aguilar Hernández, Edgar Francisco Mendoza Pixtun, Antonio García, Oscar Armando Ortíz Solares, Ricardo Arturo García López, Marvin Gilberto Gómez Barrios, Osman Isaí Mazariegos Mérida, Víctor Hugo Morales Salazar, Tomás Morales Salazar, Augusto López, Mynor David Guevara Tenaz, Fidelino Castillo Sánchez, Josué Gamaliel López Mendoza, Víctor Velásquez Toc, Rosman Michel Velásquez Tomar, Yoni Alexander Cruz García, Manuel Aguilar González, Selcio Manolo Sánchez Flores y Rony Orlando Castillo Sánchez.
Diferentes edades, diferentes lugares de residencia y nacionalidades, diferentes acusaciones con un común denominador: todos laboraban en empresas de seguridad privada en Guatemala y todos han sido capturados. Asociación ilegal, ataque armado, asesinato, comercialización de pornografía infantil, disparos al aire libre y escándalo en la vía pública, portación ilegal de armas, plagio o secuestro, robo armado, violación y femicidio son algunos de los delitos por los cuales han sido acusados. En varios de esos casos, las víctimas fueron mujeres, una maestra, una joven empresaria, una defensora de derechos humanos, una niña de once años.
Preguntamos ¿por qué son generalmente los trabajadores, los guardias, quienes asumen toda la responsabilidad de los hechos? ¿Por qué deben asumir la responsabilidad de manera individual cuando todos los controles fallan? La mayoría de ellos son personas que han tenido escaso o nulo acceso a educación formal, que migraron de sus comunidades donde los arreció la pobreza, que viven lejos de sus familias, perciben salarios magros y no reciben prestaciones laborales. Personas que no recibieron de las empresas la capacitación adecuada para portar un arma o saber usarla.
La respuesta es fácil de deducir, los dueños de las empresas de seguridad privada incumplen con la ley y el Estado es incapaz de verificar que las mismas funcionen de manera adecuada. De acuerdo con el contenido de la Ley que regula estas empresas (52-2010), es la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) la que debe controlar y supervisar a las empresas, exigir el cumplimiento de las normas y procedimientos legales y velar porque quienes presten los servicios de seguridad privada mantengan, en forma permanente, niveles de eficiencia técnica, profesional y administrativa para atender sus obligaciones (Art. 7). ¿Por qué no lo hace de manera adecuada?
La respuesta, nuevamente, es fácil de deducir. Porque el Estado sigue omitiendo cumplir su función. Y eso, está claro, nos vulnera.
