Una semana después de que la Fiscal General Consuelo Porras despidiera al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, en un paro nacional y en bloqueos en distintos puntos del país, la ciudadanía liderada por el llamado de las autoridades indígenas, exigió su renuncia junto con la del presidente Alejandro Giammattei. Hubo un monumento en llamas afuera del Ministerio Público, mientras dentro, Porras trataba de apagar sus propios fuegos.
Jody García / laCuerda
“Hay mucho trabajo por hacer y creo que la unidad de los pueblos es lo más importante”, dijo Martín Toc, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más antiguas y respetadas del país, la mañana del jueves 29 de noviembre en el parque central La Unión de ese departamento. En ese lugar, miles de personas se reunieron para protestar con tres consignas claras: que renuncie el presidente Alejandro Giammattei, la Fiscal General Consuelo Porras y que Juan Francisco Sandoval sea restituido como jefe de la FECI.
Al mismo tiempo, en la Ciudad de Guatemala autoridades indígenas y ancestrales del pueblo maya Poqomam de Santa Cruz y la Multisectorial del Municipio de Chinautla, dirigieron la marcha que salió de la calle Martí, en la zona 2.
“Primero van las autoridades indígenas, luego el bloque feminista y los estudiantes”, dijo un hombre con megáfono que coordinaba a los cientos de personas que portaban carteles y mantas con consignas similares a las de Totonicapán.
Este Paro Nacional 29J cobró fuerza cuando los 48 Cantones y el Parlamento Xinka hicieron la convocatoria oficial, a la que se unieron las asociaciones estudiantiles Oliverio Castañeda de León, Acción DelValleriana y Landivarianos, además de bloques feministas y organizaciones de la sociedad civil como Centinelas y Otra Guatemala Ya.
En la Ciudad de Guatemala la marcha salió del Parque Morazán, en la zona 2 y recorrió la Sexta Avenida hasta llegar a la Plaza de las Niñas, mientras el Palacio Nacional había sido rodeado por decenas de agentes de la Policía Nacional Civil.
Un grupo de manifestantes liderado por las autoridades indígenas caminó hacia el Ministerio Público (MP), donde un grupo de salubristas y personal de salud ya los esperaba portando carteles con la consigna “La corrupción mata”.
En la sede central del MP, un grupo de personas quemó una manta sobre la placa del proyecto más publicitado de la gestión de Consuelo Porras: la apertura de 340 mini fiscalías en todos los municipios del país. Aunque el papel del proyecto fue creado para acercar la justicia a la población, el plan debilitó otras fiscalías y las agencias cuentan con personal mínimo para operar.
Al ver la quema de la placa, las autoridades indígenas llamaron a la calma e insistieron en llevar a cabo una protesta pacífica.
Rigoberto Juárez, de las autoridades ancestrales indígenas, hace un llamado a la protesta pacífica. #ParoNacional29J pic.twitter.com/jFcTP9epje
— laCuerda (@laCuerda2) July 29, 2021
Fuego afuera y dentro del MP
Mientras tanto, dentro del MP, Consuelo Porras trataba de apagar sus propios fuegos.
Luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval, que fue llamada ilegal por la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz, Estados Unidos anunció que congelaría de forma temporal los millones de dólares de apoyo para la institución. El Secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, incluso dijo que remover al jefe de la FECI fortalece las fuerzas de impunidad y socava el Estado de Derecho.
En respuesta, Porras envió el jueves 29 un oficio al Secretario Blinken donde dijo que Sandoval incumplía sus órdenes y que lo destituyó “para que la justicia sea impartida sin sesgos ideológicos”. El ex fiscal ha dicho en diferentes entrevistas que su remoción del cargo estaba siendo planeada desde hace meses, pero se aceleró porque al menos tres líneas de investigación en casos de corrupción apuntaban al presidente Alejandro Giammattei, que ha llamado a Porras “su amiga”.
En la carta a Blinken, Porras pidió que Estados Unidos considerara continuar la cooperación con el Ministerio Público.
Por su lado, el presidente Alejandro Giammattei emitió un comunicado de prensa en el que expresó que la decisión de EEUU de suspender el apoyo resulta contraproducente con sus objetivos de lucha contra el crimen organizado y pidió que no se cierre la comunicación con el MP.
La indignación contra Porras y Giammattei se extendió a todo el país. En diferentes sedes del MP autoridades indígenas, estudiantes y ciudadanía exigieron sus renuncias. Eso ocurrió en Nebaj, Quiché, donde integrantes de la alcaldía indígena Boqol Quesal Namaa se plantaron frente a las oficinas de la fiscalía para exigir la renuncia de ambos funcionarios.
Al finalizar la protesta frente a la sede central del MP, otro grupo de personas quemó dos llantas y arrojó pintura blanca a la valla de policías que protegía la institución. Los agentes de la Policía Nacional Civil solo observaban, mientras un trabajador de la entidad apagaba el fuego con un extintor.
Siguen las protestas
¡No nos vamos a mover hasta que el presidente se pronuncie!, dijo ayer Martín Toc, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán y así fue. La mañana del viernes 30 de julio se reportaron bloqueos de carreteras en Escuintla, Quiché, Retalhuleu y Sololá. Las exigencias se mantienen, si Giammattei y Porras no renuncian, el paro continuará.
Juan Francisco Sandoval, quien motivó la gran movilización nacional, se pronunció en redes sociales agradeciendo el apoyo durante las manifestaciones.
Observar a mis hermanos, manifestando con profundas convicciones democráticas e indignación, en contra de las embestidas de la corrupción, las arbitrariedades y abusos de poder, me inspiran, estremecen, alientan y comprometen. Fortalecen mi fe y hacen pensar que todo es posible.
— Juan Francisco (@JSandoval1982) July 30, 2021
En tanto, dentro de la FECI, que Sandoval dirigió por más de tres años, sigue la tensión. Fuentes que prefieren mantener el anonimato afirman que hay preocupación por más destituciones y porque les sean quitados los casos a fiscales que los han llevado e investigado por largo tiempo. elPeriódico publicó información que apunta a que Consuelo Porras y sus asesores presionaban para acelerar o retrasar casos conforme a los intereses de la Fiscal General.