Después de 12 años de manifestaciones, pronunciamientos y que incluso se negara su existencia, ya está listo el proceso para que se realice un estudio sobre el impacto cultural y espiritual en el pueblo Xinka del proyecto minero El Escobal.
Jody García /laCuerda
Después de años de lucha, el pueblo indígena Xinka está en el proceso de hacer valer su derecho de consulta sobre las operaciones de la compañía minera de plata y oro Pan American Silver, que impacta cinco municipios entre Santa Rosa y Jalapa.
Los acuerdos principales fueron firmados el pasado 21 de mayo, en una reunión entre el Parlamento Xinka, la máxima autoridad de ese pueblo, y el Ministerio de Energía y Minas, representante por parte del gobierno. En esa reunión acordaron iniciar con la elaboración de un estudio de impacto cultural y espiritual del proyecto minero en la población Xinka.
Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento, explicó que este proceso se ha retrasado por el aumento de los casos de Covid-19, lo que ha impedido que se realicen reuniones. A la fecha, según señala, uno de los acuerdos más importantes alcanzados es que será Claudia Dary la encargada de hacer el estudio.
Dary es antropóloga social egresada de la Universidad de San Carlos, con una maestría de la Universidad de Pittsburgh y un doctorado de la Universidad Estatal de Nueva York. Ha trabajado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y es asociada del Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) de la Universidad de San Carlos.
“Se avanzó en que las autoridades Xinkas aceptaron la propuesta de que fuera la licenciada Dary y para la segunda reunión se espera la aprobación del plan de trabajo y del equipo que trabajará con ella. También se pidió que hiciera una presentación muy general de información que podría discutirse en la preconsulta, para tener claro qué perfiles tenemos que contemplar nosotros”, explicó Jiménez.
Foto: Plaza Pública
¿Por qué es necesario?
En 2019, Pan American Silver, empresa de capital canadiense, adquirió los derechos sobre el proyecto minero El Escobal, antes en manos de la minera San Rafael. Según describe su página web, su principal objetivo es convertirse en el mayor productor de plata del mundo y para ello la Minera San Rafael es su proyecto estrella. La compañía ya tiene plantas en Perú, México, Bolivia y Argentina.
En Guatemala la trayectoria de la mina ha estado ligada a conflictividad social y violencia en contra de las personas comunitarias que buscan hacer valer su derecho a ser consultadas previo a que el proyecto opere.
En 2018 la Corte de Constitucionalidad suspendió las operaciones de la minera bajo la condición de que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, realizara la consulta comunitaria. El proceso ha tomado meses, pero ahora parece avanzar.
Antes de realizar la consulta donde se definirá si el pueblo Xinka quiere o no un megaproyecto en su territorio, el Ministerio de Energía y Minas debe estudiar cuál ha sido el impacto cultural y espiritual de las actividades mineras en su zona.
“La preconsulta es un proceso donde se empieza a planificar y verificar qué es lo que se irá a consultar. Esta es una parte primordial que debemos contemplar dentro del proceso”, enfatiza Jiménez.
Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinka, dijo a laCuerda que esperan que su pueblo esté completamente involucrado en el desarrollo del estudio y recordó que para llegar a este punto pasaron 12 años, manifestaciones e incluso un proceso para demostrar que la población Xinca existe y es sujeta de derechos.
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“Estamos con mucho optimismo porque logramos el objetivo, que se nos consultara y que se nombrara a la persona para que haga un estudio previo. Es claro que vamos a estar involucrados, va a ser en cooperación con los pueblos”, dijo.
La resistencia del pueblo Xinka frente al proyecto minero inició en 2009, y en ese tiempo se han enfrentado a ataques, amenazas e incluso a que se negara su existencia.
“Tuvimos que luchar contra eso, nos manifestamos y pronunciarnos en distintos lugares para que se nos reconociera y se hicieran valer nuestros derechos”, dijo Arana.
Se espera que este estudio sobre el impacto cultural y espiritual que ha tenido la mina en la comunidad se desarrolle en seis meses como mínimo.
