El despido del fiscal Juan Francisco Sandoval sacudió al país, provocó manifestaciones ciudadanas y especialmente, desnudó la forma de operar de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.

Jody García/laCuerda

«No fui el primero y lastimosamente no voy a ser el último», dijo Juan Francisco Sandoval en la conferencia donde explicó el contexto de su destitución como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el cual se dio sin que existiera un proceso disciplinario en su contra, como lo manda la Ley del Orgánica del Ministerio Público (MP).

El argumento de la Fiscal General Consuelo Porras para despedir a un fiscal con 18 años de carrera, fue que Sandoval presentó una objeción escrita contra la orden verbal de designar a Cinthia Monterroso como la encargada de conocer todos los casos de la FECI bajo el control de la jueza Erika Aifán, entre ellos los expedientes contra Gustavo Alejos, empresario y operador político que ofreció colaborar con la justicia y declarar detalles de cómo se manipulan la elección de magistrados en Guatemala.

La fiscal Monterroso fue denunciada por la jueza Aifán por obstrucción a la justicia y pese a eso Porras insistió en designarla. Sandoval objetó y fue destituido sin siquiera haber sido escuchado.

Aunque en papel esa fue la razón, en los últimos días han surgido más detalles que dan luces de las verdaderas razones de Porras para sacar de la FECI al fiscal que trabajó codo a codo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La noche del viernes 23 de julio, en una conferencia realizada en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Sandoval desnudó la forma de operar de Consuelo Porras, Fiscal General desde 2018, designada en el cargo por el expresidente Jimmy Morales; el presidente Alejandro Giammattei la confirmó en el cargo y se ha referido a ella como su amiga.

De acuerdo con Sandoval, Porras aceleraba o detenía investigaciones según sus intereses. Entre los ejemplos claves de la forma de operar de la Fiscal General está el caso llamado Subordinación de Poderes, que involucra a la empresa telefónica más grande de Guatemala, Tigo, con supuestos pagos de sobornos que la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, hacía a las y los diputados a cambio de que aprobaran leyes a su conveniencia.

Según el exfiscal, Porras retrasó por meses las acciones de las y los fiscales a cargo de este caso al punto que el expediente cambió de juez y llegó a manos de Víctor Cruz, quien después anuló elementos de la investigación que terminaron por beneficiar a Tigo.

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Otro de los ejemplos sobre las acciones de la Fiscal General, es la forma en que protegió a Sandra Torres, ex candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Sobre este punto ya hay un antecedente, en 2019 el ex fiscal Andrei González, quien también era parte de la FECI, salió al exilio minutos después de presentar una denuncia contra Porras por abuso de autoridad, denegación y obstrucción de justicia por proteger desde su puesto a la excandidata presidencial. La denuncia nunca avanzó.

En la conferencia de prensa que duró más de una hora, el exfiscal Sandoval también detalló que la designación de Carla Valenzuela como nueva jefa de la FECI tiene como objetivo “proteger a los amigos”, entre ellos Ángel Pineda, Secretario General del MP que se ha visto involucrado en filtrar información de casos bajo investigación; a Néster Vásquez, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), implicado en manipulación de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones; y al mismo presidente Alejandro Giammattei, quien según Sandoval podría estar vinculado al hallazgo de los Q122 millones en efectivo en una casa de Antigua Guatemala y por lo que el exministro José Luis Benito tiene orden de captura.

“La mejor empleada del gobierno de Giammattei es Consuelo Porras”

Aunque Juan Francisco Sandoval dirigía la FECI, Consuelo Porras había tomado tanto control de esa oficina que el exfiscal ni siquiera podía requerir una patrulla para realizar operativos, también tenía que pedir el visto bueno de la Fiscal General para hacer cualquier acción de investigación que involucrara al presidente Giammattei o a su gobierno.

Después de dar la conferencia de prensa, Juan Francisco Sandoval salió al exilio rumbo a El Salvador en un vehículo en el que se conducía junto a Hans Magnunsson, embajador de Suecia en Guatemala y Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Del otro lado de la frontera lo esperaban dos periodistas del medio salvadoreño El Faro y un vehículo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país.

En medio de la premura por su salida del país, Sandoval dio una entrevista a El Faro en la que reveló que Porras tenía dos o tres semanas de haber tomado, prácticamente, la Fiscalía y cómo estaba coludida con el presidente Giammattei.

“Hicimos una diligencia de secuestro de unos libros de ingreso en el Ministerio de Salud que se relacionan con un caso ya viejito de la administración de Gobierno de 2015, pero nuevamente el presidente de la República le llamó a la Fiscal General para reclamar «qué estaba haciendo la FECI allanando las instalaciones del Ministerio de Salud». Lo que está ocurriendo es que el Ministerio Público se ha convertido en una alfombra del Ejecutivo, la mejor empleada del Gobierno de Giammattei es Consuelo Porras y el Ministerio Público”, dijo Sandoval a El Faro.

Por las revelaciones que hizo el exfiscal, la organización Acción Ciudadana presentó un antejuicio contra Consuelo Porras por obstrucción a la justicia. Sin embargo, según el contexto de las declaraciones de Sandoval, esa acción no tiene mayores posibilidades de prosperar porque la Corte Suprema de Justicia, entidad que tendría que tramitarlo, está coludida con Consuelo Porras y el Congreso, que debería retirarle la inmunidad, es controlado por la bancada del gobierno.  

Más revelaciones

El domingo 25 de julio elPeriódico publicó extractos de la declaración de Marco Aurelio Alveño Hernández, un abogado que según ese medio es colaborador eficaz de la FECI.

En el documento compromete aún más a Consuelo Porras, pues arroja detalles que la vinculan con supuestas manipulaciones de investigaciones en trámite para proteger a los involucrados y nuevamente la asocian con el presidente Giammattei.

Según el documento, Edgar Barquín, asesor del presidente, pagó Q50 mil para que un caso en su contra fuera trasladado a una fiscalía donde no tendría ningún movimiento. Esto habría ocurrido con ayuda de una asesora del Despacho General del Ministerio Público.

El Ministerio Público se pronunció por este documento en un comunicado de prensa que señala que “se desconoce si el mismo es parte de alguno o de varios procesos” y que será sometido a análisis.

También advierte que deducirán responsabilidades penales administrativas contra quienes tienen la responsabilidad de la reserva de la información.

Las más de 50 denuncias en su contra

“Soy víctima de una campaña de criminalización que se acentuó desde el año 2016 y se potencializó con la salida de la CICIG”, dijo Sandoval a El Faro.

Claudia González, abogada de Sandoval confirmó que a la fecha existen alrededor de 50 denuncias en contra del exfiscal y que alrededor del 45% de ellas fueron presentadas por la Fundación contra el Terrorismo, una organización detractora de la lucha contra la corrupción que ha accionado sistemáticamente contra fiscales, juezas y jueces, así como quienes defienden derechos humanos.

Aunque en algunas de esas denuncias las y los fiscales comprobaron que no existían indicios de que Sandoval cometió algún delito, Porras no ordenaba cerrar los casos sino que los mantenía “en análisis en su despacho”.

Sandoval se fue del país pero en la FECI quedan quienes lo han acompañado en la fiscalía durante todos estos años de trabajo, fiscales y auxiliares fiscales. Fuentes consultadas por laCuerda afirman que hay temor entre el equipo de trabajo de la FECI, quienes pedirán ser trasladados a otras unidades junto con los expedientes que ya tienen en investigación. Agregaron su preocupación porque les quiten los casos que ya tienen asignados. Sin embargo, hay un ambiente de tensión porque Sandoval fue destituido sin respetar el proceso que marca la Ley Orgánica del MP y eso le podría ocurrir al resto. Podrían quedarse sin casos y sin trabajo.

Foto: Nydia Fuentes/laCuerda

Mientras tanto, la ciudadanía ha manifestado su repudio contra Consuelo Porras y Giammattei. Desde la noche del viernes frente a la sede de la PDH y el sábado frente al MP y la Plaza de las Niñas (Parque Central), cientos de personas exigieron la renuncia del presidente del país, así como de la Fiscal General. A su vez, organizaciones indígenas como el Parlamento Xinka y los 48 Cantones de Totonicapán están convocando a un paro nacional.